Diego González, director Fundación Amar Migrar: “Se debería hacer un esfuerzo colectivo para tener una acogida con impacto positivo en el proceso migratorio de las infancias”




Diego González (25), administrador público de profesión, cuenta que comenzó a aproximarse a la migración en un voluntariado. Aunque tenía algunas nociones básicas, recuerda que en ese momento le tocó hacer clases de español a personas de nacionalidad haitiana. Una experiencia que fue el punta pie inicial para adentrarse de lleno en la materia. Además de hacer su práctica en la Oficina Migrante de la Municipalidad de Maipú, en 2020 decidió crear la Fundación Amar Migrar, una iniciativa que busca apoyar a niños, niñas y adolescentes, tanto chilenos, como extranjeros, que viven en contextos de alta vulnerabilidad social.

Para aportar en la disminución de brechas del sistema educativo y apoyar el desarrollo de las infancias, desde 2021, trabaja con cerca de 80 niños y niñas de la comuna de Maipú; además de realizar talleres de información y diversas actividades culturales o deportivas para apoyar en la inclusión. “Como fundación tratamos de abarcar un territorio multicultural, porque ahí las personas conviven independiente de su nacionalidad”, cuenta.

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hay aproximadamente 1 millón 400 mil personas extranjeras viviendo en Chile. Aunque con el tiempo esa cifra ha ido en aumento, Diego González cree que los prejuicios y la discriminación hacia este grupo aún están muy presentes en la narrativa social, afectando de manera indirecta a quienes se desarrollan en sus primeros años de vida en el país. “Aun la mayoría de las personas asocia a los migrantes a la delincuencia, drogas o inseguridad. Ese discurso no permite que las personas, y sobre todo niños y niñas, logren tener una integración adecuada”, afirma.

Según el Catastro Nacional de Campamentos 2022, hay más de mil de estos asentamientos actualmente en Chile. Si se mira el perfil de quienes residen en ellos, un 51% de son mujeres, mientras que un 36% corresponde a migrantes. ¿Cómo se explica este dato? ¿Cuánto influyó la pandemia en relegar a este grupo en estos espacios?

En general, con el éxodo migratorio, las personas llegan a un país donde acceder a la vivienda es muy difícil. Partiendo porque los requisitos de entrada para subsidios implican tener permanencia definitiva y la mayoría de los migrantes que están en estos contextos no tienen sus papeles regularizados. De hecho, muchos entran por pasos no habilitados. Entonces, a la base, hay una necesidad de vivienda que no ha sido resuelta, y es por eso que llegan a estos asentamientos, sin considerar además que se ha creado un negocio a costa de ellos porque hay gente que les vende terrenos ilegales. Como no tienen conocimiento de la ley, la gente se aprovecha. A eso se le suma la pandemia, que vino a profundizar todo ese contexto de desigualdad social.

Cuando las personas migran, habitualmente lo hacen para encontrar nuevas oportunidades y mejoras en la calidad vida que tenían en el país de origen. ¿Qué pasa con estas expectativas cuando se encuentran con este escenario y no les queda más alternativa que instalarse en estos espacios?

Quienes viven ahí lo ven como un tránsito a conseguir algo mejor. Muchos tratan de irse, pero esto es como un círculo vicioso, porque se va una persona, pero llega otra con similares características al territorio. Eso ocurre así porque existe una ausencia del Estado en la temática de migración. Hoy en día hay barreras administrativas que aún los condicionan y limitan a salir adelante. Se van quedando estancados porque los trámites son lentos, y eso mismo no los deja trabajar de manera regular. Son cosas básicas que los detienen para surgir. Falta una política pública que aborde este tema con un enfoque asociado a los derechos humanos e inclusión.

¿Cómo este contexto de vulnerabilidad afecta el desarrollo de las infancias migrantes?

Además de tener dificultades para acceder a servicios básicos -como agua y luz-, los niños y niñas, hijos de migrantes se enfrentan a la brecha educacional del sistema. En pandemia, por ejemplo, como algunos no tenían luz, el derecho a la educación se limitaba porque no se podían conectar. En ese minuto se creó una norma, que era la virtualidad, pero que dejaba a varios afuera. De hecho, tuvimos que hacer campañas de donación de celulares para que ellos y ellas tuvieran esos insumos. Con el tiempo eso ha ido mejorando y hay iniciativas que han conectado a las familias con este servicio tan básico como la luz. Sin embargo, las consecuencias son de largo plazo, es decir, hay niños o niñas que tienen 12 años y aún no saben leer.

De acuerdo con información comunicada de manera pública por el Centro de Estudios del Mineduc, entre 2021 y 2022 hubo más de 50 mil estudiantes desvinculados del sistema educativo, cifra que es 24% mayor respecto a la de 2019. Este problema, ¿tiene su correlato en la población migrante?

En el caso de ellos y ellas pasa lo contrario porque la mayoría de los apoderados buscan que sus hijos estén escolarizados. Es decir, lo ven como una oportunidad. De hecho, la reactivación de matrícula municipal tiene mucho que ver con las personas que vienen llegando a Chile. Incluso ahora la matrícula está colapsada.

¿En qué sentido?

En Maipú, por ejemplo, las matrículas de jardines infantiles o salas cuna JUNJI están colapsadas al ser una comuna donde la población migrante es alta. Lo mismo pasa en los establecimientos del norte de Chile. Incluso, puede que haya, pero en colegios alejados de la zona de residencia de las personas, entonces se hace casi imposible. Se debería inyectar recursos para que los niños y niñas puedan acceder a servicios municipales de educación. Porque si aumenta la población, deberían aumentar la oferta pública. Además, cuando no hay acceso y tampoco hay dinero para pagar algo de manera privada, esta responsabilidad se relega en cuidadoras informales.

A nivel Estado existen iniciativas para abordar esto, como la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros del Ministerio de Educación que busca garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, independiente de su nacionalidad o situación migratoria. ¿Crees que este tipo de medidas son suficientes?

Como esa, hay muchas, pero en el día a día sus impactos no se ven del todo. Yo creo que hay que profundizar el rol de los gobiernos locales para la implementación de estas políticas públicas. Porque pueden haber buenos protocolos, pero si nadie está pendiente de que se cumplan, es difícil que se avance en ellos. Debería ser un esfuerzo colectivo para que tengamos una acogida con impacto positivo en el proceso de inserción.

¿Qué puntos crees que faltaría reforzar para que estas políticas de educación respondan a las necesidades de las infancias migrantes?

Creo que es clave hacer una nivelación cultural y territorial de niños y niñas migrantes que llegan a los establecimientos y reforzar el tema de las barreras idiomáticas. Porque hay casos de niños y niñas haitianas que les cuesta más poder comunicarse y las escuelas a veces no tienen los recursos para contratar a un profesor que hable creole y español. Potenciar eso contribuiría en la integración. Nosotros tratamos de apoyar, dando clases de idiomas una vez a la semana. Es un aporte para disminuir la brecha, pero sigue siendo limitado.

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