Estado social de derecho, bicameralidad y cerrar la puerta a la plurinacionalidad: las piedras de tope para terminar las bases constitucionales

Las dos coaliciones oficialistas, la DC y Chile Vamos están de acuerdo en mantener la Cámara y el Senado, pero están entrampados en cuánta cancha dejar abierta para que el futuro órgano pueda modificar algunas de sus facultades. La derecha, en tanto, empuja con fuerza explicitar que Chile es una sola nación, pretensión que choca con la postura del Frente Amplio. Como telón de fondo está el debate por el rol preferente del Estado en la provisión de derechos sociales y cuánto espacio dejarles a los privados en ese tema.


“No vamos a tener ningún documento para presentar mañana. Nos estamos tomando el tiempo que sea necesario para llegar a buenos acuerdos”. Las palabras son del diputado UDI Guillermo Ramírez y las dijo este miércoles, a la salida de una nueva reunión entre el oficialismo y la oposición.

Las tratativas -que continuarán en una reunión ampliada este jueves a las 10.00 en el Congreso en Santiago- para llegar a un nuevo acuerdo político que le dé continuidad al proceso constituyente han ido más lento de lo que les gustaría a los partidos políticos del oficialismo.

“Vamos sin prisa, pero sin pausa”, repetían durante la jornada dirigentes políticos que están negociando. A pesar de lo complejo del asunto, quienes están al interior del grupo comentan que el tono y la calidad del debate “han sido muy positivos”. Por lo tanto, pese a que llevan un mes en conversaciones hay esperanza de llegar a buen puerto.

La discusión de este miércoles volvió a centrarse en el listado de bases constitucionales. Conocedores del tenor de las tratativas aseguran que, hasta el momento, son tres los nudos que no han permitido llegar acuerdo: la plurinacionalidad, los alcances de la bicameralidad y el detalle del Estado social y democrático de derecho.

Sobre lo primero, Chile Vamos ha empujado con fuerza incluir en las bases el reconocimiento de que Chile es una sola nación. Este principio, dicen en la derecha, está pensado para bloquear cualquier posibilidad de revivir la plurinacionalidad. Hacerlo implica dejar la puerta abierta a otros asuntos, como el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, escaños reservados, entre otras fórmulas.

En el oficialismo no habría mayor problema en lo planteado por la derecha, salvo en el Frente Amplio (FA). El diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), según presentes en la cita, fue enfático en señalar durante el encuentro que su bloque no está de acuerdo con la definición de que Chile es una sola nación, sino que apuestan por el concepto de la soberanía del pueblo. Una discusión que, en todo caso, históricamente ha levantado la izquierda.

En el FA, de todas formas, reconocen que defienden esta idea, pero que en ningún caso se ha planteado persistir con la plurinacionalidad. “Sería una tontera”, dicen.

El segundo punto tiene que ver con los alcances de la bicameralidad. Entre todas las fuerzas políticas hay consenso en que uno de los bordes debe ser el modelo del Congreso bicameral con Cámara de Diputados y Senado, en contraposición al bicameralismo asimétrico que quiso instalar la Convención.

El problema está en el detalle y los alcances. Sectores de los partidos de gobierno quieren dejar abierta la cancha a que el futuro órgano redactor pueda hacer modificaciones en las facultades de ambas cámaras, una idea que es resentida en Chile Vamos.

Estado social de derecho versus libertades

La negociación también está entrampada en la manera en cómo dejar plasmado el Estado social y democrático de derecho. Ese principio no fue incorporado en los bordes que acordó el oficialismo en un documento común. En una primera instancia los partidos de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático prefirieron no ponerlo para ser coherentes con su postura de solo añadir bordes que sean institucionales y no dejar pasar los asuntos de contenido o programáticos .

Sin embargo, la derecha fue un paso más allá y la definición de Estado social la dejaron consignada en el punto 1.3 de sus bases, pero lo hizo a su estilo. “Chile es un Estado social de derechos y libertades”, se lee en el documento de trabajo interno que elaboró Chile Vamos.

El FA no está a favor de aceptar la redacción de esta base en los términos en que los está planteando la derecha. La razón se debe a que el fraseo “Estado social de derechos y libertades” traería consigo la mantención del principio de subsidiariedad que está presente de manera implícita en la Constitución vigente.

En esa misma línea, sectores del oficialismo plantean que otros de los bordes de la derecha -la protección a “la libre elección en materia previsional, educacional y de salud y los derechos sociales”- no permiten que se pueda llegar a acuerdo. Eso, dicen en el FA, es muy similar al modelo subsidiario actual.

La discusión de esta parte es una señal de que las tratativas están entrando a temas de “profundidad ideológica”. Por lo mismo, fuentes al interior del grupo negociador afirman que la solución estará en buscar una redacción que deje tranquilos a ambos lados.

“Hay que afinar el fraseo”, dice uno de los dirigentes políticos. Hasta el momento todo indica que se optaría por encontrar una fórmula que incluya la provisión mixta, de manera de dejar abierto un rol preponderante del Estado en la provisión de derechos sociales y en la corrección de las desigualdades, pero sin cerrarle la puerta a la participación de los privados.

A la salida del encuentro, el diputado Ibáñez se refirió indirectamente a esta discusión. “Nuestra voluntad es que esta nueva Constitución no sea más de mercado ni más restrictiva en el ámbito de la participación ciudadana de la que actualmente se le está ofreciendo al país. Me da la impresión de que estamos avanzando, pero hay diferencias también importantes sobre las cuales vamos a tener que resolver mañana, justamente sobre cuál es rol del mercado en la sociedad”, dijo el diputado.

El secretario general de RN, Diego Schalper, por su parte, remarcó la distancia que se está tomando del proceso anterior. “Hay que evitar las frases grandilocuentes, hay que evitar los emplazamientos (...) Se han ido sentando puntos importantes para los chilenos, principios que permitirán tener la tranquilidad de que no se quiere refundar el país, que aquí hemos abandonado la hoja en blanco y que más bien estamos construyendo algo que le permita al país avanzar teniendo a la vista lo que han sido los tremendos progresos en los últimos años”, afirmó el diputado.

El debate de fondo

La discusión por el Estado social y democrático de derecho, para muchos, es una de las grandes batallas del proceso de redacción de una nueva Constitución. Así fue en la Convención, y el tenor de la negociación de los partidos muestra que el asunto aún está lejos de resolverse. Por lo mismo, quienes están al tanto del diálogo al interior del grupo negociador confirman que lo que hay de fondo es una discusión por dos tipos de modelos.

Un Estado social es compatible con una provisión mixta de derechos sociales, con participación del Estado, mercado y sociedad civil, que mezcle solidaridad y subsidiariedad, garantizando un piso mínimo de subsistencia a todos los ciudadanos. Así sucede en la Constitución de Alemania, España y Colombia, por mencionar algunas. Lo importante es que la Constitución no sea un impedimento para que gobiernos de derecha o izquierda puedan impulsar sus agendas con mayor o menor énfasis en la tarea del Estado”, explicó el abogado constitucionalista y exconvencional de RN Ruggero Cozzi.

El abogado, quien está asesorando a ese partido en estas negociaciones, además planteó que recibe con extrañeza que el oficialismo no quiera avanzar en esta línea si fue algo que comprometieron en el documento firmado por todos los partidos de gobierno bajo el nombre de “Apruebo para reformar”.

El abogado que integra la comisión constitucional de la DC, Tomás Jordán, en tanto, comentó que en esta parte de las negociaciones hay dos visiones sobre el Estado en juego y que el resguardo debe estar en escoger una opción que guíe una forma de implementar las políticas públicas y una opción que cierre un modelo rígido que termine preconfigurando la redacción de la nueva Constitución.

“Los modelos de Estado social involucran siempre las libertades personales, la libertad económica y el rol preferente del Estado en ciertas áreas de derechos sociales. Cada modelo de Estado social se va configurando de acuerdo a sus propias particularidades, no hay modelos que sean iguales unos a otros. El debate sobre Estado social necesariamente tiene que concordar que conlleva libertades y el rol del Estado en derechos sociales. Será la discusión futura la que ejecute un modelo concreto”, concluyó Jordán.

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