El pasado 5 de noviembre el subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones, Jorge Daza, expuso ante la Comisión de Transportes del Senado en una sesión cuyo foco fue uno solo: la fallida implementación de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, conocida como “Ley Uber”, y que se generó tras el cierre anticipado del contrato con la empresa encargada de desarrollar la plataforma central del nuevo marco regulatorio y que tiene por objetivo llevar un registro único de las empresas de transporte.

Ese sistema -destinado a resguardar datos de conductores, pasajeros y viajes- es la pieza crítica que permite poner en marcha la ley promulgada en abril de 2023 y cuyo reglamento fue tomado de razón por la Contraloría a inicios de 2025, tras dos intentos fallidos. Desde entonces, y en estricta lógica administrativa, solo faltaba su publicación en el Diario Oficial para que, 30 días después, comenzaran a regir las nuevas exigencias. Pero el proceso volvió a tropezar.

El quiebre se produjo el 1 de octubre, cuando un reportaje de Informe Especial reveló que la subsecretaría había terminado anticipadamente el contrato con Concordia Ediciones SpA, propiedad de Edgardo Montecinos. La firma se había adjudicado vía trato directo la construcción del registro a cambio de 9.997 UF en agosto de 2024, más una extensión de 2.999 UF en marzo de este año: más de $513 millones en total.

La polémica detonó cuestionamientos desde el oficialismo y la oposición, obligando al ministro Juan Carlos Muñoz y al propio Daza a dar explicaciones.

El 3 de octubre Muñoz reconoció públicamente la gravedad del episodio y confirmó que el ministerio había decidido terminar el contrato debido a incumplimientos detectados. Señaló que “la situación es inaceptable para un proyecto de esta relevancia” y que la cartera iniciaría un proceso para “corregir las deficiencias, determinar eventuales responsabilidades y reencauzar lo antes posible el desarrollo de la plataforma”.

Las explicaciones no calmaron del todo a los parlamentarios. El diputado independiente Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sostuvo en su momento que tanto el ministro como el subsecretario “se volvieron a comprometer” a que el reglamento estará operativo antes de fin de año. A su juicio, incluso sin reglamento publicado, el ministerio podría ya aplicar sanciones contempladas en la ley. Desde el Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez calificó el episodio como “un traspié institucional que no puede recaer sobre los hombros de los conductores”.

Esa fue parte de las razones para citar al subsecretario a comisión. Fue ahí donde Daza reconoció que el episodio había retrasado el cronograma, pero aseguró que el gobierno fijó un nuevo plazo para rescatar la implementación. “Hemos estado trabajando porque hay un compromiso explícito de implementar la Ley 21.553 en esta administración. Tuvimos un lamentable hecho que llevó al término anticipado del contrato”, afirmó, agregando que una nueva contratación ya está en marcha y que parte del desarrollo previo se reutilizará. Según su estimación, el Ejecutivo espera retomar el contrato en las próximas semanas e iniciar el registro antes del fin del mandato. “Durante el verano deberíamos estar implementando esta ley para que las empresas ya se puedan inscribir, porque entendemos la preocupación de los choferes”, dijo.

Alejandro Kusanovic (ind.), presidente de la Comisión de Transportes del Senado, en la sesión criticó la demora y cuestionó el diseño general de la normativa. A su juicio, Chile ya contaba con un marco regulatorio -el Decreto 212- y bastaba con integrar en él a los taxis y ajustar el parque vehicular. “Para mí esta es una pésima ley y me preocupa más la plata que se perdió”, sostuvo.

Industria y candidatos presidenciales

En medio de la incertidumbre por los nuevos retrasos, la directora ejecutiva de Alianza In, Marcela Sabat, encabezó el pasado 16 y 17 de octubre una ronda de reuniones con los comandos presidenciales de Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (republicanos) y Jeannette Jara (PC). En las citas -donde también participaron representantes de Uber, DiDi, Cabify y Rappi- el gremio buscó exponer de primera fuente el estado del sector y las dificultades técnicas que han marcado el proceso, especialmente tras el quiebre del contrato con la empresa que debía construir el registro central de la ley.

El gremio apuntó a la construcción de un sistema estatal capaz de alojar de manera segura datos sensibles de viajes, conductores y usuarios en un proceso largo y altamente técnico, que requiere coordinación con múltiples organismos y estándares de ciberseguridad exigentes. Por ello, según Sabat, es altamente probable que su desarrollo y puesta en marcha deban ser administrados por el próximo gobierno, para asegurar continuidad y estabilidad.

Ahí los equipos técnicos de los comandos solicitaron detalles operativos y plazos realistas, y mostraron interés en entender cómo la demora en el registro podría afectar la formalización, la fiscalización inteligente y la protección de datos.

Quienes fueron parte de las reuniones sostuvieron que existe coincidencia entre los comandos en que la regulación debe construirse con participación de todos los actores involucrados y con una mirada de largo plazo.