El Comité de Auditoría Parlamentaria inició una auditoría general a la asignación de personal de apoyo de todos los parlamentarios, en el marco del Plan Anual de Auditoría 2026-2027, según un oficio reservado enviado a los 155 diputados y 50 senadores.

De acuerdo con el documento, la revisión abarcará los gastos por servicios prestados entre marzo y mayo de este año, e incluirá a la totalidad de los legisladores y comités parlamentarios que hayan presentado gastos por este concepto.

La abogada coordinadora del Comité, Priscila Jara, informó que la auditoría será liderada por el integrante del organismo, Carlos Tapia Sagredo, quien actuará como canal oficial durante todo el proceso.

El oficio también solicita a cada parlamentario designar, en un plazo de cinco días hábiles, a una persona de contacto para facilitar el desarrollo de la auditoría, entregando sus datos de identificación y comunicación.

En caso de no cumplir con ese requerimiento, el Comité advirtió que las eventuales solicitudes de información serán enviadas directamente a los propios legisladores, sin perjuicio de los antecedentes que puedan recabarse a través de la administración del Congreso.

Proceso inédito

La medida marca un cambio relevante en la forma en que se realizan estas revisiones. Hasta ahora, las auditorías se efectuaban mediante muestreos aleatorios, mientras que en esta oportunidad se revisará la totalidad de los parlamentarios.

El foco del proceso estará puesto en los gastos asociados a personal de apoyo, una de las asignaciones más relevantes dentro del funcionamiento legislativo.

Desde el Congreso han señalado que la auditoría responde al plan regular del Comité y no a un caso específico. Sin embargo, el proceso se da en un contexto de cuestionamientos por el uso de estas asignaciones, particularmente tras la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso contra la senadora Camila Flores (RN).

Según el Ministerio Público, en octubre de 2025 se recibió una denuncia anónima en su contra por presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco en carácter reiterado. La causa está a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción y las diligencias son realizadas por el OS9 de Carabineros, manteniéndose bajo reserva.

Tras conocerse la investigación, la senadora aseguró que desconoce los detalles de la denuncia debido a su carácter reservado, pero afirmó que colaborará con la justicia.

“No tengo nada que ocultar (...) colaboraré plenamente con la justicia, entregando todos los antecedentes que sean requeridos”, sostuvo, agregando que enfrentará la situación con “la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar”.

El Comité de Auditoría Parlamentaria deberá emitir un informe una vez finalizado el proceso de revisión.