La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana es la segunda encuesta más grande que se realiza en el país, sólo después de la CASEN, con una muestra de 24.472 viviendas en 136 comunas urbanas. Su nivel de representatividad y metodología garantiza solidez técnica, permitiéndonos diseñar políticas públicas basadas en evidencia robusta.

En su versión 2024, la ENUSC refleja un panorama desafiante, que trasciende las cifras y nos desafía a adaptar nuestras políticas a una realidad en constante transformación.

El primer hallazgo es la paradoja entre estabilidad delictual y aumento del temor. Mientras la victimización por delitos violentos afecta al 8,5% de los hogares, la expectativa de ser víctima creció de 52,9% a 57%. Esta brecha refleja múltiples factores que van desde la experiencia personal hasta tensiones sociales que trascienden la criminalidad. La diferencia entre lo que ocurre en mi barrio y lo que percibo que pasa en el país revela cómo las vivencias locales contrastan con una sensación general de deterioro.

Esto nos obliga a repensar cómo construimos políticas más efectivas y cercanas a las personas y sus barrios. No basta con mostrar cifras si no logramos que la ciudadanía sienta resultados tangibles en su vida cotidiana. La percepción es política, y trabajar en ella requiere presencia estatal constante e intervenciones territoriales concretas.

El segundo elemento que marca la agenda es la diversificación de la criminalidad. Los delitos económicos aumentaron de 8,3% a 11%, los cibernéticos de 6,2% a 6,6%, y los hurtos de 5,5% a 7%. Estos números nos hablan de una delincuencia que se adapta y aprovecha nuestras vulnerabilidades digitales y no podemos seguir pensando la seguridad solo desde la lógica del delito violento tradicional.

Por eso hemos fortalecido capacidades de investigación en cibercrimen, desarrollado campañas de alfabetización digital y trabajado coordinadamente con el sector financiero para generar alertas tempranas.

Un tercer aspecto confirma las brechas de género en seguridad. Las mujeres siguen sintiendo más temor que los hombres pese a que la victimización es mayor en hombres jóvenes. Hemos trabajado en mejorar iluminación pública, generar rutas seguras y promover la participación femenina en prevención comunitaria.

Los datos también muestran una buena noticia: el aumento en la confianza hacia instituciones, especialmente Carabineros. Como gobierno, hemos apostado por fortalecer la prevención comunitaria y acercar las instituciones a los territorios. El aumento del presupuesto policial y la modernización del equipamiento han permitido mejorar las capacidades operativas, mientras desarrollamos intervenciones integrales que combinen presencia policial, prevención social y participación ciudadana.

El desafío es, en primer lugar, enfrentar la victimización y con ello trabajar simultáneamente en múltiples dimensiones: fortalecer la prevención tradicional sin descuidar las nuevas amenazas digitales, reducir brechas territoriales y de género, y lograr que las políticas de seguridad sean políticas de vida digna para todos los chilenos.

La seguridad del siglo XXI se construye con Estado presente, comunidades empoderadas y políticas que entiendan que detrás de cada estadística hay familias con derecho a vivir sin miedo.

Por Carolina Leitao, Subsecretaria de Prevención del Delito.