Esta campaña presidencial tendrá un invitado obligado para todos los debates: la seguridad pública. Esa temática se tomará la discusión y obligará a que los ocho aspirantes a La Moneda se luzcan para convencer a la ciudadanía de sus ideas para combatir el avance del crimen organizado.

Las propuestas de los candidatos son variadas y van desde la prevención, pasando por la instalación de cárceles en barcos hasta reponer la pena de muerte. La Tercera analizó los programas de siete de los ocho candidatos.

Luego de eso, sistematizó los extractos vinculados a la temática de seguridad de cada uno de los candidatos en un listado propio que dejó como resultado un total de 208 propuestas. Cada una de esas se agrupó en cinco tópicos: institucionalidad, crimen organizado, seguridad fronteriza, cárceles y orden público. Junto con eso, este medio también consultó con expertos en seguridad.

El análisis no considera las propuestas del candidato Marco Henríquez-Ominami, cuyo equipo declinó entregar su programa, dado que será presentado públicamente el 22 de septiembre.

Institucionalidad

En términos generales, más del 50% de las propuestas de los candidatos están basadas en cambios a la institucionalidad, es decir, apuntan a la creación de nuevos organismos, interoperabilidad de los sistemas, uso de tecnología, cambios normativos, entre otras medidas.

La candidata del oficialismo es una de las que más recurre a este tipo de propuestas. Jeannette Jara (PC) basa parte de su propuesta en la implementación de las iniciativas creadas durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, como es el caso de la Ley de Seguridad Privada o ampliar programas de prevención que ya están en desarrollo.

A pesar de sus medidas de continuidad, la abanderada de la izquierda también presenta novedades. Parte importante de las propuestas apuntan al control de armas y, si bien no considera medidas como las del inicio del gobierno de Boric como el “desarme”, sí propone reemplazar la Dirección General de Movilización Nacional, que es dirigida por un general del Ejército, por una institución civil para abordar el control de armas e implementar controles biométricos.

Por otro lado, también se enfoca en la seguridad municipal, aumentando el presupuesto e implementando capacitaciones nacionales para inspectores municipales. En materia policial, recurre al fortalecimiento de la Comisaría Virtual para realizar notificaciones judiciales y a la creación de incentivos para que los policías extiendan sus carreras.

Una posición distinta tiene José Antonio Kast (Partido Republicano), quien en esta temática se basa en dar énfasis al “respaldo a las policías”, aunque sin detallar cómo. Por otro lado, también pretende aumentar la influencia de las Fuerzas Armadas en la compra de material bélico, crear un estatuto de víctimas o fortalecer la Unidad de Análisis Financiero. También quiere aumentar el presupuesto en seguridad, pero no especifica en cuánto.

Quien sí detalla su aumento presupuestario es la abandera de Chile Vamos. Evelyn Matthei (UDI) promete invertir US$ 2.500 millones en seguridad. Pese a eso, su principal foco en esta área es el potenciamiento de la inteligencia, creando modelos de trabajo colaborativo entre las instituciones y refiriéndose a una “reforma profunda” del Ministerio Público, con el fin de que “esté a la altura del desafío del crimen organizado”, aunque no entrega mayores especificaciones.

Harold Mayne-Nicholls es otro de los candidatos que más recurre a los cambios institucionales. El independiente se enfoca en la implementación de programas de prevención en barrios, como talleres deportivos, aunque no señala en qué se diferencian de las actuales iniciativas similares que existen.

En esa línea, también propone implementar un programa de monitoreo de deserción escolar para evitar el reclutamiento juvenil de las bandas. Una medida que también ofrece Matthei.

El candidato que presenta las propuestas más drásticas en este apartado es Franco Parisi (PDG), quien a diferencia del resto apuesta por reformar Carabineros y la PDI, dejando a la policía uniformada a cargo de la prevención y la policía civil de las investigaciones. También propone evaluar la polémica creación de una Policía Municipal Armada y modificar las tan discutidas Reglas de Uso de la Fuerza que aún no son aprobadas en el Congreso.

Otro con medidas llamativas es Johannes Kaiser (Libertario), quien sin especificar si se trata de condenas o medidas cautelares, plantea que durante su gobierno se establecerá que “todo delito conlleve prisión”. Junto con eso, su principal énfasis está en fortalecer el rol de las FF.AA. en materia de seguridad.

Por su parte Eduardo Artés propone refundar las FF.AA., reponer la pena de muerte en casos de violación a niños, niñas y adolescentes, entre otras propuestas vinculadas a la “asamblea popular” que busca instalar.

Crimen organizado

El siguiente eje más abordado en las propuestas es el crimen organizado. Parisi quiere crear una nueva Agencia Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, formular una nueva política contra el crimen organizado -pese a que la última fue presentada por el gobierno en 2023- y promete darle “máxima celeridad” al proyecto de alzamiento del secreto bancario, que actualmente es parte de la Ley de Inteligencia Económica que sigue en tramitación.

El abanderado del PDG se alinea con Mayne-Nicholls y con una de las principales banderas de la candidata oficialista, quien siempre ha sostenido que se debe avanzar en el alzamiento del secreto bancario. Entre otras medidas de Jara, también promete extender a todo el país los Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía -actualmente solo está en 10 regiones- e impulsar la detección de la corrupción en las instituciones. La exministra comunista además quiere tener un nuevo sistema de inteligencia del Estado.

La ampliación de ECOH es algo que también propone Matthei, aunque la candidata de Chile Vamos igualmente innova en sus propuestas abordando al sistema judicial, creando medidas para proteger a los agentes encubiertos y permitir el anonimato de los intervinientes -incluidos jueces- en las causas de crimen organizado.

En el caso de Kast, el abanderado republicano recurre a propuestas punitivas como aumentar las penas de los delitos vinculados al crimen organizado y a seguir la ruta del dinero, aunque no especifica mayores detalles.

Artés por su parte, quiere avanzar en el libre consumo de narcóticos, confrontar al crimen organizado con una nueva Constitución y establecer la pena de muerte a los “grandes capitales ligados al crimen organizado”.

Migración irregular

En materia de migración irregular, los programas de las candidaturas de Kast, Matthei y Kaiser son los que más medidas proponen.

La candidata de Chile Vamos plantea construir dos centros para retener migrantes antes de expulsarlos, sacar del país a tres mil migrantes condenados e implementar barreras físicas en los principales puntos de ingreso irregular. También quiere crear una policía militar fronteriza.

En esa línea de medidas también está Kast, quien junto con proponer barreras físicas, también promete tipificar como delito el ingreso irregular al país, propuesta que también ofrece Kaiser.

Mayne-Nicholls tampoco se queda atrás. El abanderado independiente propone expulsar inmediatamente a migrantes que cometen delitos graves, así como también implementar mecanismos eficientes para las expulsiones administrativas y judiciales. Parisi propone un Plan de Gestión Operacional Fronteriza de Reacción Avanzada.

Jara por su parte propone la prolongación de las actuales medidas del gobierno. Ejemplo de aquello es que promete desplegar las FF.AA. en las fronteras e invertir en tecnología fronteriza como instalar sensores subterráneos. Pese a eso, la abanderada oficialista también ofrece expulsar a los migrantes condenados por Ley de Drogas, algo que se dejó de hacer el 2021.

Orden público y violencia en calles

La mayoría de los candidatos se inclina por la utilización de tecnología para combatir los delitos, así como también aumentar y mejorar la presencia policial. Matthei, por ejemplo, aspira a tener 10 mil carabineros más y presencia policial en 40 barrios, los que no se especifican.

En este eje, Jara ofrece impulsar una normativa que fije “estándares mínimos” en el control de incivilidades -como es el caso de los ruidos molestos- que funcionará de “manera subsidiaria a las ordenanzas municipales”.

También quiere implementar Unidades de Respuestas Territoriales de las policías para que actúen en casos como disparos o lanzamiento de fuegos artificiales. Por otro lado, se compromete a crear un plan de recuperación de inmuebles abandonados para entregar a los municipios de manera temporal.

Sobre la toma y recuperación de inmuebles, Kast ofrece implementar un protocolo de acción rápida ante estos hechos. El abanderado republicano es el único que aborda la materia del comercio ambulante de manera más específica, creando un Sistema Nacional de Información sobre el comercio irregular, utilizando inteligencia artificial. Pese a eso, también promete “tolerancia cero” ante ese delito, aunque no entrega mayores detalles de sus medidas.

En esta materia, solo Mayne-Nicholls declara que apoyará la Ley de Infraestructura Crítica, así como también, junto a Parisi, propone medidas para la Macrozona Sur. En el caso del independiente, se basa en la presencia militar -tal como existe actualmente con el estado de excepción-, en revisar el Acuerdo por la Paz y en la prevención de delitos. El candidato del PDG, por su parte, califica la situación como terrorismo y propone crear unidades especializadas en la materia.

Cárceles

En materia carcelaria, casi todos los candidatos aspiran a un aumento en las capacidades o número de recintos penitenciarios, aunque con diferentes formas de aplicarlas. Esto a pesar de que actualmente el gobierno tiene en desarrollo y con financiamiento comprometido proyectos para habilitar 12.678 plazas. Junto con eso, el Ejecutivo ya tiene en estudio la construcción de otras 15 mil plazas adicionales.

Matthei, por ejemplo, propone construir cinco cárceles, de las cuales tres serían de alta seguridad. Kast por su parte, no especifica cuántos recintos nuevos se construirían, pero habla de modernizar, ampliar y construir “mejores cárceles”, así como también de aumentar las capacidades de centros para el crimen organizado.

La candidata del oficialismo sigue la línea de lo que ha hecho el gobierno como el aumento en el número de cupos carcelarios a través de la mejora y rehabilitación de las actuales cárceles, así como también continuar con el proyecto de ley de Boric que permite facilitar la tramitación de nuevas cárceles para que los planes reguladores y la permisología no sean obstáculo. Jara también contempla “incorporar nuevos proyectos” y crear nuevos espacios de máxima seguridad con lo que espera alcanzar 10 mil nuevas plazas al 2033 a través de cinco nuevas cárceles.

Kast y Matthei también tienen medidas que el actual gobierno ya está trabajando, como es el proyecto de ley para la implementación de un régimen especial en las cárceles, así como también la propuesta de la abanderada de Chile Vamos la cual promete crear una fuerza especial en Gendarmería.

La medida más rupturista es la propuesta por Parisi, quien promete arrendar Unidades Penitenciarias Flotantes, es decir, barcos cárceles, para reos de alta peligrosidad. Sin embargo, el candidato del PDG no especifica cómo se lograría su idea, ni el costo, ni cómo operaría.

En propuestas contrarias al resto, Artés apunta a sustituir gradualmente el modelo de prisión de castigo, por uno de educación y reinserción social.