Durante la historia republicana de Chile operó un sistema de justicia criminal que concentraba en el juez del crimen las potestades de investigar, acusar y fallar. Este sistema operó en buena parte de Europa continental en el sigo XIX y permaneció en nuestro país sin grandes alteraciones hasta el año 2000.

El sistema inquisitivo, secreto y lento traía aparejados problemas de protección de garantías dada la inexistencia de jueces imparciales, a lo que se sumaba la carencia de defensa penal especializada y la ausencia de órganos profesionales en la persecución criminal. Estudios de la Corporación de Promoción Universitaria (CPU) y del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) evidenciaba que el tiempo promedio de investigación de causas sencillas era superior a seis años. Muchas causas permanecían abiertas por decenios, finalizando, en la mayor parte de los casos por sobreseimientos temporales.

El nuevo sistema de persecución y enjuiciamiento criminal, supuso una transformación radical, reemplazando el viejo modelo inquisitivo, escrito y secreto por un proceso penal adversarial, oral y público, que sustituyó el expediente por audiencias de debate, creando el Ministerio Público como órgano autónomo a cargo de la persecución penal y la Defensa Pública para representar a los imputados y acusados. Los tribunales pasaron a desempeñar un rol de protección de garantías y de juzgamiento de los casos. Como resultado de estos cambios se generó un proceso dotado de mayor celeridad, logrando disminuir los tiempos de duración de las causas penales en delitos de baja complejidad y logrando evidentes avances en la resolución de delitos flagrantes. El nuevo modelo evidenció su capacidad para administrar y procesar grandes volúmenes de casos, procesando en la actualidad más de un millón setecientas mil causas según datos de la Fiscalía Nacional -el sistema antiguo apenas lograba administrar seiscientas mil causas- logrando, asimismo, la mayor frecuencia de condenas en procedimientos abreviados y ordinarios desde el inicio de la reforma.

Los desafíos que se evidencian a futuro para el sistema procesal penal son evidentes y se concentran en la capacidad de perseguir criminalidad compleja, delitos sin imputado conocido asociados a bandas criminales u organizaciones transnacionales dotadas de mayor organización, poder de fuego, y control territorial.

Este tipo de criminalidad supone esfuerzos por mejorar los modelos de análisis criminal multidisciplinario de la Policía y el Ministerio Público, mejorar los sistemas de inteligencia nacional que nutren la prevención y persecución criminal, utilizar eficazmente los instrumentos de agente encubierto, cooperador eficaz o el sistema de informantes y agentes reveladores. A ello se suma la necesidad de avanzar en modelos que logren afectar el patrimonio de las organizaciones criminales como mecanismos de extinción de dominio, o bien el uso efectivo del comiso aprobado hace algún tiempo en nuestro país. La aprobación de la Fiscalía Supraterritorial y los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) es una buena base para mejorar la persecución criminal de la criminalidad organizada. Otros esfuerzos fundamentales se vinculan con la necesaria autonomía institucional de la Defensa Penal, mejoras urgentes en materia penitenciaria y sistemas de control internos de las agencias estatales que se han visto afectadas por la criminalidad y su capacidad de corrupción.

Por Rafael Blanco, ex coordinador nacional de la reforma procesal penal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado