La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó en general, por seis votos a favor y dos abstenciones, el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para regular la continuidad judicial y permitir la dictación de sentencias cuando el acusado no comparezca al juicio.

La iniciativa, correspondiente al boletín 18.208-25, se encuentra en segundo trámite constitucional y cuenta con suma urgencia.

Durante la sesión, el principal debate se concentró en si la normativa podría aplicarse a las cerca de 7.500 personas cuyas causas se encuentran actualmente sobreseídas temporalmente por su incomparecencia, o si sus disposiciones regirían únicamente para procedimientos futuros.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que “evidentemente que las normas procesales rigen in actum, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que todos aquellos juicios orales ordinarios o simplificados que se vayan a realizar a partir de la entrada en vigencia de esta modificación legal van a quedar sujetos a estas normas de juicio oral en ausencia”. Sin embargo, reconoció que existen consideraciones jurídicas particulares respecto de las causas suspendidas.

Por su parte, Ignacio Castillo, representante del Ministerio Público, planteó que las nuevas reglas podrían aplicarse a personas actualmente en rebeldía si estas son detenidas, comparecen ante un tribunal y reciben información sobre las consecuencias de una nueva inasistencia.

Una postura distinta manifestó Leonardo Moreno, representante de la Defensoría Penal Pública, quien advirtió que el artículo 11 del Código Procesal Penal permite aplicar la normativa anterior cuando resulta más favorable para el imputado. En ese sentido, sostuvo que ser juzgado en ausencia podría constituir una condición más perjudicial para el acusado, dificultando la aplicación de la ley a causas anteriores.

Las diferencias también se trasladaron a los parlamentarios. El diputado Jaime Araya (IND.) advirtió que, de no resolverse esta controversia, la legislación podría enfrentar problemas de aplicación. En tanto, el diputado Raúl Leiva (PS) cuestionó la rapidez de la tramitación y la falta de participación de especialistas en derecho procesal durante su discusión en el Senado.

Asimismo, los parlamentarios debatieron sobre la necesidad de contar con un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema respecto de las disposiciones del proyecto, acordando reiterar la consulta al máximo tribunal.

Pese a las observaciones, la iniciativa fue aprobada en general, quedando pendiente su discusión en particular. El acuerdo final contempla recibir a nuevos expertos el lunes 26 de octubre, no realizar sesiones extraordinarias el martes 27 ni el miércoles 28, y fijar el plazo para presentar indicaciones hasta el lunes 2 de noviembre a las 12.00 horas.