Crisis educativa en Atacama: Cataldo apunta a corrupción y crece pugna oficialista

Este miércoles se cumplieron 52 días del paro del Colegio de Profesores en la Región de Atacama, que ha dejado a 46 escuelas y liceos de la zona sin clases y que tiene al ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), en medio de un conflicto que ha crecido en distintas escalas -políticas, educacionales y administrativas- y que ha dejado en evidencia las falencias en ciertas zonas del proceso de desmunicipalización.

Por ello es que el gobierno -con un comité político que ha supervisado el tema activamente- ha endurecido el tono cada vez más. En ese marco este miércoles el ministro planteó en las conversaciones internas fuertes sospechas de que las irregularidades cometidas en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama -que funciona de manera autónoma del gobierno- son constitutivas de corrupción luego de conocer los resultados de las auditorías internas realizadas y también a través de los antecedentes que ha recopilado el mismo ministerio.

Consultado explícitamente sobre la existencia de corrupción señaló a Radio Concierto: “Yo al menos tengo pocas dudas de que eso ocurra, tengo pocas dudas porque los informes de auditoría que se hicieron por el propio Ministerio de Educación, y que a mí me tocó ponerle los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público y también a la Contraloría para buscar las consecuencias civiles, penales y administrativas, dan cuenta de ello”. Y sumó: “También instruimos una auditoría forense para poder identificar responsabilidades individuales, vamos a llegar a las últimas consecuencias”.

Más tarde, al ser consultado por La Tercera para explicar su declaración, el ministro confirmó sus sospechas y detalló que “los antecedentes de las auditorías señalan que hay irregularidades graves”, pero “la determinación de si esto constituye corrupción es algo que los órganos pertinentes tienen que evaluar (...)”.

Desde que el secretario de Estado asumió en la cartera en reemplazo de Marco Antonio Ávila (RD), el 16 de agosto, la crisis educacional en Atacama ha sido una de las principales dificultades de su gestión. De hecho, apenas tomó conciencia de los antecedentes recopilados por la auditoría interna los derivó, según confirmó este medio, a Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público para que definieran las acciones correspondientes.

Dentro de las irregularidades que acusa la cartera liderada por Cataldo están los sobreprecios. La sospecha es que puede haber conflicto de interés entre los compradores y funcionarios del servicio, situación que incluso ha salpicado a los partidos oficialistas ya que el ministerio no ha encontrado aliados en su propio sector -varios han criticado directamente la gestión del gobierno-, sino más bien el ambiente ha estado marcado por otra disputa política por peleas electorales y tensiones cruzadas.

En las últimas semanas han habido desvinculaciones y renuncias en el Servicio Local que dejaron al Partido Socialista en la mira, en especial por dos de sus militantes: Miguel Carvajal, concejal de Copiapó y presidente regional del PS, que se desempeñaba como director jurídico del SLEP; y Claudio Álvarez, concejal de Caldera, a cargo de la gestión de personas del SLEP, que también salió del servicio.

El que ambos sean concejales del mismo partido ha provocado una guerra política entre los parlamentarios de la zona. Por un lado hay quienes acusan al diputado Juan Santana (PS) de ser cercano a ambos funcionarios -además del seremi de Educación de la región, Gabriel González (PS)- pero en su entorno descartan que haya cercanía política y aseguran que son sólo dos contrataciones en cuestión de más de 80 trabajadores del servicio.

“Quienes intentan sacar provecho político de esa crisis educativa no sólo muestran una actitud miserable sino que también develan su desinterés por la solución de los problemas y la educación de los niños”, responde el propio diputado Santana.

Pero igual hay parlamentarios que son críticos. “Hay que ser responsables en las contrataciones en los servicios e instituciones y no pueden corresponder a la cercanía política con ciertos parlamentarios y eso nos está pasando la cuenta. Debemos poner a los mejores técnicamente”, plantea el diputado Cristián Tapia (independiente de la bancada PPD), dando a entender que las contrataciones fueron por cercanía hacia uno de los partidos.

Tapia, junto a la diputada Daniella Cicardini (PS) y la senadora Yasna Provoste (DC) -una de las voces más críticas hacia el gobierno en esta materia- han trabajado en equipo para entregarle soluciones a la crisis junto a entidades privadas. De todas formas, en el Ejecutivo plantean que no ha sido fácil acercar posturas con la excandidata presidencial -que tiene un vínculo con el Colegio de Profesores de la región- y a quien ven como una de las llaves para destrabar el paro, porque creen que hay una medición de fuerzas en la zona ante los próximos procesos eleccionarios.