Promulgada el 30 de abril del año pasado y publicada en el Diario Oficial el 10 de mayo, la ley que establece un sistema de búsqueda y alerta prioritaria para la identificación y localización de prófugos de la justicia está a la espera de la dictación del reglamento.

Uno de sus autores, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli), viene haciendo gestiones con distintos ministros de Seguridad para que el Ejecutivo dicte ese documento para echar a andar la ley.

A propósito del anuncio del Presidente José Antonio Kast sobre el Registro Único de Vándalos, el parlamentario de centroderecha insta al Mandatario a que con esta ley de prófugos ya se les podría quitar beneficios sociales sin la necesidad de iniciar un nuevo trámite legislativo.

Usted ha insistido varios meses con la publicación del reglamento de la ley de prófugos. ¿Qué le han dicho los distintos ministros con los que ha hablado?

Esta historia viene del gobierno anterior. Nosotros le dijimos al ministro Cordero en su minuto la necesidad de dictar el reglamento que permitiría tener la lista de los más buscados de Chile. Siempre nos dijeron que estaban trabajando en él, pero finalmente el 11 de marzo no vimos el reglamento. A la ministra Trinidad Steinert también le hicimos ver, a sus asesores, a los subsecretarios, la necesidad de dictar el reglamento. Y nunca hubo un compromiso expreso de que se estaba trabajando. Y ahora con la llegada del ministro Arrau le hemos hecho llegar la información. Entendemos que está con una agenda intensa, pero creemos que esto es prioritario y urgente.

¿Cree que el gobierno de José Antonio Kast lo tiene como prioridad? Acaba de anunciar un registro de vándalos.

Yo espero no solo que lo tenga como prioridad, sino que sea un elemento efectivo para poder combatir la necesidad de que no existan prófugos de la justicia en Chile. Hoy día en nuestro país hay cerca de 40.000 personas prófugas de la justicia por diversos delitos. Cerca del 10% de esos prófugos han cometido delitos graves, delitos de homicidio, de violación, y están prófugos. Y lo que es más grave es que no exista una entidad del Estado que los esté buscando. ¿Y qué creemos nosotros? Que la ciudadanía pueda tomar un rol activo, que se publiquen sus rostros, que es lo que dice la ley de los más buscados de Chile.

¿No ve riesgo de que se avance hacia la autotutela cuando la ciudadanía empieza a tener un rol activo en esto?

No, en ningún caso. Lo que busca esto es que se entreguen antecedentes para su detención. Lo que es llamativo es que la gran mayoría de los prófugos siguen haciendo su vida habitual, siguen viviendo en los mismos barrios, siguen concurriendo en los mismos lugares, y habría personas que los podrían identificar y decir “esta persona está en estos lugares” permitiéndoles a las policías detenerlos. Las personas quieren, en definitiva, aportar antecedentes. Nadie va a ir a enfrentar a un delincuente, pero sí puede aportar antecedentes para su detención.

Pero eso podría ser como un primer paso para motivarlos a que activen una autotutela.

En la norma quedó expresamente señalado que la publicación tiene como único objeto aportar antecedentes que permitan la detención del prófugo. Y en ningún caso la detención por un particular.

¿Cómo toma que el gobierno del Presidente Kast, que tiene un fuerte relato en seguridad, aún no publica el reglamento?

Yo entiendo que en un plazo de 90 días hay que analizar muchas leyes. Hay muchas que están pendientes de su implementación. Hay varios reglamentos que quedaron sin desarrollar del gobierno anterior. Y, por lo mismo, creemos que este es prioritario. Estamos hablando que, por ejemplo, puede haber personas que estén haciendo uso de gratuidad educacional, que estén postulando a beneficios sociales como un subsidio de arriendo, u otros, que lo perderían por el solo hecho de estar en el registro de prófugos.

Por eso le pregunto si piensa que efectivamente este reglamento lo tiene dentro de sus prioridades el gobierno porque ha impulsado ideas como Escuelas Protegidas, que incorporan pérdida de beneficios sociales en ciertas circunstancias.

Yo espero que esté dentro de las prioridades. Y por lo mismo defiendo con mucha energía y hago un llamado a atención al gobierno a que lo incorpore. Porque, de lo contrario, estamos perdiendo una herramienta que está hoy día a disposición del Ejecutivo. Y aquí tiene una acción concreta, sin necesidad de todo lo que va a significar la tramitación legislativa del Registro de Vándalos. Hoy día está a disposición, está a la mano del Presidente. Y solo necesita un decreto, que es un reglamento emitido por él.

Algunos autores del proyecto, incluso, son autoridades de gobierno. ¿A qué atribuye la inacción del actual gobierno?

Ellos son los que tienen que responder respecto a esto. Pero no puedo sino hacer ver y, obviamente, visibilizar la opción que tiene el Ejecutivo hoy día de tomar de forma inmediata la aplicación de un registro que permite quitar beneficios sociales a personas que son prófugas de la justicia.

¿Va a condicionar su voto en la Cámara si es que el actual gobierno no publica el reglamento?

No. Una cosa no quita la otra. Y nosotros estamos comprometidos en una agenda de seguridad.