Las declaraciones del presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, en contra de las eventuales reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo, abrieron un flanco dentro del oficialismo en cuanto a la viabilidad de una modificación a la Carta Magna.

Fue en conversación con La Tercera que Ramirez señaló que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad”.

“La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que al final debilitan la Constitución. Esta práctica se usó mucho y terminó debilitando la Constitución de 1925, que finalmente era incapaz de contener ningún tipo de debate político contingente. También así fue como se fue fraguando la reforma agraria”, añadió el timonel gremialista.

El borrador de la reforma constitucional elaborado en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), y dado a conocer por este medio, plantea que las personas sentenciadas por narcotráfico, terrorismo o crimen organizado sufrirán la suspensión de sus prestaciones de salud, entre otras medidas.

Es así que las palabras del timonel de la UDI generaron distintas reacciones dentro de las filas oficialistas y la oposición.

Por un lado, la diputada gremialista, Constanza Hube, condenó la filtración y sostuvo que “en ningún caso la agenda de seguridad se tiene que anclar en esa reforma constitucional. No buscan refundar nada (...) está todavía trabajándose por parte del gobierno y vamos a apoyar aquellas reformas constitucionales que sean acotadas, quirúrgicas”.

Hube apuntó, además, en contra de las críticas opositoras. “Parece de un nivel de falta de pudor o de audacia extrema que los mismos que fueron guaripolas de un proceso constitucional que buscaba refundar nuestro país, dividir a Chile, debilitar derechos, hoy acusen que una reforma constitucional es un tercer proceso constitucional. Una reforma constitucional no es un proceso constituyente”.

Por su parte, el senador de la UDI, Iván Moreira, intentó poner paños fríos a la situación. “No generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma y de las leyes que se implementarán en Chile con respecto a la seguridad. Pero un gobierno que recibe un país en donde el crimen organizado y la delincuencia sobrepasan al estado, algo hay que hacer”.

“Conozcamos este famoso borrador cuando se envíe exactamente el proyecto definitivo. Con diálogo, con conversaciones, con acuerdos, las cosas se pueden revisar, mejorar, implementar, modificar”, agregó el parlamentario.

Otro cuestionamiento oficialista a los dichos de Ramírez fue el del diputado Mauro Gonzáles (RN), quien sostuvo que las observaciones a la agenda de seguridad “se hacen de manera interna”.

“Por ningún motivo, abrir un flanco que dañe una agenda que es tan importante para el país. Estamos en un diálogo prelegislativo permanente que permita mejorar las iniciativas, y que estas ingresen al Congreso Nacional y tengan un buen trámite”, agregó Gonzáles.

Desde republicanos, el diputado Stephan Schubert respaldó al gobierno. “El Ejecutivo no pretende vulnerar normas, el Ejecutivo lo que pretende es entregar las herramientas que están siendo indispensables para intentar que el crimen organizado y el terrorismo y el narcotráfico que azotan nuestro país puedan retroceder ”, afirmó.

Schubert, por lo tanto, llamó al oficialismo y oposición a “revisar de manera cabal, en profundidad y con transparencia en el Congreso, todos los proyectos de ley en materia de seguridad que ha presentado el Ejecutivo”.

En tanto, el senador Matías Walker, quien anteriormente tuvo un cruce con el timonel republicano, Arturo Squella, señaló que “ahora lo dijo el Presidente de la UDI. Efectivamente establecer excepciones a derechos constitucionales como la prohibición de discriminaciones arbitrarias y la protección de la esencia de los derechos, en la propia constitución, genera un precedente nefasto”.

Cuestionamientos de la oposición

Desde la vereda opositora, el senador socialista, Juan Luis Castro, señaló que si bien todos los sectores comparten la idea de avanzar en materia de seguridad, la reforma es una “mala idea” incluso para el oficialismo.

“La agenda de seguridad del gobierno partió con tropiezos (...) Esto está mal hecho. El instrumental no es el que sirve para el combate y por lo tanto aquí nuevamente se pone a prueba la credibilidad del gobierno de tratar de atarantarse en una reforma (...) Claramente el gobierno tiene que corregir y rectificar el rumbo”, indicó.

En esa misma línea, el senador Iván Flores (DC) calificó el borrador como “una locura” de la que se habían restado incluso desde el mismo oficialismo. “El rechazo a las reformas constitucionales constituyéndose en un tercer nuevo proceso constituyente y esta vez completamente pasado la raya”, dijo.

Flores añadió que si el gobierno es prudente “debería retirarla y seguir por la vía institucional intentando hacer lo que tengan que hacer, pero con buen debate, pero no estas reformas constitucionales que son de verdad alarmantes”.