Incluso antes de ser publicado en el sitio oficial de la Revista de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Católica, la prensa dio cabida a varias entrevistas de lo que el profesor Alejandro Vergara ha presentado como una grave denuncia contra la Corte Suprema por lo que denomina sus fallos "vacilantes o zigzagueantes" a lo largo de 10 años en 20 temas de esa especialidad. En suma, la Corte resolvería casos idénticos sin criterios uniformes, dependiendo de su integración y desatendiendo los precedentes como base de una jurisprudencia que otorga certeza jurídica.

A primera vista, el enunciado para una crítica puede parecer audaz aunque interesante por provenir del Director de una unidad académica respetable y una Universidad de prestigio, pero luego de analizar dicho documento puede decirse que su contenido y conclusiones son erradas y carentes de rigor, pues nada de lo que allí se dice es cierto en cuanto a la premisa del autor. Por el contrario, el análisis que presenta, las líneas de decisiones jurisprudenciales que él mismo cita y la uniformidad de jurisprudencia que reconoce demuestran lo contrario de lo que predica.

Por lo pronto, el empleo de las expresiones "vacilantes y zigzagueantes" para referirse a las sentencias se encuentran fuera del lenguaje jurídico como método para realizar un análisis jurisprudencial académico e intentan introducir un germen de duda ante terceros ajenos al trabajo judicial. No en vano el estudio dedica un capítulo a lo que denomina "La Corte Suprema ante un tribunal más amplio y poderoso: la opinión pública", donde concluye que la percepción popular generalizada de los vaivenes de la jurisprudencia pueden llevar a remover conductas negativas de la Corte Suprema. Este es un evidente llamado a una especie de justicia del pueblo que doblegue a la Corte Suprema.

El estudio ataca como un todo a la Corte Suprema, pero queda al descubierto que se refiere a algunas de sus salas en 20 temas elegidos arbitrariamente, y en muchos de ellos la jurisprudencia es uniforme, no existe ley que resuelva el conflicto, se exhiben justificadas tendencias de pensamiento, los fallos citan precedentes anteriores, los casos son por esencia opinables o se trata de materias sin relevancia para el ordenamiento jurídico administrativo económico.

El estudio no se pronuncia acerca de sentencias jurídicamente erradas o contrarias a derecho, que es lo que cabe criticar de un juez, sino que se trata de un ejercicio estadístico sin ningún análisis de los razonamientos del tribunal, por lo cual se desmoronan las conclusiones de fondo. Las sentencias son un todo y no se pueden separar las partes decisorias de las argumentativas, pues muchas veces éstas también incluyen anticipaciones de lo que se decidirá.

El estudio no es riguroso en lo académico, sino más bien un inexplicable ataque a nuestra Justicia.