Por 24 votos a favor, 6 en contra, 11 abstenciones y un pareo, este lunes la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de “Escuelas Protegidas”, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.

Los votos negativos fueron de la senadora independiente Fabiola Campillai, los PC Daniel Núñez,Claudia Pascual y Karol Cariola, y los frenteamplistas Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez.

La expectativa de La Moneda era despachar la iniciativa -que se encuentra en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata- durante la jornada.

Pero ni la discusión inmediata ni la sesión especial que acordó el Senado fueron suficientes para lograr ese objetivo.

En vista de que la sesión en la Cámara Alta no avanzaba a la votación de la iniciativa, los comités parlamentarios acordaron de forma unánime votar en general el proyecto y dejar la revisión del articulado para este martes en la sesión ordinaria de las 16.00 h.

Este acuerdo del Senado, que era seguido atentamente por las autoridades administrativas de la Cámara, obligó a esta rama del Congreso a fijar la discusión del proyecto del Mineduc para después de la cuenta pública presidencial del 1 de junio.

Este escenario significó un revés para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, pues su apuesta era lucir como ley de la República “Escuelas Protegidas” en su primer mensaje presidencial ante la nación.

Sin embargo, a La Moneda aún le quedan algunas herramientas para forzar a la Cámara de Diputados a sesionar en lo que resta de mayo.

La principal, es la facultad constitucional que tiene el Presidente de la República de pedir que se cite a sesión, “indicando los motivos“, y que dicha audiencia deba celebrarse ”a la brevedad posible”, como lo establece el artículo 32 de la Carta Fundamental.

La última vez que un jefe de Estado hizo uso de esta herramienta fue el expresidente Gabriel Boric, quien obligó a la Cámara de Diputados a tramitar la reforma de pensiones en enero de 2025.

El proyecto

El proyecto consta de seis artículos. Los principales tienen que ver con la incorporación de un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria. A los tres que ya contempla la ley actual, el gobierno de Kast busca añadir la condición de “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

La otra norma relevante es la posibilidad que tendrán los establecimientos de contar con un protocolo interno para la “revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes”.