No más de 92 diputados -producto de 18 pareos y otras ausencias- estuvieron presentes durante las más de cuatro horas de sesión de sala de la Cámara, que ayer estaba convocada para votar ocho informes de comisiones investigadoras por distintas contingencias, tanto a nivel nacional como regional, incluso algunas de problemáticas locales.

Por ejemplo, entre los informes que debían votar se encontraba el de la comisión que investigó los eventuales favorecimientos y aumento de caudal para asociaciones de canalistas en las regiones de Ñuble y Biobío.

La decisión de los comités de poner en tabla conjuntamente todos estos informes, obedecía al nivel de atochamiento que tenía la Cámara con varias instancias fiscalizadoras de actos de gobierno, integradas por diputados, que ya habían culminado sus trabajos, pero que aún no eran aprobados ni desechados por la sala.

En el actual periodo legislativo, de 2022 a 2026, los diputados han ingresado 72 solicitudes de comisiones investigadoras, de las cuales 62 han culminado su tarea. El resto aún se encuentra en proceso.

A pesar de que el actual período legislativo aún no culmina (2022-2026), esta gran cantidad comisiones investigadoras ya constituye un récord para la Cámara desde el retorno de la democracia.

Solo a modo de comparación, en el último gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), uno de los mandatos más accidentados y conflictivos del último tiempo por el estallido social y la pandemia, se realizaron 67 comisiones investigadoras. Esa cifra ya era considerada excesiva respecto de los años previos.

Tras el retorno a la democracia, en el gobierno de Patricio Aylwin (1990 - 1994), hubo 15 de estas instancias fiscalizadoras. También fueron 15 comisiones en el período siguiente (1994-1998) y 17 en el subsiguiente (1998-2002), bajo las administraciones de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos. En la recta final del Ejecutivo de Lagos (2000 - 2006), hubo 18.

En el primer mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010) también se contabilizaron 18 de estas instancias. En el siguiente período (2010-2014), la primera administración de Piñera, subieron a 27. Pero, en el segundo Ejecutivo de Bachelet (2014-2018) volvieron a bajar a 18 de estas comisiones.

El problema, a juicio de algunos diputados, es que, en estos años, algunos grupos parlamentarios han abusado de esta herramienta para visibilizar problemáticas locales.

Además de la situación de los canales de regadío, votada este jueves, meses atrás, comisiones investigadoras han abordado otras problemáticas locales como la lenta construcción del Estadio Municipal de San Antonio, las acciones del gobierno para conservar y proteger el campo dunar de la Punta de Concón y el presunto aprovechamiento irregular de aguas en la cuenca del Río Huasco.

Por esta razón, ayer, algunos diputados admitían cierta molestia de que la Cámara se tenga que hacer cargo de asuntos de carácter regional, que no tienen necesariamente repercusión nacional y que obligan a un pronunciamiento institucional.

Otro fenómeno que se ha acentuado en estos años es el uso de este instrumento para arrinconar al bando político opuesto.

Incluso, ciertas comisiones investigadoras han sido promovidas por propios diputados oficialistas, a pesar de que el espíritu que siempre ha regido a estas instancias -así lo remarca la Constitución- es “fiscalizar los actos de gobierno”. Por lo tanto, en rigor son mecanismos que le da la Carta Fundamental esencialmente a la oposición, aun cuando sea minoría en el Congreso. Para constituirlas solo bastan las firmas de dos quintos de los diputados en ejercicio.

Una de estas comisiones sui generis (progobierno y antioposición) se votó ayer: la que investigó “el proceso de acreditación, entrega de recursos públicos, financiamiento, cumplimiento de normativa educacional vigente y funcionamiento general de las universidades”, a propósito del alto sueldo de 17 millones que se conoció que tenía la exministra de Educación, Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián.

El problema de esta instancia, impulsada por el diputado Juan Santana (PS), es que no tenía atribuciones para fiscalizar a privados ni a personas que ya no ejercen un cargo gubernamental. Y, al final, en las conclusiones, la exministra ni siquiera fue mencionada. Ese informe, en particular, fue rechazado en la sala.

Tabla pendiente

En la sesión de ayer -que claramente no concitó mayor interés de los diputados-, no alcanzaron a votar dos de los ochos informes de comisiones que estaban en la tabla, que posiblemente eran las más controversiales.

Pendiente quedó el trabajo investigativo por el caso de ProCultura y el que establece las responsabilidades políticas por el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hoy en prisión preventiva por los delitos de violación y abuso sexual.

Por lo mismo, es que los jefes de bancada del Partido Republicano y Renovación Nacional, Cristián Araya y Miguel Mellado, respectivamente, presionaron para acortar el debate que se daba en la sala. Pidieron a la testera recabar la unanimidad, pero el pleno de la corporación no lo otorgó.