En pocas semanas será promulgada la nueva Ley sobre Educación Superior. La normativa, recientemente aprobada por el Congreso, es tal vez menos dañina que las primeras propuestas presentadas por el Gobierno, pero no por eso estamos frente a un marco jurídico como el que requiere nuestro país para avanzar en una educación superior pertinente, moderna y de calidad.

De hecho las dos principales deficiencias del proyecto original se mantienen. La primera de ellas es que si bien se reconoce que el sistema de educación superior es mixto, las normativas que se han dictado solo promueven las universidades estatales, en tanto que respecto a la educación privada se opta simplemente por regularla. En segundo lugar, la Ley de Educación Superior se limita a crear un aparataje estatal de proporciones, sin antes proponer un modelo o estrategia de educación superior que esté a la altura de los desafíos que tiene el país.  En otras palabras, “se puso la carreta delante de los bueyes”.

Este último punto que debería haber sido medular en la discusión aparece postergado en una Ley que en muchos articulados parece más bien reglamento y que sólo menciona, muy al pasar, que a la nueva Subsecretaría le corresponderá proponer una Estrategia de Desarrollo de la Educación Superior. Este aspecto debería haber sido el motor de la Reforma. Sin embargo, de manera inexplicable, se está por promulgar una Ley que no aborda el tema del valor agregado formativo, que no contiene una estrategia para fortalecer el vínculo que debe  existir entre las metas de desarrollo del país y el aporte de las universidades a ello y que tampoco contiene elementos concretos que permitan potenciar un sistema de educación formalmente diversificado y genuinamente integrado a través de redes de colaboración nacionales e internacionales enriquecedoras. Menos aún considera los desafíos que plantea la globalización, la innovación o el uso intensivo de las nuevas tecnologías a través de recursos educativos abiertos.

El proyecto también presenta incoherencias importantes. Plantea una definición de universidad que enfatiza la creación y el cultivo del conocimiento y, sin embargo, deja como optativa la acreditación en la dimensión investigación, creación e innovación. Un segundo ejemplo de esto es que la futura Ley contempla que la acreditación institucional incluirá la certificación de una muestra intencionada de carreras y posgrados, pero en forma paralela seguirán existiendo las acreditaciones obligatorias y voluntarias de carreras y posgrados.  Sin embargo, la incoherencia mayor es que si bien se explicita que el primer principio que sustenta la Educación Superior chilena es la autonomía, definida como “la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa”, la nueva Ley limita y regula el crecimiento de las instituciones e instala un sistema de control que no sólo podría llegar a ser asfixiante, sino que además obligará a crear una burocracia importante distrayendo recursos que deberían estar disponibles para mejorar la calidad de la educación y de la investigación.

Se ha sostenido que el próximo Gobierno tendrá una gran tarea en implementar la nueva Ley. Creo que ello no será suficiente, que la nueva administración deberá perfeccionarla pues la tarea de fondo aún está pendiente.