En una acción inusual y a ojos de algunos legisladores completamente irregular, la Cámara de Diputados decidió echar pie atrás y anular la votación que tuvo la comisión revisora de la acusación constitucional al juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

¿La razón? La falta de un antecedente que querían tener a la vista los diputados integrantes de la comisión y que, inicialmente, no habría llegado en el plazo que dictaminaron.

Se trataba de una prueba (comprobantes de transferencias y depósitos) que según la defensa del magistrado acreditaban que Simpertigue no fue invitado por los abogados del consorcio Belaz-Movitec a un crucero.

Sin embargo, en un error que se le atribuyó al secretario de la instancia, Roberto Fuentes, el documento sí llegó en tiempo y forma, pero el funcionario no lo informó a la presidenta de la comisión, Maite Orsini (FA).

El problema es que sin esa prueba, la comisión procedió a la votación y por 4 votos a favor -de manera unánime- se decidió recomendar a la sala la aprobación del libelo.

No obstante, luego de que Orsini corroborara que el antecedente había llegado, en una decisión que aparentemente no fue consultada con los otros miembros de la instancia revisora, resolvió que se repetiría la votación este jueves. Con ello, se dejó sin efecto la sesión de sala de la Cámara para votar la acusación y esa citación quedó pospuesta para el próximo lunes.

A pesar de que la determinación contaba con la anuencia de la secretaría de la Cámara, esta situación causó extrañeza, ya que introduce un procedimiento que sería irregular, a juicio de juristas consultados, y levantó suspicacias de que pueda cambiar el desenlace de la votación final de la acusación en la sala.

En un punto de prensa, Orsini -flanqueada por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, y por el secretario de la comisión- sostuvo: “Tengo que volver a ponderar mi decisión, quiero escuchar al abogado de la defensa, que aclare los documentos que envió”.

“Si bien puede o no cambiar mi voto, creo que sí es muy importante tenerlo a la vista a la hora de votar, porque es bastante más grave una conducta que la otra”, añadió la diputada.

“Los antecedentes parecieran señalar que el ministro costeó con sus recursos el pago de ambos cruceros. Y también hay cartolas de la esposa del ministro, donde se ven distintos cobros, entre ellos, dos a la empresa Latam de un monto de USD 1.200 cada uno. Y otros pagos de hoteles en el mediterráneo”, explicó Orsini.

Y remató: “Eventualmente podría, para algunos parlamentarios, no configurarse la causa de los nuevos abandonos”.

Raro

Tras la decisión, el diputado Daniel Manouchehri (PS), impulsor del libelo, señaló a 24 Horas que el pago realizado por Simpertigue para asistir a los cruceros “no es un argumento contundente para la acusación constitucional”.

“Jamás ha estado en cuestión quién pagó el pasaje, al contrario (...) en este caso lo que él está diciendo es que habría devuelto el dinero con el cual le compraron, estos mismos abogados, el pasaje”, relevó.

Por esto, señaló, “creemos que no es un argumento que cambie la decisión”.

Respecto de la decisión de volver a votar, Manouchehri sostuvo que “me parece raro todo esto. Una situación que normalmente ya está zanjada por la Cámara de Diputados, no obstante sucedan estos problemas administrativos, yo no había visto que se hiciera una revisión nuevamente”.

Silva y juez Carroza

En la primera sesión que tuvo la comisión este martes, comparecieron el juez de la Corte Suprema, Mario Carroza, y el exintegrante de este mismo tribunal, Guillermo Silva.

Frente a los diputados, abordó cómo los jueces aplican las inhabilidades.

“Si estoy afiliado a Colmena, no entro a causas de Colmena; si tengo cuenta corriente en el BCI, hago inhabilidades al BCI, pero con abogados es muy raro que uno haga inhabilidades”, afirmó Silva.

Más adelante, remarcó que “la imparcialidad es esencial en un juez”. Si es que algún juez no goza de esa característica, agregó Silva, “no puede ser juez”.

Carroza, por su parte, luego de la comisión, ofreció un punto de prensa donde hizo un mea culpa.

“Es lamentable que tengamos que vernos envueltos en estas situaciones. No hemos tenido un buen comportamiento”, señaló el integrante de la Suprema.

Y agregó que “la fiscalización de parte del Congreso es la correcta. Ellos tienen que realizar su labor y nosotros la nuestra”.

En esa línea, Carroza sostuvo que “en definitiva, no se trata de un buen comportamiento, se trata de qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros en el comportamiento. La ciudadanía espera que haya un juez imparcial, objetivo, independiente y ese juez que tenga esas características y estas condiciones, es el juez que nos juzgue a nosotros”.