Luego de más de cuatro años de tramitación, la comisión de Salud del Senado aprobó por tres votos contra dos el proyecto de ley que permite la eutanasia.

Las indicaciones que presentará el Ejecutivo modificará importantes aspectos del proyecto contenidos en la moción original.

Entre ellos, elimina la aplicación de la eutanasia para menores de edad, así como tampoco considera alguna afectación sicológica del paciente como causal para acceder a esta muerte asistida.

Estas modificaciones, a cargo del Ministerio de Salud, permitieron la apertura de diversos senadores para aprobar la iniciativa.

Otro cambio importante es la eliminación de la objeción de conciencia institucional, es decir, que las clínicas u hospitales puedan decretar que en el establecimiento de salud no se aplique el procedimiento. Así, esta objeción sólo queda a nivel individual.

El escenario de los votos

En la Comisión de Salud, la iniciativa se aprobó con los votos a favor de los senadores Juan Luis Castro (PS), Ximena Órdenes (ind. -PPD) y el presidente de la instancia, Iván Flores (DC). Por la negativa, en tanto, estuvieron Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI).

EL gremialista, incluso, hizo una reserva de constitucionalidad, invocando los numerales 1, 3 y 6 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

El primer numeral dice relación el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas; el tercero con la “igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos”; y el sexto, respecto a la “libertad de conciencia”. Todos ellos asegurados por la Constitución.

Una vez despachada la iniciativa a la sala del Senado, los comités parlamentarios de la Cámara Alta deberán definir cuándo se coloca en la tabla del pleno.

Sin embargo, desde la Comisión de Salud ya anticipan que su aprobación se ve compleja. Esto, dado que prácticamente la totalidad de Chile Vamos estaría por la negativa -UDI y RN-, mientras que Evópoli sería el partido que le daría el visto bueno para continuar con su tramitación.

Con este cuadro, en el mejor de los casos, la iniciativa contaría con 27 votos a favor y 23 en contra. Sin embargo, la prolongada ausencia del senador Jorge Soria (PPD) -que por motivos de salud no concurre al Congreso- podría echar abajo el proyecto. De caerse en el pleno de la Cámara Alta, el proyecto se archivará, impidiendo reabrir su debate durante un año.

Luego de la votación, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, agradeció “la voluntad de la Comisión de Salud del Senado de dar este paso tan relevante de aprobar la ley en general”. Del mismo modo, aseguró que “somos muy respetuosos de las creencias de las personas, sin embargo también somos respetuosos dela autonomía de las personas para decidir en condiciones bien específicas que son las que establece este proyecto”.

Consultada por los plazos de la discusión, la secretaria de Estado aseguró que “en cuanto al momento en que esté en la sala”, aunque añadió que esperan que se revise “lo más pronto posible”.

“El Presidente lo que nos pidió fue dar urgencia a este proyecto. Nosotros le dimos urgencia, hicimos una revisión completa del proyecto y, por cierto, es que vamos a tratar de que el proyecto se apruebe durante el periodo de este gobierno”, complementó Aguilera.

El origen del proyecto

La iniciativa, que está en segundo trámite constitucional, nació de la fusión de cuatro mociones. La primera de ellas se presentó por Gaspar Rivas y Adriana Muñoz, en el año 2011.

Luego, en 2014 se presentó otra iniciativa que apuntaba a lo mismo. Entre los firmantes aparecen Vlado Mirosevic (liberal), Karol Cariola (PC) y Giorgio Jackson (FA).

En 2018, se presentaron otros dos proyectos. Nuevamente, Mirosevic y Cariola aparecen como firmantes de uno de los proyectos. El otro, fue presentado por diputados de centroderecha, particularmente RN. Andrés Longton, Erika Olivera -hoy en Demócratas- y Marcela Sabat, son algunos de los autores.

Ante la batería de iniciativas, ese año se decidió fusionar los cuatro proyectos. En mayo de 2018 empezó su discusión en la Cámara de Diputados. Casi tres años después -en abril de 2021- se despachó al Senado.

La fusión de estas iniciativas derivó en que el proyecto establezca defina a la eutanasia como “la conducta ejecutada con el fin de causar en forma directa la muerte de un paciente que padece una lesión o enfermedad terminal e incurable. No será sometida a sanción penal la eutanasia cuando ésta sea de carácter voluntario”, de acuerdo al artículo 1°.

Los requisitos para la aplicación de la eutanasia, estipulados en el artículo 2°, son: que su “aplicación sea solicitada y autorizada en forma expresa e inequívoca por el propio paciente a quien se aplicará. En segundo término, ”que sea llevada a cabo por un médico autorizado para el ejercicio de la profesión".

“Que se lleve a cabo a través de un medio o sistema que la ley considere válido para dicho efecto”, de acuerdo al tercer criterio y que “el paciente, al momento de solicitar su aplicación, sea mayor de edad y esté en uso de sus facultades mentales”.