Como un fenómeno silencioso; desarrollo gradual e impactos acumulativos. Así se describe la sequía más extensa registrada desde el siglo XX, un fenómeno de duración extraordinaria y con un alcance territorial sin precedentes. Desde 2010 en adelante, Chile vive lo que muchos expertos llaman derechamente una megasequía, cuyas consecuencias no se limitan al déficit hídrico.

La sequía que ha atravesado nuestro país, y que en varias regiones aún persiste, no es un riesgo que se manifieste solo en episodios aislados. Se expresa en el deterioro progresivo de los ecosistemas que sostienen la vida humana, en el debilitamiento silencioso de las bases que permiten la producción de alimentos y el consumo cotidiano. Su avance silencioso va erosionando poco a poco los sistemas que nos entregan el agua que bebemos, los alimentos que llegan a la mesa y los recursos que sostienen la economía. Cuando esos ecosistemas se debilitan, lo que está en juego no es únicamente la naturaleza, sino también la seguridad de nuestro presente y de nuestro futuro. Este peligro latente nos obliga a cuestionar cómo estamos enfrentando la escasez de agua y a replantear la futura seguridad hídrica.

La llamada megasequía ha generado un fuerte impacto económico y social. Garantizar el acceso al agua potable en sectores rurales implicó un gasto de 261 millones de dólares, mientras que las pérdidas agrícolas ascendieron a 196,45 millones de dólares, equivalentes al 3,7% del producto interno del sector.

Ese escenario se tradujo, además, en una reducción de 13,5% de la superficie cultivable entre 2010 y 2020, junto con pérdidas acumuladas por 1.690 millones de dólares en tres sectores clave: agricultura, agua potable urbana y rural. A esto se suman los elevados costos de gestión urbana del suministro y tratamiento de agua, que alcanzaron 1.440 millones de dólares, además de 250 millones destinados al uso de camiones aljibe. En conjunto, se estima que la escasez hídrica ha significado una merma cercana al 0,6% del PIB nacional, una cifra que muestra con claridad la magnitud del problema.

Frente a estos efectos, el diagnóstico de actores resulta claro: prevalece un enfoque reactivo, predominado de medidas de emergencia sobre una planificación preventiva y gestión del riesgo. Actores privados y públicos que operan en distintos niveles sin una coordinación efectiva, lo que dificulta respuestas coherentes y sostenidas. Esa reacción se combina con una fragmentación institucional, ya que 17 autoridades e instituciones de la administración del Estado, asociadas a distintos ministerios, gestionan diversos aspectos en torno a la sequía.

Una gestión centrada solo en reaccionar a las emergencias ya no basta: frente a crisis prolongadas como la megasequía, se vuelve urgente transitar hacia un enfoque proactivo que anticipe riesgos, fortalezca la resiliencia y asegure la sostenibilidad de los recursos hídricos en el largo plazo.

Ante este escenario, desde el Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC proponemos avanzar hacia una gestión proactiva, capaz de enfrentar los impactos de la sequía antes de que estos se manifiesten. Entre las medidas recomendadas se incluyen: definir jurídicamente la sequía para activar anticipadamente mecanismos diferenciados según intensidad y extensión, contar con plataformas de monitoreo integradas y sistemas de alerta temprana, establecer instrumentos normativos vinculantes de planificación hidrológica y regular fuentes complementarias como desalinización, reutilización de aguas y aprovechamiento de agua de niebla. También, relevamos instrumentos económicos, como seguros hidrológicos indexados, tarifas por uso de agua y fondos de sequía.

La sequía es hoy una realidad estructural, la “nueva normalidad”, no puede seguir abordándose como un evento extraordinario. Adoptar un enfoque prospectivo en la gestión hídrica implica reorientar políticas, invertir en monitoreo, articular instituciones y dotar de herramientas financieras y regulatorias que protejan el agua que sustenta nuestros territorios, economías y comunidades.

Por Guillermo Donoso, director del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC.