Desde que se puso en marcha la administración del Presidente José Antonio Kast, en la izquierda se volvió a instalar un conflicto político que los acechó de forma permanente en el gobierno de Gabriel Boric: cómo abordar la agenda de seguridad.

Mientras el PS y el PPD han apostado por respaldar las iniciativas del gobierno en esta materia, el Partido Comunista y el Frente Amplio han decidido rechazar de plano todas las ideas que plantee La Moneda para ser discutidas en la sede del Congreso Nacional.

Una primera muestra de ello fue a menos de dos semanas de haber iniciado el gobierno. El 24 de marzo, el Ejecutivo le solicitó al Congreso la renovación del estado de excepción constitucional que rige en la Macrozona Sur.

En la votación en la Cámara de Diputados, las bancadas del PPD y del PS -salvo Daniel Manouchehri, César Valenzuela y la representante de La Araucanía, Emilia Nuyado- votaron a favor. Mientras que el FA optó por la abstención -aunque Gonzalo Winter lo rechazó- y el PC votó en contra.

En la última renovación que tuvo solicitar el Ejecutivo al Congreso, el pasado 20 de julio, los diputados nuevamente corrieron por colores propios. Mientras algunos socialistas, como Raúl Leiva o Juan Santana, respaldaron la herramienta; otros, como Manouchehri, Carolina Cucumides (ind. -PS) se abstuvieron.

El Frente Amplio, en esa oportunidad, se inclinó por la abstención y el PC por rechazar.

En abril, en tanto, el Ministerio de Educación tramitó el proyecto -que ya es ley- de Escuelas Protegidas. En todo el transcurso del trámite, nuevamente se volvió a evidenciar diferencias en la izquierda. Mientras los diputados Santana, Daniela Serrano (PC) y Emilia Schneider (FA) -integrantes de la comisión de Seguridad- eran los impulsores de las impugnaciones al Tribunal Constitucional de diversos puntos del proyecto.

En la idea de legislar -es decir, la votación en la que deciden si discuten o archivan el proyecto por un año- el FA, el PC y algunos diputados del PS votaron en contra. El PPD, por su parte, estuvo por aprobar el primer trámite del proyecto.

Este martes, hubo otros dos proyectos que en los que nuevamente quedaron en evidencia estas diferencias. Por un lado, en la sala de la Cámara de Diputados, se votó una iniciativa de reforma constitucional que permite a los militares, en medio del estado de excepción, realizar controles preventivos de identidad.

En su primer trámite constitucional, el diputado Marcos Ilabaca (PS) hizo reserva de constitucionalidad, es decir, observaciones para que el TC se pronuncie respecto de la legalidad del proyecto.

Esta arremetida en contra de la iniciativa, sin embargo, no impidió que el resto de sus pares de bancada aprobaran el proyecto, incluido el jefe de los diputados, Raúl Leiva. Al respaldo de la reforma del gobierno también se sumaron los diputados del PPD y los liberales.

En contra estuvieron los representantes del FA y del PC.

En paralelo, en la comisión de Seguridad Ciudadana se votó la idea de legislar en torno al proyecto de ley, iniciado en moción parlamentaria por un grupo de diputados de derecha, pero también de Jaime Araya (ind. -PPD), que extiende la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales o militares, más conocido como ley Naín Retamal 2.0.

En la comisión, los diputados Araya y Leiva votaron a favor, mientras que Tatiana Urrutia (FA) y Bernardo Salinas (ind. -PC) se mostraron en contra.

Consultado por este cuadro de votaciones que muestra la oposición en seguridad, el diputado Leiva aseguró que “como Partido Socialista hemos definido que una de nuestras prioridades es siempre estar aprobando normas que permitan mejorar las condiciones de vida de las y los chilenos”, remarcando que aquello que vulnere alguna garantía individual no lo van a respaldar.

“Sí nos parece muy importante reforzar la ley Nain-Retamal”, complementó Leiva.

Y recalcó: “Hay materias en las cuales sí existe un acuerdo transversal, por ejemplo, en la inteligencia financiera, seguir la huella del dinero y el alzamiento del secreto bancario”.

El quiebre por la absolución de Crespo

A tal punto llegan las diferencias entre las dos almas de la izquierda, que hacia finales del gobierno anterior -cuando aún eran oficialistas- la alianza se terminó por quebrar luego de la absolución de excarabinero Claudio Crespo, quien enfrentó un juicio de seis años por haber dejado ciego al actual diputado Gustavo Gatica (ind. -PC) en medio de las protestas del estallido.

Blindado jurídicamente por la ley Nain-Retamal aprobada en el gobierno de Boric, el Frente Amplio acusó a sus pares del Socialismo Democrático de haber permitido una violación de los derechos humanos.

Esto, llevó a que las relaciones en la izquierda escalaran a su punto máximo, desatando la furia, particularmente, del Partido Socialista, quien respondió públicamente en voz de su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, a los recordatorios que hacían desde el Frente Amplio que el PS y el PPD respaldaron las normas que, a la larga, terminaron por beneficiar a Crespo.

Otras iniciativas emblemáticas en materia de seguridad, como la ley antiterrorista o las renovaciones de estado de excepción -que pedía el propio gobierno de Boric- también encontraron el voto en contra del PC y del FA, mientras que desde el Socialismo Democrático votaban a favor.