SEÑOR DIRECTOR:

Una reciente estimación de extranjeros en Chile arroja 1,5 millones de personas: un 8% del total de la población. En la Región Metropolitana, donde vive el 61%, su presencia orbita en torno a un 11%; en Tarapacá a un 20% y en Antofagasta a un 16%. Estas cifras superan la media de la Unión Europea. Hay comunas en donde la proporción de extranjeros es aún mayor: Santiago e Independencia un 45%; Iquique un 22% y Antofagasta un 17%.

Los inmigrantes han incrementado su número 3,6 veces desde el 2014, año bisagra en donde prevaleció la voluntad política por una movilidad internacional libre, abriendo camino al ideal “progresista” de una ciudadanía sudamericana sin fronteras.

Poco importaron las advertencias de que la migración -sin duda un hecho humano positivo- debía darse dentro de un marco regulatorio de orden, control y selectividad. La negligencia migratoria iniciada en 2014 explica el crecimiento explosivo e implosivo que traería consecuencias perversas en la armonía comunitaria, por presión en el uso del espacio, el empleo y el choque cultural, entre otros aspectos.

Hoy, los mismos que promovieron las políticas migratorias aperturistas del segundo mandato de Bachelet están gobernando. Ahora, empero, deben regular la migración de acuerdo con la realidad de Chile y para ello cuentan con una nueva Ley.

Desde que el Presidente Boric asumió el poder han ingresado por pasos no habilitados en torno a 21.000 personas. Estos días se han anunciado reformas a la ley para expulsar de forma expedita. La situación es muy compleja y el gobierno debe actuar con pragmatismo, frenando el aumento de la crisis social, económica y urbana.

Para esto es necesario aplicar la ley, ejercer la autoridad y hacer respetar el Estado de derecho: ni más ni menos.

Lorenzo Agar Corbinos

Doctor en Sociología