La jefa y el subjefe de la bancada de diputados de la UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, respectivamente, junto a su par y exintegrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Daniel Lilayu, solicitaron al gobierno iniciar acciones tendientes a la restitución de los recursos pagados en el caso de Bernarda Vera.

Esto, luego que pese a figurar en el Informe Rettig como víctima de desaparición forzada, la mujer fue hallada recientemente viviendo en Argentina, lo que fue confirmado mediante un examen de ADN acreditado por el Servicio Médico Legal (SML). Los resultados, además, fueron informados a los familiares por el ministro en visita para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre.

Cabe consignar que a fines de septiembre de 2025 un reportaje emitido por Chilevisión dio con el paradero de una mujer en Argentina, quien presuntamente correspondía a Vera, lo que ahora fue ratificado por la justicia. La mujer aparece vinculada a un hecho ocurrido el 10 de octubre de 1973 en el río Toltén, en un episodio conocido como la “masacre de Liquiñe”, y por el cual se obtuvo condenas judiciales.

Ante la confirmación, los parlamentarios gremialistas solicitaron al Ejecutivo, así como al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que puedan iniciar las acciones pertinentes para recuperar los recursos que se pagaron a los familiares de Vera, asegurando que “si por años o décadas se entregaron dineros públicos de forma fraudulenta, lo que corresponde es que sean restituidos en su totalidad”.

De acuerdo a los congresistas, por información solicitada al Instituto de Previsión Social (IPS), conocieron que se otorgó una pensión a la madre de la mujer hasta su fallecimiento y a su hija hasta que cumplió 25 años, quien posteriormente volvió a recibir otro beneficio económico por causal de discapacidad, que se continúa pagando actualmente por un monto mensual de casi $800 mil pesos.

“Lo que ha confirmado el Poder Judicial es de la máxima gravedad y amerita que el gobierno ejerza todas las acciones que tenga a su alcance. Durante años e incluso décadas el Estado reconoció como víctima a una persona que estaba viva y otorgó millonarios recursos a sus familiares", cuestionaron los legisladores UDI.

A eso agregaron que “no basta con que el caso llegue hasta aquí, lo que corresponde es recuperar todos los fondos públicos que se hayan obtenido de manera fraudulenta y, además, perseguir las eventuales responsabilidades que puedan existir. Los recursos del Estado pertenecen a todos los chilenos y nadie puede pretender enriquecerse a costa de un engaño que se prolongó durante años”.