Hace pocos días se publicó una revisión de los programas presidenciales, constatando que omitirían propuestas sobre “derechos humanos” en sus prioridades de gobierno. No es que omitan propuestas; las tienen, pero algunas son contrarias a las obligaciones del Estado de Chile en materia de derechos humanos que habrá de implementar y cumplir quien se quede, el próximo 14 de diciembre, con la banda presidencial.

La candidata Jeannette Jara aborda varios derechos humanos: derecho a la vida, seguridad personal, acceso a la justicia, vivienda, salud, educación y derechos vinculados a la reproducción asistida. Además, presenta un enfoque a los derechos humanos en la economía y propone un rol activo del Estado como garante. Sin embargo, deja fuera ámbitos relevantes, como derechos de pueblos indígenas o de personas con discapacidad.

Johannes Kaiser también menciona algunos derechos, como el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad pública, al desarrollo y a emprender. Pero no todos están reconocidos como derecho humano en el derecho internacional. La seguridad pública, más que un derecho, es una causal permitida para limitarlos, pero solo si es idónea y proporcional la medida. Kaiser concibe a los derechos fundamentalmente como libertad a elegir (por ejemplo, en salud). Su concepto de derechos, efectivamente, no es de “derechos humanos” y las propuestas contradicen directamente estas obligaciones, por ejemplo, cuando reemplaza el derecho a la educación por la libertad de enseñanza.

Algo similar se observa en las propuestas de José Antonio Kast. Menciona el derecho a la salud, con propuestas que implementarían obligaciones internacionales tales como la reducción de las listas de espera; el derecho a vivir en familia y sin violencia intrafamiliar. Sin embargo, las propuestas sobre migración, por ejemplo, violan abiertamente compromisos internacionales sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes, y las propuestas sobre legítima defensa no contemplan la proporcionalidad, un elemento clave en esta materia. Por lo pronto, portar armas no sería un derecho humano. El candidato tampoco se pronuncia sobre derechos reproductivos, diversidad sexual o antidiscriminación.

Evelyn Matthei, por su parte, aborda algunos derechos laborales, el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y el respeto a los tratados vigentes. Su énfasis está en el Estado de Derecho, condición básica pero insuficiente para asegurar derechos humanos. Por ejemplo, no menciona un elemento tan clave del marco de los derechos humanos como la no discriminación.

En todos los casos, falta detallar cómo financiarán las medidas, por ejemplo, en salud, y cómo harán el desarrollo ambientalmente sostenible en tiempos de cambio climático. Otro desafío, en esta campaña, será explicar cómo abordar seguridad y derechos humanos, ocupando un enfoque preventivo, tal como propusimos en el Informe Anual 2023 y 2024 de la UDP. Sin estas definiciones, la ciudadanía no podrá evaluar la viabilidad de las promesas en un país marcado por la desigualdad.

Por Judith Schönsteiner, editora del Informe Anual de DD.HH. en Chile, Universidad Diego Portales