La elección presidencial de este año se dará en un escenario inédito: fragmentación del sistema de partidos y voto obligatorio. Estos dos factores alteran las coordenadas de la política chilena y permiten entender la campaña que se avecina. Tras la reforma electoral de 2015, la salida del binominal abrió espacio a más partidos y candidaturas. En 2025 se presentan 22 partidos a competir (en 2013 eran 14, de los cuales sólo ocho alcanzaron representación en el Congreso) y en la papeleta presidencial volveremos a ver ocho nombres, el mismo número que en 2017. Esto refleja la dispersión del sistema y la reiteración de postulaciones personalistas: cinco de los actuales candidatos ya lo han intentado antes, algunos en tres o más ocasiones. Según la encuesta CEP de junio 2025, el 61% de los chilenos no se siente cercano a ningún partido y el 25% no se ubica en el eje izquierda-derecha. La política ya no gira en torno a un centro articulador, sino alrededor de un electorado escéptico y volátil que no se mueve en el mismo eje. La unidad en torno a candidaturas presidenciales ordena de forma transitoria a los grandes bloques, pero ese alineamiento es temporal.

El otro cambio es la expansión del padrón. En 2021 votaron 7,1 millones de personas, 47% del padrón. Con voto obligatorio, se esperan más de 12 millones de electores, como en el plebiscito constitucional de 2022 que alcanzó un 86% de participación. Esto introduce a millones de votantes poco politizados y difíciles de predecir. El votante común decide en torno a los temas que dominan la agenda. Seguridad, economía y salud encabezan las preocupaciones, según encuestas recientes. Se trata de “temas de valencia”, que no dividen posiciones ideológicas. Todos los candidatos prometen más seguridad o más empleo, y lo que marca la diferencia es quién proyecta mayor capacidad para cumplir. Lo decisivo no será la oferta de políticas, sino la confianza que cada candidatura logre transmitir sobre su capacidad de dar resultados concretos.

La elección también pondrá a prueba el ordenamiento del Congreso. Este año la competencia se reduce a cinco pactos (nueve listas), uno de los cuales reúne a gran parte de la izquierda y centroizquierda, concentrando la disputa en un marco más estrecho que en 2021. La mayoría de los distritos elige cinco o menos diputados, lo que endurece la competencia. Para el oficialismo, el riesgo es ser encasillado como continuidad: siete de los ocho candidatos buscarán instalar esa idea respecto a Jeannette Jara, mientras ella intentará proyectar futuro propio. Al gobierno le será difícil gobernar en su último año: se reduce su capacidad de instalar agenda y de aprobar reformas que consoliden un legado. En la derecha, en tanto, la elección será la prueba de fuego para la llamada nueva derecha encabezada por Republicanos. No necesita superar a Chile Vamos para ser influyente: basta con obtener un tamaño suficiente para condicionar negociaciones legislativas. La división puede costar escaños, pero también marcar un reequilibrio interno sobre quién liderará el sector en los próximos años.

En síntesis, la elección de noviembre no solo definirá al próximo presidente, sino que servirá como termómetro del reordenamiento político. Fragmentación, voto obligatorio y competencia parlamentaria marcarán tanto la campaña como el rumbo de la política chilena en los próximos cuatro años.

Por Marcel Aubry, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.