El trasplante que no llegó

La madrugada del pasado domingo, Vilma Vidal Fernández (46) falleció esperando un transplante de médula ósea. Era un tratamiento que necesitaba, pero que "no le correspondía". Luchó. Apeló al sistema de salud, a las autoridades y a la justicia. Y ganó. Pero ya era muy tarde.

Vilma padecía leucemia mieloide aguda y se atendía en los hospitales San José y Clínico de la Universidad Católica. En enero de 2019, tras analizar la viabilidad, le informaron que el trasplante era su única opción de sobrevida y se identificó como posibles donantes a su hermano y su hijo.

El trasplante de médula está cubierto por el sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES). Sin embargo, el protocolo estipula un límite de edad que -a la fecha de los hechos- llega hasta los 40 años. Como máximo. Y Vilma excedía el rango, así es que perdió la posibilidad.

Sus cercanos cuentan que no aceptó esa respuesta. Y, al no haber una salida administrativa, recurrió a la justicia, con un recurso de protección que apeló al derecho a la vida.

El recurso, interpuesto en julio de 2019, fue admitido el mes siguiente. La Corte de Apelaciones de Santiago solicitó al Ministerio de Salud que se revisara el caso nuevamente, pero sin incluir la edad como factor de rechazo.

Pasaron dos meses sin respuesta. Mientras la paciente exploró la posibilidad de realizar el trasplante en el sistema privado, pero su costo se lo impidió: el arancel supera los $ 50 millones.

El abogado de la paciente, Rodrigo Rettig, explica que el Minsal finalmente respondió, pero reiterando el argumento utilizado para denegar el procedimiento. "Es decir, la corte le dice (al Minsal) que debe pronunciarse nuevamente, pero eliminado el criterio de la edad y, sin embargo, lo que tenemos es que después de dos meses ellos vuelven a presentar los años de la paciente como limitante".

Para Rettig, este hecho concurre en un delito de desacato, por lo que presentó un nuevo escrito. La resolución tardó un mes y medio, hasta que, en diciembre, la justicia ordenó que se realizara el trasplante.

"Para realizar el procedimiento, ella debía estar en remisión, es decir, tenía que realizar una nueva quimioterapia. Vilma por supuesto ingresó al tratamiento, pero lamentablemente falleció en el proceso", comenta el abogado, quien destaca que la paciente aguardó 12 meses, desde que se le indicó la necesidad del trasplante, hasta que finalmente falleció, sin haberlo obtenido: "Este tiempo de espera significó que Vilma perdió todo lo que había avanzado, necesitó ingresar nuevamente a un proceso de quimioterapia que no aguantó".

Mauricio Sarmiento, director del programa de trasplantes de la Red Salud UC, atendió por última vez a Vilma en septiembre de 2019, con una quimioterapia de mantenimiento.

Sarmiento, además, fue parte del comité técnico de médula ósea que asesora al Ministerio de Salud en la creación de las guías Ges, pero renunció en mayo, en rechazo a que se impidiera, por factor etario, el acceso de pacientes a tratamientos vitales. "Nuestro pensamiento es que la edad no debe ser un criterio de rechazo. La idea no es negar el trasplante, sino ajustar las terapias para que el procedimiento pueda realizarse", aclara.

Su par, Pablo Ramírez, también renunció al comité, en marzo de 2019, por las mismas diferencias. Afirma que en el sistema privado sí se trasplanta a mayores de 40 años. "Mi renuncia fue porque estaba en desacuerdo con la limitación de la edad que se toma como indicación primaria de ir o no a un trasplante. Hay una limitación bien severa y eso me pone en un conflicto, porque yo no limito a mis pacientes por la edad, por ende no puede ser que en mi lugar de trabajo yo lo ejecute de una forma y después en el ministerio haga otra", comenta.

Daniel Ernst, hematólogo de la Red de Salud UC, afirma que la limitante etaria del Ges, para estos casos, "es netamente económica por parte del sistema de salud, y es complicado, porque en el fondo, las mayores enfermedades que necesitan un trasplante de médula ósea en adultos son las leucemia agudas y estas tienen incidencia promedio en personas cercanas a los 60 años. Entonces, si limitas por edad, dejas fuera a una gran mayoría de personas", y agrega que "no puede ser que una persona del sistema privado tenga derecho a vivir y una del sistema público, no".

El Ministerio de Salud fue consultado por este tema, pero declinaron hacer declaraciones.