El martes pasado, yo estaba en la sala cuando dicen que José Antonio Kast dijo que iba a gobernar por decretos. El problema es que JAK -por quien, para aclarar las cosas, yo no voy a votar- nunca dijo eso.

Si lo hubiese dicho, sería gravísimo. Pero, y no está de más repetirlo, no es lo que dijo.

Un número creciente de “opinólogos” locales – columnistas, cultores del Tik Tok, tuiteros variopintos, locutores radiales, y comentaristas en YouTube – se han ido acostumbrando a disparar a la rápida, como el más pinteado de los personajes de película del oeste. Inundan las redes sociales y opinan sin informarse. Repiten lo que escucharon de oídas, lo que quieren haber escuchado, lo que los ayuda a empujar sus propias agendas o a engrandecer sus personalidades mediáticas. Sacan frases de contexto o, simplemente, ignoran las circunstancias en que las cosas se dicen o se discuten. Muchos, y hay que decirlo, inventan historias. Urden embustes con el solo propósito de enlodar a sus adversarios, a personajes públicos que detestan, a gentes que envidian. Lo han hecho con el presidente Boric y su círculo. Lo hicieron con Evelyn Matthei. Y ahora lo hacen con JAK.

Vamos al grano. ¿Qué dijo el candidato republicano en el seminario de Moneda-Patria? ¿Cuál fue el contexto en el que habló sobre el tema de la polémica?

Al igual que Evelyn Matthei y Jeannette Jara, quienes también expusieron en esa ocasión, JAK habló de la necesidad de reducir las trabas a la inversión generadas por la llamada “permisología”. Se refirió al exceso de trámites que retrasan los proyectos. Son esas trabas las que impiden que hospitales ya construidos y alhajados entren en servicio, que panaderías artesanales horneen pan, que se construyan las cárceles para que delincuentes sentenciados cumplan sentencias y puedan rehabilitarse.

Hasta aquí no hay novedad alguna. La batalla contra la burocracia excesiva es un tema con el que prácticamente todos los políticos chilenos están de acuerdo. El papeleo se ha enseñoreado y ha crecido inorgánicamente; conspira en contra de la creación de empleos bien pagados y de calidad. (Quizás el profesor Artés no comparta la idea, pero no estoy seguro).

¿Cuál fue la novedad de lo que dijo JAK en el mentado seminario? ¿Cuál fue la propuesta que ha causado tanto revuelo? Dijo -y aquí parafraseo- que muchas de las trabas a la inversión y de la telaraña de permisos que nos hunden en la mediocridad, pueden ser cambiados, mejorados, e incluso anulados, sin que se cambien las leyes. Dijo que su equipo, liderado por el economista Jorge Quiroz, ha estudiado el asunto y ha concluido que muchas de las demoras y de las duplicaciones -término que usó Jeannette Jara en su propia alocución-, pueden ser mejoradas y hechas más eficientes sin cambiar las leyes vigentes.

JAK dijo que en muchas ocasiones el problema son los reglamentos y las guías, documentos que con frecuencia alcanzan el millar de páginas. Muchos de estos legajos fueron elaborados antes del surgimiento de la inteligencia artificial, incluso con anterioridad al uso masivo de computadores. Y si bien su origen es bienintencionado, son documentos repetitivos, engorrosos, e ineficientes. Estos documentos, dijo el candidato -sigo parafraseando- pueden ser reemplazados por otros más modernos y eficaces, que sin apartarse ni un ápice de la voluntad del legislador, pueden mejorar sustancialmente la vida de los chilenos.

Lo anterior, que es lo que yo le escuché decir a JAK el 12 de agosto a las 9:30 de la mañana, no es un llamado a saltarse el parlamento ni a ignorar los principios democráticos. Es un llamado a usar las leyes vigentes para salir del letargo.

No está de más aclarar que esta no es mi ruta preferida para terminar con la permisología. En estas mismas páginas he escrito, en más de una ocasión, que mi estrategia se basa en “derogar para reemplazar”. Ambas acciones requieren la anuencia del parlamento. Pero también reconozco que en algunos casos la ruta propuesta por Jorge Quiroz -ruta también favorecida por Ignacio Briones, entre otros- podría funcionar.

En Chile, hemos vivido periodos en los que sí se gobernó por decretos -a veces fueron decretos simples, otras fueron decretos con fuerza de ley, y en algunas ocasiones fueron decretos de insistencia-. El periodo más largo fue, desde luego, durante la dictadura militar (1973 al 1990). Se trataba de decretos con fuerza de ley, los que son jurídicamente diferentes a los decretos comunes y corrientes, pero, y esto es lo verdaderamente importante, no eran leyes discutidas y aprobadas en un sistema democrático. Esos años, como reconoció Evelyn Matthei hace algunos días, aún nos duelen.

Sin afán de relativizar los excesos del periodo post-1973, es útil recordar que hubo otros episodios en los que se gobernó por medio de decretos. Sucedió durante el primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, donde, por decreto, se relegó a adversarios políticos, se mandó al exilio a líderes opositores, y se expropiaron medios de comunicación incluyendo el periódico La Nación, fundado por Eliodoro Yáñez. Y si bien, el aparato democrático se mantuvo durante el gobierno del doctor Salvador Allende, durante esos años se utilizaron “decretos de insistencia” –firmados por todo el gabinete –para sortear el rechazo de la Contraloría y nacionalizar empresas que se habían incluido en una famosa lista de compañías que conformarían el Área de Propiedad Social.