La bola de fuego duró un segundo. El auto azul voló por el aire, cayó y patinó por la calle con la carrocería destrozada. El impacto de la explosión se extendió por Sheridan Circle, el sector de las embajadas en Washington DC. Un policía que custodiaba la zona cayó semiinconsciente, mientras otro oficial corrió a toda prisa hacia la columna de humo. Se abrió paso en medio de la nube negra y, entre los escombros, tropezó con un zapato que contenía un trozo de pierna. En un instante, olió la muerte y se sintió de nuevo en Vietnam.

A las 9.38 del 21 de septiembre de 1976, el auto en el que viajaban el excanciller Orlando Letelier, su asistente Ronni Moffitt y el esposo de esta, Michael, explotó a un par de kilómetros de la Casa Blanca. Letelier y Moffitt murieron segundos después. Fue un crimen estremecedor, fríamente planificado y de gran conmoción pública.

-El asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt fue el primer y único caso de terrorismo de Estado en suelo estadounidense -recuerda hoy el exfiscal Eugene M. Propper.

-El Departamento de Justicia y el FBI lo consideraron el primer caso en el que se sospechaba de un gobierno extranjero. Tuvo un impacto enorme -agrega.

Con 29 años, Propper era fiscal de la unidad de Crímenes Mayores del Departamento de Justicia. Ninguno de sus casos anteriores tuvo la repercusión ni las dificultades del caso Letelier.

Durante la investigación enfrentó pistas falsas, espías, agentes encubiertos, presiones políticas y mentiras del gobierno de Augusto Pinochet. Esa trama dio forma a Laberinto, el libro que escribió junto con el periodista Taylor Branch. Narrado con la agilidad y tensión de una intrincada novela de suspenso, el libro fue publicado originalmente en 1981 y vuelve hoy a las librerías, a 50 años del crimen.

-Comencé a dirigir la investigación el mismo día en que ocurrió el atentado. Casi de inmediato, tanto la izquierda como la derecha políticas intentaron influir en ella o incluso ejercer presión —cuenta.

Tras dos años y medio de investigación, Propper llegó a la certeza de que la DINA, por orden de Pinochet, era la responsable del crimen. Acusó a Michael Townley y Armando Fernández Larios como autores materiales, quienes actuaron con la colaboración de cubanos anticastristas, y a Manuel Contreras y Pedro Espinoza, los jefes de la DINA, como los responsables intelectuales. Sin embargo, la Corte Suprema negó la extradición de los militares chilenos.

En cambio, Townley fue expulsado del país y su confesión fue clave para resolver el caso. Llegó a un acuerdo de colaboración con la fiscalía: estuvo cinco años en la cárcel y luego se acogió al programa de protección de testigos.

Propper recuerda que fue el caso más desafiante y estresante que enfrentó.

-Los últimos meses de la investigación, que culminó en un juicio de seis semanas, fueron agotadores. Cuando terminó el juicio había bajado siete kilos y perdido muchísimas horas de sueño. Permanecí en la Fiscalía Federal casi tres años más de lo previsto para poder concluir este caso.

También recuerda la primera vez que escuchó el testimonio de la viuda, Isabel Letelier, antes de su declaración en el juicio. Propper se sentó en la mesa de la fiscalía. El fiscal asistente, Larry Barcella, en el estrado del jurado, y un fiscal más joven se encontraba en los asientos del público.

-Le dije a la señora Letelier que no le haría preguntas y le pedí que simplemente contara su historia. Fue la primera vez que escuché su relato completo y se me hizo un nudo en la garganta. Larry y el otro fiscal estaban llorando. Ella contó cómo Letelier había sido encarcelado y la manera en que sus vidas habían cambiado. Su relato nos impactó profundamente, de modo que comprendí que también tendría un gran efecto sobre el jurado.

Mi opinión, compartida por el agente Carter Cornick, era que teníamos que hacer todo lo posible por resolverlo, para demostrar que Estados Unidos no toleraría actos de esa naturaleza.

Cuando ocurrió el crimen, usted ya pensaba dejar el servicio público. Su jefe, Earl Silbert, le advirtió que el caso le traería dificultades por sus implicancias políticas. ¿Cuál fue su motivación para tomarlo?

Mi motivación en todos los casos de este tipo era hacer justicia a las víctimas. Pero una motivación igualmente personal era la probable dificultad del caso y el desafío de resolverlo. El señor Letelier y la señora Moffitt fueron asesinados, y mi trabajo consistía en llevar a los responsables ante la justicia.

La importancia excepcional del caso radicaba en que el señor Letelier había sido embajador y fue asesinado en el barrio de las embajadas. En virtud de una ley federal, eso lo convirtió en un caso federal e incorporó al FBI a la investigación. Mi opinión, compartida por el agente Carter Cornick, era que teníamos que hacer todo lo posible por resolverlo, para demostrar que Estados Unidos no toleraría actos de esa naturaleza.

Una vez que conocí la existencia de la DINA y sus actividades, inmediatamente pensé que era la probable autora del crimen, sobre todo debido a los atentados anteriores contra Carlos Prats y Bernardo Leighton.

¿Cuál fue la mayor dificultad que enfrentó?

Cuando comencé la investigación supe de la existencia de la DINA. Antes no sabía nada de ella. Hay que recordar cuándo ocurrió esto: no había computadores ni internet. Mis únicas fuentes de información eran The Washington Post y las noticias de la noche. Una vez que conocí la existencia de la DINA y sus actividades, inmediatamente pensé que era la probable autora del crimen, sobre todo debido a los atentados anteriores contra Carlos Prats y Bernardo Leighton. Pero nadie podía indicarme una estrategia para investigarla. Un fiscal estadounidense cuenta con el FBI y con las facultades del gran jurado, pero estas no se extienden a países extranjeros.

El FBI, agrega, tenía un agente en Sudamérica, pero no vivía en Chile: “No podía portar una placa ni un arma y tenía que informar a la DINA si quería investigar allí. No podía obligar a nadie a colaborar. Por lo tanto, Bob Scherrer, el agente del FBI, le informó a Manuel Contreras que estábamos investigando a la DINA”.

Adicionalmente, dice, en esa época las ramas criminal y de contrainteligencia del FBI no trabajaban bien juntas. “Eso nos causó numerosos problemas a Carter Cornick y a mí”.

¿Qué papel desempeñó el gobierno de Pinochet en la investigación?

El gobierno de Pinochet nos puso obstáculos y nos mintió, sin duda debido a Contreras y, muy probablemente, a Pinochet. Una vez que presenté ante el tribunal un documento que, en esencia, afirmaba que la DINA había ordenado a dos personas asesinar a Letelier, otros funcionarios del gobierno intervinieron y comenzamos a recibir cierto grado de cooperación, aunque seguían sosteniendo que Chile no había tenido participación alguna en los asesinatos.

A su vez, Propper destaca la colaboración que recibió del embajador de Estados Unidos en Chile, George Landau: “Me ayudó mucho a conseguir lo que consideraba necesario. Eso incluyó encontrar a Michael Townley y conseguir que fuera expulsado a Estados Unidos”.

Si el gobierno de Chile hubiera utilizado exclusivamente a su propia gente, nunca habríamos resuelto el caso.

¿Hubo un momento en que sintió que el caso se le escapaba de las manos?

En nuestro sistema, una convicción no basta para acusar y condenar a alguien. Teníamos que probar el caso más allá de toda duda razonable. Decir que la DINA lo había hecho, algo que escuchaba con frecuencia, no me ayudaba a conseguirlo. Creíamos saber lo que había ocurrido entre Townley y los cubanos gracias a información de terceras personas, pero no teníamos el nombre de Townley ni el testimonio de ninguno de los participantes. Townley era conocido como “el chileno rubio”. Antes de que él y Armando Fernández fueran identificados, el FBI quería suspender la investigación activa debido a sus enormes costos. Su plan era esperar hasta que aparecieran nuevas pistas, sin realizar más trabajo para generarlas. Eso habría significado la muerte de la investigación. Fue entonces cuando sentí que el caso comenzaba a escapárseme de las manos.

¿Qué hizo?

A mi jefe le informaron que el FBI quería cerrar la investigación y le preguntaron si había algo que yo quisiera hacer antes. Sabía que si me limitaba a presentar cartas rogatorias para descubrir las verdaderas identidades de Juan Williams (Townley) y Alejandro Romeral (Fernández Larios), las respuestas serían falsas, suponiendo que llegaran a responderlas.

Como último recurso, presenté ante el tribunal un documento que, a diferencia de las cartas rogatorias, era de acceso público. No le informé al FBI de lo que estaba haciendo. Era algo que nunca había visto hacer, pero era completamente legal.

Propper recuerda que el documento está integrado al libro y comienza así:

“Ha llegado a conocimiento del fiscal general de Estados Unidos y del fiscal federal para el distrito de Columbia que dos miembros de las Fuerzas Armadas chilenas ingresaron a Estados Unidos un mes antes de los asesinatos de Letelier y Moffitt. Al menos uno de estos hombres se reunió con una de las personas que se cree responsable de estos asesinatos”.

El documento concitó la atención de la prensa mundial, dice, “y eso marcó el comienzo de nuestro avance hacia la resolución del caso”.

¿Cuál fue el error decisivo de sus autores?

Hubo varios, pero uno que resultó fatal para Chile fue involucrar a cubanos que se encontraban en Estados Unidos y estaban sujetos a nuestra jurisdicción. Si el gobierno de Chile hubiera utilizado exclusivamente a su propia gente, nunca habríamos resuelto el caso, porque no habríamos tenido acceso a ellos.

Supe lo que (Contreras) les había hecho a numerosos ciudadanos chilenos, de modo que me pareció una persona malvada.

¿Qué impresión se formó de Manuel Contreras?

Supe lo que les había hecho a numerosos ciudadanos chilenos, de modo que me pareció una persona malvada. Personas del Departamento de Estado me contaron más acerca de él. Bob Scherrer lo conocía bien y consideraba que era inteligente y astuto. Nunca conocí a Contreras.

¿Cómo evalúa la decisión de los tribunales chilenos de rechazar las solicitudes de extradición?

Era muy evidente que estaban sometidos a presiones políticas, pero no entraré en detalles. El derecho internacional establece que cuando un país presenta a otro una solicitud de extradición, rige la legislación del país requirente. Eso es lógico, porque allí se cometió el delito y son las leyes de ese país las que se aplican. La Corte Suprema de Chile sostuvo que nuestra solicitud no era suficiente de acuerdo con la legislación chilena. Ese no era el criterio correcto.

Una vez que asumió el gobierno democrático, la decisión fue modificada y nuestras pruebas se utilizaron en los tribunales chilenos.

Mi opinión personal era que el gobierno chileno nunca extraditaría a Contreras, tanto por los secretos que conocía como porque pertenecía a las Fuerzas Armadas. Lo mismo valía para los otros oficiales militares a quienes acusamos. Esperábamos que las pruebas fueran utilizadas por un tribunal chileno para llevarlos a juicio. Y así ocurrió.

Michael Townley era estadounidense y exigimos su expulsión. Como ciudadano estadounidense, no era necesario extraditarlo.

(Townley) cumplía órdenes militares, por lo que se veía a sí mismo como un soldado que obedecía esas órdenes.

¿Qué impresión se formó de Townley?

Cumplía órdenes militares, por lo que se veía a sí mismo como un soldado que obedecía esas órdenes. Después de pasar algún tiempo con él, Carter Cornick, Bob Scherrer y yo concluimos que no mataba a las personas de cerca, para no ver directamente las consecuencias de sus actos.

Para ayudarnos a probar el caso durante el juicio, el FBI compró un automóvil idéntico al de Letelier. Trabajando con Townley, un agente de la brigada antiexplosivos construyó una bomba igual y la colocó debajo del vehículo. Cuando la hicieron estallar, los daños eran idénticos a los del automóvil de Letelier. Todos estábamos dentro de un búnker de concreto y sentimos la explosión a través del concreto. Townley palideció ligeramente y le pidió al alguacil federal que lo acompañaba que se retiraran, mientras el resto permanecimos allí.

¿Era indispensable llegar a un acuerdo con Townley para obtener su confesión?

Era indispensable. No contábamos con la colaboración de ningún involucrado en el crimen. Estuvimos muy cerca de no conseguir un acuerdo, pero cuando fueron detenidos los cubanos que estaban prófugos le dije a su abogado que el acuerdo que ofrecíamos a Townley a cambio de su testimonio también se les ofrecería a los cubanos, y que el primero que lo aceptara dejaría sin efecto la oferta al otro. Yo sabía que los cubanos nunca colaborarían, pero Townley y su abogado no lo sabían. No podían correr ese riesgo, porque si iba a juicio se exponía a condenas muy largas por los cargos más graves.

Sabíamos que Contreras se reunía con Pinochet con frecuencia y pensábamos que Pinochet había dado la orden, porque no creíamos posible que Contreras pudiera ordenar un asesinato en Estados Unidos sin su autorización.

Finalmente, cumplió cinco años de prisión. ¿Fue una condena proporcional a la magnitud del crimen?

Se suponía que su condena sería más larga. No estaba encarcelado con su verdadero nombre. Un recluso que cumplía funciones auxiliares vio su expediente y descubrió que había sido testigo del gobierno. Las autoridades penitenciarias temieron por su vida y fue liberado e incorporado al Programa de Protección de Testigos. Vivió como un hombre libre únicamente después de cumplir su condena y es un ciudadano estadounidense con derecho a permanecer en el país.

Usted llegó a la convicción de que el crimen no podía haberse ejecutado sin la autorización de Pinochet. ¿Por qué no pudo acusarlo?

Sabíamos que Contreras se reunía con Pinochet con frecuencia y pensábamos que Pinochet había dado la orden, porque no creíamos posible que Contreras pudiera ordenar un asesinato en Estados Unidos sin su autorización. Pero una convicción no basta. No teníamos pruebas para demostrarlo.

Después del juicio y de que yo dejara el gobierno, Armando Fernández Larios viajó a Estados Unidos, se declaró culpable e implicó a Pinochet. Finalmente, eso llevó a que el gobierno estadounidense modificara su posición respecto de Pinochet.

Me parece que si Pinochet iba a ser procesado, debía serlo en Chile, donde cometió tantos crímenes.

Pinochet murió sin ser juzgado. ¿Lo considera un fracaso de la justicia?

No puedo referirme a ningún caso, salvo aquel que estuvo a mi cargo, y simplemente no teníamos pruebas contra él. Tampoco tenía jurisdicción para investigar otros casos ocurridos en Chile. A modo de reflexión personal, me parece que si Pinochet iba a ser procesado, debía serlo en Chile, donde cometió tantos crímenes.

Durante la investigación recibió amenazas y pasó seis meses bajo protección. ¿Sintió miedo?

Las amenazas telefónicas no me preocuparon. Según mi experiencia, no eran más que bravatas. Sí me inquietaron aquellas de las que me enteré a través de una fuente, que se las había oído formular a uno de nuestros sospechosos. Como un fiscal había recibido un disparo en otro caso y se conocían las amenazas en mi contra, Earl Silbert me obligó a permanecer seis meses bajo la protección del Servicio de Alguaciles Federales, hasta el término del juicio.

Esto no aparece en el libro, porque el libro no abarca el juicio. Termina cuando Townley nos cuenta lo que realmente ocurrió. Vivir bajo la protección de los alguaciles no es agradable. Tenía dos agentes asignados a mi protección personal y otros dos vigilando mi casa las 24 horas. Me llevaban en automóvil a todas partes. No veía la hora de que aquello terminara, porque uno pierde la sensación de libertad.

A pesar de todos los problemas que enfrentamos en Chile y también dentro de Estados Unidos, debido a ciertas personas y organismos, la justicia prevaleció.

¿Qué importancia cree que tiene hoy la reedición de Laberinto?

El libro trata sobre una investigación en particular, pero creo que representa algo más amplio. A pesar de todos los problemas que enfrentamos en Chile y también dentro de Estados Unidos, debido a ciertas personas y organismos, la justicia prevaleció gracias a la integridad del Departamento de Justicia y de sus funcionarios, y al trabajo arduo y estresante que realizamos para resolver el caso.

Recientemente, una ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a Pedro Espinoza, José Zara y Raúl Iturriaga por el asesinato de Ronni Moffitt. La justicia tardó 50 años. ¿Qué piensa de ello?

Este parece ser un caso que nunca termina. Las pruebas que reunimos fueron utilizadas tanto en los procesos penales por los atentados contra Prats y Leighton, que no habían sido resueltos anteriormente, como en demandas civiles de indemnización por daños y perjuicios. El caso Letelier tampoco ha desaparecido de la memoria institucional estadounidense, porque estableció un modelo para investigar esta clase de delitos y llevó al FBI a concentrar más recursos en los casos de terrorismo.