El Barómetro de las Américas 2026 entrega una señal que contradice parte de la conversación pública: Chile sigue en una posición comparativamente favorable en materia de seguridad. La victimización alcanza 20%, bajo el promedio latinoamericano de 23%; la inseguridad en el barrio llega a 36%, cuatro puntos menos que el promedio regional, y 19% afirma que existen grupos criminales en su entorno, una de las cifras más bajas de la región.

Las fuentes nacionales apuntan en la misma dirección. La ENUSC 2025 muestra descensos en la victimización personal y en la de hogares por delitos violentos, mientras la tasa de homicidios cayó a 5,4 por cada 100.000 habitantes, su tercer año consecutivo de baja desde el máximo de 2022. Chile no está ante un deterioro inevitable. Tiene una ventaja relativa y, con ella, una oportunidad.

Esa oportunidad consiste en actuar antes de que el crimen organizado alcance niveles de arraigo territorial y capacidad de corrupción más difíciles de revertir. El dato que debería concentrar la atención no es solo cuántas personas han sido víctimas, sino que uno de cada cinco adultos perciba grupos criminales en su barrio, una cifra más cercana al máximo regional (29%) que al mínimo (2%). Secuestros, extorsiones y economías ilegales pueden modificar la vida cotidiana, disciplinar comunidades y debilitar la presencia efectiva del Estado.

Estar mejor que buena parte de América Latina no puede transformarse en complacencia: según Naciones Unidas, las Américas tienen la mayor tasa de homicidios del mundo, y la chilena ronda el promedio mundial. El Salvador redujo drásticamente la violencia y la victimización bajo un régimen de excepción, con costos documentados, como detenciones arbitrarias masivas y muertes bajo custodia. Ecuador ha recurrido a estados de excepción y despliegues militares sin contener los altos niveles de violencia. Ninguno de esos caminos ofrece una receta simple para Chile.

El desafío chileno es fortalecer la capacidad estatal mientras existe margen. Eso exige saber dónde se instalan las organizaciones, qué mercados ilegales las sostienen, cómo se articulan con actores locales y qué instituciones, de las cárceles a los puertos, son vulnerables a su captura. Una muestra nacional sirve para observar tendencias, pero no para decidir dónde concentrar policías, fiscales, inteligencia, prevención social e inversión pública. La ventaja solo será real si se transforma en anticipación.

También hay que tomarse en serio la distancia entre experiencia y percepción. Aunque los homicidios y algunos delitos han disminuido, 82,9% de los encuestados por la ENUSC cree que la delincuencia aumentó en el país, frente a 47,2% que percibe un aumento en su barrio. No basta con atribuir esa brecha a la agenda mediática o a una percepción equivocada. Delitos poco frecuentes, pero de alto impacto, como los secuestros, que según la Fiscalía superan los 800 casos anuales desde 2022, pueden alterar la sensación de seguridad. La respuesta debe ser demostrar capacidad estatal: investigar mejor, proteger a las víctimas, reducir la impunidad y recuperar tempranamente los espacios donde el control criminal comienza a hacerse visible.

Esta es, finalmente, una oportunidad democrática. El Barómetro muestra que Chile mantiene niveles relativamente bajos de apoyo a formas iliberales de gobierno y que el respaldo a la democracia subió siete puntos desde 2023. La ciudadanía demanda eficacia, pero eso no equivale necesariamente a querer menos democracia, aunque casi la mitad no rechaza esas formas iliberales. Chile tiene hoy algo que muchos países de la región perdieron antes de reaccionar: tiempo y capacidad institucional para evitar que el crimen organizado se convierta en una estructura permanente de poder territorial. La ventana, sin embargo, es estrecha: aprovecharla exige reducir la violencia y fortalecer la presencia del Estado sin debilitar las reglas democráticas.

Por Lucía Dammert, académica de la Universidad de Santiago de Chile.