Columna de Rafael Sousa: La inconveniencia de una movilización social oficialista

El senador Núñez (PC) ha provocado un gran revuelo por haber llamado al gobierno, del que su partido forma parte, a explorar la vía de la presión social para avanzar en el programa oficialista. Sus dichos se enmarcan en la crisis que vive el Senado luego de que, en un pésimo precedente para nuestra democracia, se derrumbara el acuerdo para la presidencia de esa cámara, dando paso a una “mayoría engañosa” de la oposición -según el senador- que bloquearía la agenda de transformaciones con que Apruebo Dignidad llegó a La Moneda. El senador, con parte de razón, puede reclamar la legitimidad de su actuación. Su investidura, su expresión, el gobierno, la movilización y la interacción entre todos estos elementos, forman parte del juego democrático. Sin embargo, el llamado que hace revela un síntoma de la política actual: una atención casi absoluta a los fines propios en desmedro de los principios comunes.

Queriéndolo o no, al convocar la comunión del gobierno con grupos de presión social en función de una agenda oficial, se degradan ambos cuerpos. Transforma al primero en orquestador y al segundo en su instrumento, lejos de la libertad y dignidad que motivan el compromiso de las democracias con el derecho a manifestación. Esta instrumentalización reduce la presión social a simple presión ya que, coordinada desde el poder Ejecutivo, su carácter social se desvanece, como también la línea que los distingue de la acción política a secas.

La dificultad para calificar el llamado del senador Núñez radica, justamente, en que el daño a los principios democráticos se produce por una cuestión de grados. Si este se concretara ¿hasta qué punto podríamos atribuirlo a una genuina convergencia de valores e intereses o, por el contrario, a la instrumentalización? Como esto es imposible de determinar, sólo quedaría observar los efectos. Sin ningún indicio de que la agenda oficialista que la presión social ayudaría a materializar goce de mayor popularidad, lo que veríamos sería un incremento de la polarización, un nuevo paso en el empobrecimiento del proceso deliberativo y una mayor dificultad del Ejecutivo para impulsar su agenda (si es que eso es posible).

Sin hacer juicio alguno sobre sus intenciones, el senador Núñez y quienes respaldaron sus dichos debilitan la posición del gobierno, a la vez que dañan la dignidad de las organizaciones sociales, al presentarlas como un objeto disponible para la estrategia política oficial. Buscando fines legítimos, lacera principios relevantes para el funcionamiento de la democracia, como la necesaria independencia entre quienes ejercen el poder político y las organizaciones de la sociedad civil que, también legítimamente, promueven causas. La movilización social -específicamente la de grupos de presión- encuentra su legitimidad en la autonomía. Las simpatías y conexiones que puedan tener con la esfera política y particularmente con los partidos, no pueden devenir en lealtad. No sin desviarla de sus principios.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis, profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP