Bajar el desempleo a 6,5% es la meta más ambiciosa del Gobierno. Quizás eso explique la descoordinación de esta semana entre Trabajo y Hacienda a la hora de abordar la cifra. Desde luego, la cautela técnica es sana, pero esta no debiera traducirse en bajar los brazos antes de tiempo. Una meta exigente sirve precisamente para ordenar prioridades y alinear al Ejecutivo. Y la urgencia es evidente: detrás del 9,5% de desempleo hay casi un millón de personas buscando trabajo.

La primera condición es crecer y las noticias no ayudan. El Banco Central recortó su proyección de crecimiento para 2026 a apenas entre 0,25% y 0,75%, en un escenario en que la inversión también retrocede. Para 2027 y 2028, la Ley de Reconstrucción aportaría cerca de medio punto adicional de crecimiento, impulsado justamente por mayor inversión. Sin duda es una buena perspectiva. El problema es que esperar ese impulso no puede ser la estrategia de empleo frente a la magnitud de la urgencia actual.

Y hay un problema adicional: hoy crecer genera menos empleo que hace algunos años. Antes de la pandemia, un aumento de 1% en el empleo —unas 90 mil ocupaciones— se asociaba a un crecimiento de 1,6%; entre 2022 y 2025, ese crecimiento requerido subió a cerca de 2,5% (Voces del CEP, 2026). El último IPoM apunta en la misma dirección: desde 2020, el empleo se mantiene persistentemente por debajo de lo que sugeriría su relación histórica con la actividad.

Aquí aparece quizás el aporte más relevante del IPoM. El Banco Central pone el foco en dos cambios persistentes: mayores costos laborales y una automatización más acelerada. En pocos años, coincidieron alzas importantes del salario mínimo, la reducción de jornada y mayores cotizaciones previsionales, elevando el costo de distintos componentes de la contratación formal. Eso no basta para establecer causalidad —actividad, inversión y composición sectorial también importan—, pero sí obliga a preguntarse cómo están cambiando los incentivos para contratar.

El cambio tecnológico vuelve esta discusión aún más urgente. A medida que la tecnología se abarata respecto del trabajo, aumentan los incentivos a automatizar tareas. El Banco Central revela que quienes en 2022 estaban en ocupaciones más expuestas a la automatización tuvieron menor probabilidad de seguir en el empleo formal tres años después, especialmente los menores de 30 años. La tecnología puede sustituir tareas, pero también crear otras en las que capital y trabajo se complementan. La respuesta no es frenarla, sino lograr que eleve la productividad y abra nuevas oportunidades laborales, con personas preparadas para aprovecharlas.

Chile necesita más capital, inversión y tecnología, no menos; por eso es correcto profundizar el mercado de capitales y remover fricciones al financiamiento, como propone la reforma recién ingresada. Pero también hay que mirar el costo de contratar. Si la tecnología se abarata mientras el empleo formal se encarece o se vuelve menos flexible, aumentan los incentivos a sustituir tareas. Esas rigideces, además, dificultan que los trabajadores se muevan entre sectores, con pérdidas de productividad. El desafío es facilitar la contratación, la adaptación y la reconversión laboral.

Aquí aparece una cuestión incómoda. Postpandemia, el mayor deterioro está en la puerta de entrada: ha caído la probabilidad de encontrar empleo, mientras la de perderlo prácticamente no ha cambiado (Cases y Vergara, 2026). Durante años avanzamos en salarios, jornadas y protección de quienes ya estaban en el mercado laboral, pero prestamos mucha menos atención a quienes intentaban entrar. La próxima etapa de la agenda laboral debe volver a abrir esa puerta.

El Gobierno no ha estado inmóvil. Ha desplegado subsidios a la contratación, recursos regionales, inversión y una mesa interministerial, y prepara una agenda de adaptabilidad laboral. Son pasos en la dirección correcta, pero aún se necesita hacer más, dada la magnitud y urgencia del problema. Las medidas reactivadoras que Hacienda anuncia para fin de mes son una excelente oportunidad para cambiar de escala.

El Presupuesto 2027 debe recoger esa prioridad. Ser proempleo en un escenario de estrechez fiscal no significa gastar más; significa priorizar y ejecutar mejor la inversión y orientar los instrumentos hacia la creación e inserción laboral. Y requiere una política de Estado. Como tras el terremoto de 2010 o durante la pandemia, los ministerios deben alinearse tras un objetivo común. El empleo no se resuelve solo desde el Ministerio del Trabajo: también se construye desde vivienda, educación, salud e infraestructura.

Llegar al 6,5% será difícil. No hay bala de plata: se necesita crecimiento, inversión, productividad y volver a abrir la puerta de entrada al mercado laboral. Pero una meta exigente sirve precisamente para que, al discutir reformas y Presupuesto, haya una pregunta que no puede faltar: ¿cuánto aporta esto a crear empleo?

Por Sebastián Izquierdo,

Coordinador Académico Centro de Estudios Públicos.