Cómo armonizar la crianza materna con el cumplimiento de condenas

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Hoy en Chile cerca de 8 mil niñas/os tienen a sus madres encarceladas, y entre las y los menores de dos años muchos viven junto a ellas en la cárcel ¿Cómo llegamos a eso?

La configuración patriarcal de la sociedad hace recaer en las mujeres las obligaciones de la crianza, por lo que su ausencia genera en sus hijas o hijos problemas de salud mental, deserción escolar y empuja a muchos a iniciar carreras delictivas tal como han constatado estudios nacionales e internacionales. Por ello desde hace dos décadas el Estado afronta esta situación autorizando a niñas/os menores de 2 años a vivir con sus madres en la cárcel y brindando apoyo social a niñas/os mayores y sus familias. Es así como nos encontramos ante un escenario desolador: algunas niñas/os deben padecer la cárcel para ejercer su derecho humano, reconocido en tratados internacionales, a ser criados por sus madres, y otras/os que no pueden vivir con ellas reciben intervenciones cuya efectividad, cobertura y focalización ha sido objeto de críticas.

Una solución posible para armonizar el derecho del Estado a castigar y su deber de evitar la reincidencia, con el derecho a la crianza materna, es la que he propuesto junto a otros investigadores, siguiendo la experiencia países como Sudáfrica o Argentina, y que consiste en usar mecanismos institucionales ya existentes para permitir que mujeres imputadas embarazadas o con niñas o niños opten a sanciones como la libertad vigilada o la reclusión parcial nocturna, permitiendo compatibilizar el cumplimiento de sus sanciones penales con el ejercicio de la maternidad acompañadas programa estatal que apoya a sus hijas/os (Figueroa, Koppmann y Rufs, 2021). Es posible que las mujeres cumplen sus penas se integran socialmente y desistan de delinquir, mientras se previene la deserción escolar, los problemas de salud mental y el involucramiento delictual de sus hijas/os.

Afortunadamente, como muestra un estudio reciente de la Defensoría Penal Pública, gran parte de la opinión pública (57%) está de acuerdo con una idea en este sentido, y la creación del Servicio Nacional de Protección de la Infancia, así como la pronta promulgación de una Ley de Garantías de la Niñez dotaran al Estado de capacidades para impulsar cambios en esta dirección.

Replantearnos la solución que hoy les ofrecemos como Estado a esas mujeres y sus hijas/os debe ser una prioridad cuando lo que está en juego es su futuro. Debemos con urgencia conseguir sacar a nuestras niñas y niños de las cárceles.

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