Esta ha sido una semana política extraordinaria. Una semana que partió con una amenaza directa, de manual, contra nuestro sistema democrático, y que continuó con una reacción transversal de las fuerzas democráticas contra esa amenaza.

Es lo más parecido que hemos tenido a un cordón sanitario en defensa de la república.

La amenaza es una reforma constitucional presentada por el gobierno, que incluye un estado de excepción inédito. Este le entrega al presidente de la República, por hasta ocho meses y sin consulta al Congreso, facultades mayores al estado de sitio.

Tales facultades hoy solo existen en caso de guerra externa, y aun en ese caso extremo, solo con aprobación del Congreso.

Este estado de excepción cruza una línea roja que lo hace incompatible con una democracia liberal.

Entrega al presidente de la República, por su sola decisión y sin ningún control, poder para suspender la libertad personal, de locomoción, el derecho a reunión y a asociación, a espiar nuestras comunicaciones privadas y a requisar nuestros bienes.

Abogados constitucionalistas han explicado en castellano lo que esto significa. El presidente podrá mandar a arrestar a cualquier ciudadano, relegarlo a otra zona del país (¿Pisagua?, ¿Isla Dawson?), o espiar las conversaciones de quien él estime conveniente.

El diputado republicano Stephan Schubert admitió que “implica un acto de confianza” en la autoridad. Y ese es precisamente el problema.

La república no confía en la benevolencia de la autoridad. En cambio, diseña controles, límites y contrapesos a cada poder, que resguardan nuestra libertad ante los abusos.

Aprobar este proyecto significa el fin del contrato básico que sostiene la república; significa que dejamos de ser ciudadanos con derechos garantizados, como la libertad y la privacidad, para pasar a ser súbditos cuyos derechos dependen de la benevolencia de una autoridad.

La república no se trata de entregar todo el poder a una persona y confiar en que ella lo va a usar con criterio.

Eso se llama despotismo.

Es el manual de todos los regímenes autoritarios que intentan expandir su poder: invocan una amenaza existencial, concentran la autoridad en una sola mano, suspenden los derechos de las personas y reducen el control del poder legislativo y el judicial.

Todo eso es “temporal”. Es solo por un rato, hasta que el déspota benevolente supere la amenaza.

Luego, volverá la libertad. Confíen en mí.

Es de manual, desde Alemania en 1933 hasta El Salvador hoy, pasando por Venezuela, Nicaragua y tantas otras tragedias. Conocemos demasiado bien ese discurso y sus consecuencias.

Y esto no tiene nada que ver con el combate al crimen. Hoy los fiscales pueden, con supervisión de los jueces, espiar a sospechosos, interceptar sus comunicaciones y allanar sus casas.

Ese es su trabajo. No es el trabajo del presidente, en una república, decidir a quien se investiga, a quien se espía, ni a quien se arresta.

No hay un solo experto en seguridad, un solo juez, un solo fiscal, que haya dicho que investir al presidente de poderes despóticos ayuda a combatir al crimen. Tampoco nadie en el gobierno ha articulado una explicación razonable de por qué darle al presidente estos poderes sería necesario para combatir la delincuencia.

La fórmula es la opuesta: construir instituciones permanentes, no excepcionales, para dar esa batalla. Así se ha hecho al crear el ministerio de Seguridad (los republicanos votaron en contra), traspasar a él Gendarmería, construir cárceles de máxima seguridad, y fortalecer la capacidad de inteligencia del Estado para perseguir la ruta del dinero de las empresas criminales.

El resultado es que los homicidios vienen bajando, año a año, desde su peak de 2022. El propio gobierno celebra cada semana mejoras en seguridad.

En campaña, nos notificaron que derrotar al crimen era simple. Bastaba, decía el candidato Kast, con “un gobierno valiente”. Ahora, en cambio, descubren que la única forma de dar esa batalla es reformar la Constitución para privarnos de nuestros derechos, y poner nuestra libertad en manos de un poder sin control.

¿Fue su plan desde el principio, y lo ocultaron en campaña, o se les acaba de ocurrir?

Y el estado de excepción no es lo único. El proyecto también crea una lista negra, confeccionada por el poder político, de organizaciones supuestamente criminales o terroristas. Esta es otra página copiada directamente del manual de los autócratas.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, articuló el chantaje, que también es de manual: “Hoy el dilema es binario. Oponerse a la agenda de seguridad es darle la espalda a quienes sufren la delincuencia”.

O se someten a la voluntad del líder, o están contra las personas.

Afortunadamente, muchos políticos y académicos, también de derecha y cercanos al oficialismo, se rebelaron a ese chantaje, y trazaron la línea roja. “Demencial”, “inaceptable”, “una locura”, fueron algunas de las frases con que líderes de la vapuleada “derechita cobarde” sacaron la voz.

Lo cobarde sería dejarse avasallar por este proyecto que instala una bomba de tiempo en el corazón de nuestra democracia, lista para ser gatillada por cualquier líder autoritario, presente o futuro.

La reacción valerosa de estos días, en cambio, abre la esperanza de que la política esté a la altura de su responsabilidad histórica en un momento crítico para nuestra democracia.

Que todos quienes comparten los valores básicos de la democracia liberal, de derecha a izquierda, defiendan la línea roja que separa la república del despotismo.

Y esa línea es clara: que el presidente de la República tiene una autoridad limitada y sometida a controles, no un poder omnímodo sobre los chilenos.