La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de ley denominado “Escuelas Protegidas”, iniciativa presentada por el gobierno de José Antonio Kast y que apunta a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales dándoles mayores atribuciones, y permitiendo, entre otras cosas, la revisión de mochilas.

Junto con esto, la iniciativa también busca negarles la gratuidad en educación superior a quienes hayan sido condenados por hechos de violencia escolar.

Ante la aprobación en general, que obtuvo 103 votos a favor, 43 en contra, y 3 abstenciones, la Sala pasó a votar las indicaciones, muchas de las cuales ya habían sido presentadas por la diputada Emilia Schneider (FA) durante la discusión en la comisión.

Durante las votaciones en particular, y tal como lo anunciaron durante la tramitación del proyecto en la comisión, las diputadas Daniela Serrano (PC) y Schneider hicieron reserva de constitucionalidad sobre varios de los artículos aprobados.

Asimismo, el diputado Héctor Ulloa (PPD) manifestó que también desde su partido se sumaban.

“Nos sumamos como bancada a la reserva de constitucionalidad de la diputada Schneider y diputada Serrano, por infringir gravemente lo dispuesto en el artículo 19 número 2 de la Constitución por igualdad ante la ley”, indicó.

“No estamos contentos, estamos tranquilos, porque no es una razón para celebrar el tener que estar tramitando proyectos sobre estos temas, pero sí lo que necesitamos es dar respuesta a esta demanda de la ciudadanía y, por lo tanto, este es en avance, el trámite continúa y vamos a seguir avanzando, escuchando e incorporando también las aclaraciones que sean necesarias”, dijo la ministra Arzola tras la votación, aludiendo a la reserva de constitucionalidad que podría retrasar su tramitación.

“Hemos consultado con los diputados y con especialistas y estamos tranquilos, por eso lamentamos tener que dilatar el trámite (...) y que el proyecto pudiera demorarse", señaló Arzola.

PDG

El Partido de la Gente también se sumó a los votos en contra del proyecto, excepto el diputado Javier Olivares, lo que evidenció la fractura interna.

La bancada no pudo alinear al diputado Olivares para que votara en contra de la idea de legislar, ya que a su juicio “iba en contra de mis principios”.

“Los parlamentarios tenemos que tratar de ser lo más ordenados posible, pero van a haber situaciones que no vamos a compartir y vamos a tener divergencias”, agregó Olivares.

El lunes, la diputada Paula Olmos (PDG), integrante de la Comisión de Educación, ya había fundamentado el voto en contra de la bancada. “Este proyecto está mal hecho porque pretende combatir la violencia a costa de los profesores y eso no lo voy a aceptar”, partió diciendo de forma tajante la legisladora.

Y detalló: “En la comisión di esta pelea, una por una, cada indicación, para proteger a los docentes, para poner reglas claras, para que esto no se transformara en improvisación. ¿Y qué hicieron? No escucharon nada, rechazaron todo.

“El resultado es un proyecto sin procedimiento claro, que le carga la pega a los docentes y a los asistentes de la educación y los quiere transformar en guardias de seguridad revisando mochileras”, continuó Olmos, mientras era escuchada por la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el subsecretario de la cartera, Daniel Rodríguez.

“El profesor está para educar, no para andar revisando bolsos ni enfrentando conflictos que no le corresponde. Eso no fortalece la educación, eso es lavarse las manos como Estado y dejarle el problema a quienes ya están sobrepasados”, continuó la diputada del PDG, quien incluso sacó fuertes aplausos de buena parte de los diputados presentes en la sala.

A renglón seguido, Olmos continuó lanzando sus dardos al gobierno. “Nosotros propusimos algo básico, que estas medidas las haga el personal capacitado con reglas claras; propusimos límites para no aplicar esto a niños pequeños de forma indiscriminada; también lo rechazaron.

Una de las razones de ese rechazo es que el PDG intentó llegar a un acuerdo con la ministra Arzola la semana pasada, cuando la Comisión de Educación debatió y votó en general y particular la iniciativa; sin embargo, las indicaciones de la bancada no fueron recogidas por el Mineduc.