El gobierno ingresó al Congreso un conjunto de indicaciones a los proyectos de ley que buscan modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Las propuestas abordan distintas dimensiones de esta política y se basan -aunque de forma incompleta todavía- en los acuerdos de la Mesa Técnica que revisó el funcionamiento de este sistema.

La Mesa Técnica concluyó que el SAE representa un avance respecto a lo que teníamos antes de la Ley de Inclusión: hoy contamos con una admisión más transparente (porque los criterios son conocidos y no hay espacio para la discrecionalidad); más equitativa (porque tienen prioridad quienes más lo necesitan y luego todos tienen la misma posibilidad de ser admitidos); y más eficiente (al coordinarse las postulaciones de 500 mil estudiantes cada año). La Mesa estuvo de acuerdo en que estos principios deben cuidarse, y que los cambios deben apuntar fundamentalmente a mejorar la experiencia de todos quienes usan el SAE.

Las tres propuestas clave de la Mesa Técnica están consideradas en las indicaciones presentadas por el Mineduc. La primera es la actualización de los criterios obligatorios de priorización, a través de la cual se aumenta del 15% al 50% los cupos preferentes para estudiantes vulnerables y se amplía la prioridad a estudiantes en proceso de revinculación escolar, por mencionar dos ejemplos. La segunda es el ajuste a la norma sobre selección en liceos de alta exigencia, permitiendo que hasta un 60% de los cupos (la Mesa propuso 80%) puedan asignarse según ranking de notas, en establecimientos que cumplan condiciones estrictas de desempeño, trayectoria y sobredemanda. La tercera es la propuesta de derogación de una norma aprobada durante la Ley de Presupuestos 2025, que suspendía el SAE para el 2026, y que contradice el trabajo legislativo en curso (cuyo sentido es mejorar el sistema, no terminar con él).

Es importante que durante la tramitación legislativa estas medidas se complementen con otros ajustes pendientes, como otorgar mayor flexibilidad a los establecimientos frente a casos excepcionales (por ejemplo, estudiantes que regresan al colegio durante el año o se encuentran sin matrícula) y generar más espacios para que las familias se comprometan con los proyectos educativos de los establecimientos que eligen. Además, deben ponerse en marcha las medidas administrativas y comunicacionales que la Mesa Técnica sugirió adoptar, como mejorar la plataforma de postulación, enriquecer la información que se entrega a los distintos actores y corregir algunos aspectos de la fase de regularización.

Aunque es valioso construir acuerdos que mejoren y consoliden el SAE, es necesario recordar que la insatisfacción que esta política genera en una parte de la población se explica principalmente por la concentración de las preferencias de las familias en un conjunto acotado de establecimientos, y no por el SAE mismo. La mejor forma de abordar este problema es avanzar urgentemente en la mejora de calidad del sistema educativo en su conjunto, especialmente ahí donde estudian los niños, niñas y jóvenes más vulnerables. En este sentido, a menos de diez meses de cerrarse el gobierno, lo coherente sería concentrar la energía legislativa y de gestión en fortalecer la reforma que hoy más puede contribuir a este propósito, la Nueva Educación Pública, cuya implementación progresa, pero con prioridad y recursos insuficientes.

Por Gonzalo Muñoz Stuardo, profesor Facultad de Educación Universidad Diego Portales