Existen áreas prioritarias del Estado que requieren de un proceso continuo de revisión, monitoreo y actualización. Una de ellas refiere al sistema de justicia, pues representa uno de los pilares fundamentales del sistema político democrático y base del modelo de pesos y contrapesos.

En este contexto el próximo 11 de marzo no sólo marca el inicio de un nuevo gobierno, sino que genera una oportunidad y una responsabilidad para revisar la agenda de reformas del sistema de justicia. Desde luego debe relevarse que desde la recuperación de la democracia, la agenda de transformaciones en materia de justicia ha sido intensa y protagónica, siendo los cambios en la composición y nombramientos de la Corte Suprema, la especialización en salas del máximo tribunal, la Reforma Procesal Penal, la generación de los Tribunales de Familia y de Justicia Penal Adolescente, la generación de la Academia Judicial, la creación del Ministerio Público y la Defensa Penal, algunos de los más relevantes.

Estos avances estructurales deben ser reconocidos. Sin embargo, consolidar un Estado Democrático de Derecho exige abordar las brechas que el propio desarrollo ha dejado en evidencia. No se trata de desandar lo recorrido, sino de completar una arquitectura institucional propia de un genuino Estado de Derecho

Una primera pieza pendiente es la reforma al Gobierno del Poder Judicial, de forma de consolidar un sistema que garantice una separación de funciones entre aquellas propiamente jurisdiccionales y otras de tipo administrativo y de gestión. Junto a ello se erige como necesario una modificación del sistema de nombramiento y remoción de jueces de modo de establecer mecanismos que aseguren una genuina independencia interna y externa de los tribunales. El proyecto enviado por el gobierno del Presidente Boric al Parlamento es un buen inicio del debate. A su turno se requiere abordar con urgencia cambios al sistema de ejecución penal, con transformaciones prioritarias en la organización de Gendarmería de Chile, en los modelos de gestión penitenciaria y la generación de jueces de ejecución penal. No es posible sostener un discurso serio sobre seguridad sin asumir que el sistema penitenciario es el eslabón más débil de la cadena. La sobrepoblación, la segmentación criminal al interior de los recintos y la precariedad de los programas de reinserción requieren una reforma orgánica que profesionalice la institución y la inserte coherentemente en la política criminal del Estado.

En materia de justicia penal se requiere avanzar en la independencia orgánica de la Defensa Penal Pública, la generación de un sistema de juicios por jurados, la generación de un colegio único de jueces penales, eliminando la separación entre jueces de garantía y de juicio. Otro aspecto relevante refiere a la necesidad de generar salas especializadas a nivel de Cortes de Apelaciones.

Otro aspecto coligado al sistema de persecución criminal refiere a la necesidad de avanzar en una reforma policial que permita mejorar la estructura y organización de la policía preventiva y de orden público, de modo de avanzar en modernizaciones pendientes. En esta línea parece necesario incluso discutir la generación de policías especializadas en materia de protección de víctimas y testigos al estilo de los sistemas comparados.

Finalmente se requiere retomar la postergada reforma procesal civil para incorporar las necesarias transformaciones y modernizaciones en esta área, introduciendo el sistema de audiencias orales, mecanismos alternativos de resolución de controversias, oralidad y publicidad, entre otros. Un sistema de justicia moderno no puede mantener una justicia civil predominantemente escrita y lenta mientras exige eficiencia en lo penal.

El nuevo gobierno tiene ante sí una agenda compleja. La clave no está en acumular anuncios, sino en priorizar reformas estructurales que consoliden lo avanzado y proyecten el sistema de justicia hacia las próximas décadas.

Por Rafael Blanco, Leonel González, Leonardo Moreno, académicos, Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado