Después del triunfo del 14 de diciembre, de los discursos, de las celebraciones, los desayunos y la reunión con el Presidente Boric, hay una cuenta regresiva que presiona a José Antonio Kast. No tiene que ver solamente con los 78 días que le quedan para asumir como primer mandatario en La Moneda, sino que también es el tiempo que le resta para comenzar a cumplir sus promesas. Una de ellas es reducir la sensación de inseguridad con la que viven los chilenos. Es, quizás, el pilar más importante de su “gobierno de emergencia”.

“Chile está viviendo una de las crisis de seguridad más profundas de su historia -decía la minuta con la que presentó su Plan Implacable en mayo-. Lo que antes era un país ejemplo en estabilidad, hoy aparece entre los más inseguros del continente. La delincuencia se ha sofisticado, el crimen organizado ha penetrado nuestras fronteras y las mafias se han apoderado de los barrios, imponiendo el miedo como norma”.

Su respuesta, decía el mismo plan, era “una política de seguridad sin eufemismos, sin medias tintas, sin temor a ejercer autoridad”.

Es por eso que tanto en republicanos como en Chile Vamos miran con expectación el perfil que el equipo más cercano al presidente electo busca para el futuro ministro de Seguridad. Es desde esa cartera donde, en coordinación con otras, deberá ejecutar algunas de las ideas que ha planteado, como el aumento drástico de las penas por crimen organizado, el aislamiento total para narcotraficantes encarcelados, el fin de los narcofunerales, modificar la legislación para ampliar la legítima defensa, la intervención de zonas críticas bajo el dominio narco y brindarles protección jurídica a los carabineros que la requieran.

Sobre todo en Chile Vamos sorprende que en esta primera semana tras el triunfo en la segunda vuelta, el partido de Kast no haya explicitado una línea clara respecto de un ministerio que es clave políticamente para su gobierno.

Un cercano a Kast asegura que ya han delineado el perfil que buscan para el cargo. Lo definen como un líder orientado a mostrar resultados, de mucho terreno, y no de oficina, que tenga habilidades comunicacionales, porque va a ser alguien con mucha relevancia política y figuración frente a la opinión pública.

Tal vez el mejor ejemplo del peso que planean darle es que Seguridad reemplazaría al Ministerio de la Mujer al interior del comité político de José Antonio Kast.

Su equipo de asesores está pensando en alguien con la impronta que Gustavo Villatoro le ha entregado al Ministerio de Seguridad de Nayib Bukele en El Salvador: mano dura y defender sin miedo el uso legítimo de la fuerza.

A esto se agrega que el trabajo legislativo recaería en la Segpres. Por lo mismo, su eficiencia y manejo de resultados va a estar dado por lo exitosa o no que sea su coordinación con las FF.AA., Fiscalía y policías. En republicanos saben que ello implica que quien ocupe el cargo entienda cómo funcionan esas instituciones. O, en su defecto, que cuente con un equipo de subsecretarios que estén familiarizados con ese mundo.

“Es un perfil que tendrá que manejarse entre dos mundos: el político y las fuerzas de orden. Si no es el más importante, va a ser uno de los más importantes de este gobierno. Porque junto con la economía, seguridad va a ser uno de los ejes críticos”, advierte un diputado republicano.

Entre los partidos que hoy respaldan al futuro gobierno de Kast admiten que ante esta definición hay dos tesis en disputa. La primera empuja que el cargo lo tenga un exuniformado. Es un perfil que, hasta ahora, agrada a Kast y cuyo origen está en la fuerte presencia de exgenerales de las FF.AA. y Carabineros que participaron en la elaboración del programa de seguridad de su candidatura. Al mando de la exconstituyente Beatriz Hevia, en el grupo se anotaron el almirante (R) de la Armada Jorge Parga, el general de división (R) del Ejército Cristián Vial, el general de Carabineros (R) Enrique Bassaletti y el coronel de Gendarmería (R) Luis González.

Las razones que plantean quienes defienden esta tesis es que el futuro ministro no puede ser un desconocido en seguridad pública. Tiene que ser un académico especializado en el tema, un ex FF.AA. o expolicía o, por último, un civil con experiencia en cargos de esa línea. Para que sepa dónde y cuánto se los puede apretar, pero, por sobre todo, que les genere confianza a las fuerzas de orden. El problema, según un diputado republicano, es que “no es muy normal que a los carabineros o militares les guste la política. De hecho, la mayoría la mira de una forma muy despectiva”.

En la actual administración miran con sospecha esas definiciones.

Desde el Ministerio de Seguridad aseguran, primero, que desde el retorno a la democracia nunca se ha nombrado a un militar o carabinero como ministro.

“Nunca se ha renunciado al control civil sobre las FF.AA. Por eso nunca ha existido duda de que el ministro tiene que ser civil”, aseguran.

Los problemas de hacerlo no son menores, dicen en la repartición.

Por un lado, los militares que pasan a retiro mantienen su grado para siempre: un general en retiro, por lo tanto, sigue siendo general para los uniformados, aunque ya no sea parte de la institución. Y eso -agregan- complejiza el trato y las relaciones en un mundo tan vertical como el de las FF.AA.

En la cartera afirman, además, que es un error creer que Seguridad es lo mismo que las FF.AA. El actual ministro Luis Cordero, experto en Derecho Administrativo, ha ejercido el cargo desde una posición más cercana a la articulación con otras organizaciones involucradas, como el Ministerio Público, y, por lo mismo, menos protagonista y ciertamente distinta a la gestión policial.

Todo eso hace que quienes hoy se desempeñan en Seguridad le vean un problema al diseño en terreno que pretende aplicar Kast.

“El ministerio -sostienen- no tiene funciones operativas”.

Se busca ministro

José Antonio Kast no quería un Ministerio de Seguridad.

El 5 de diciembre de 2024, cuando el Presidente Boric dijo “agradezco al Congreso por el amplio respaldo y muy transversal a este proyecto (el nuevo ministerio). Solo el Partido Republicano, que dice estar muy preocupado de la seguridad, pero votó unánimemente en contra”, el hoy presidente electo le respondió por su cuenta de X.

“A mucha honra los republicanos votamos en contra del nuevo Ministerio de Seguridad. No necesitamos un nuevo ministerio: necesitamos un gobierno valiente, que haga la pega y no les tenga miedo a los delincuentes, como el suyo”, publicó.

Sus quejas no terminaron ahí.

El 27 de enero de este año, cuando se promulgó la ley que creaba la nueva cartera, Kast volvió a escribir en X.

“Otro ministerio más, lleno de burocracia, operadores políticos y funciones repetidas que no resolverá la crisis de seguridad que vive el país. Necesitamos mano dura, cárceles y coraje, no más ministerios”.

Sus dardos también apuntaron a Luis Cordero. En un foro de Clapes UC de septiembre pasado dijo reconocer “los conocimientos del señor ministro, pero van por el área administrativa, no van por el área del combate al crimen organizado”.

Desde marzo, Kast tendrá que hacerse cargo de todas esas críticas y diagnósticos negativos que realizó sobre la nueva institucionalidad. No sólo para corregirlo, sino que también para convertirlo en el principal músculo de su gestión.

En su partido discrepan de que un exuniformado no pueda tomar un ministerio donde deba relacionarse con policías. Ponen el ejemplo del actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que fue carabinero y, años después, estuvo a cargo de Defensa, donde sus contrapartes eran generales y almirantes.

De los tres nombres que, durante la campaña presidencial, se habían posicionado para el nuevo ministerio, dos eran generales: Enrique Bassaletti y Cristián Vial. El problema es que ambos fueron electos para el Congreso. Ninguno de los dos, dicen de su entorno, estarían disponibles para dejar los cargos para los que fueron electos en noviembre.

Lo mismo pasó con Rodolfo Carter. El exalcalde de La Florida era una de las cartas favoritas para la plana mayor de los republicanos por sus atributos comunicacionales y una fama ligada al combate de la delincuencia, potenciada por sus demoliciones a las ampliaciones irregulares en casas de narcos que llevó a cabo en su comuna. Pero como Carter ganó la senatorial de La Araucanía, quedó fuera de carrera.

Sin esos candidatos, en el círculo de Kast trabajan en ampliar la búsqueda con la certeza de que cada día queda menos tiempo para hacerse cargo de una expectativa que ellos mismos generaron. Además del Plan Implacable y del Escudo Fronterizo, la lista de tareas incluirá la calendarización e implementación de las leyes de seguridad privada y municipal, que les dará un protagonismo mayor a los alcaldes, que podría rivalizar con el rol del nuevo ministro de Seguridad, obligado a brillar en terrenos y comunas dominados por otros.

También estará pendiente la aprobación de las leyes de inteligencia, infraestructura crítica, reglas de uso de la fuerza y continuar con el traspaso de Gendarmería desde Justicia hacia Seguridad. Eso, sin dejar de lado las reformas más grandes que dentro del Partido Republicano se han conversado.

Un diputado del partido dice que esas, a largo plazo, serían modificar el Poder Judicial, que sienten demasiado garantista, y también al Ministerio Público. Ahí su crítica es lo dispar del nivel de los fiscales. Por eso, dice el mismo parlamentario, una idea es pensar formas de aplicarles metas y un mejor control de gestión.

“Hay un plan de 90 días -recuerda el mismo diputado-, entonces quien sea ministro tiene que partir implementándolo desde el día uno. Por eso, yo creo que es mejor alguien que venga de la PDI o Carabineros, porque tienen más conocimientos sobre la seguridad pública. Un militar, en cambio, tiene una lógica de guerra”.

Los actuales inquilinos de Teatinos 220 comparten ese criterio, pero por otras razones:

“Si nombran a un exmilitar a cargo de las policías, es una provocación para las policías. Para las policías este ministerio es una conquista. Poner a un exmilitar o almirante sería no entender a las instituciones que tiene que supervisar”.

Como ejemplo de lo que han conseguido este año, mencionan que en la última ceremonia de graduación de la PDI estaban el director general, Eduardo Cerna; el ministro Cordero y también el general Marcelo Araya, de Carabineros. Que las autoridades de ambas policías coincidieran en una instancia así era impensado hace poco.

“Eso se explica por el trabajo y la coordinación que ha logrado el ministerio”, argumentan.

“Aquí se necesita a un gestor público, con criterio político. Alguien que pueda entregar mensajes, pero sin tener mayor protagonismo que las policías y los fiscales. Porque toca gestionar y mantener dialogo con 29 instituciones, pero hay que saber hacerlo sin opacarlas”, aseguran desde el Ministerio de Seguridad.

Sin mantener ese frágil equilibrio, admiten, el trabajo es imposible.

Misión: sobrevivir

Entre los nombres que en republicanos suenan como favoritos está el del contraalmirante (R) Jorge Parga, de 57 años. Estuvo 38 años en la Armada antes de que lo pasaran a retiro en octubre de 2022, cuando llevaba dos días coordinando el estado de excepción acotado en la Macrozona Sur, una tarea que antes había desempeñado bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Desde ese puesto había defendido al cabo Leonardo Medina, a quien condenaron por el atropello fatal de Manuel Rebolledo, de 23 años, cuando saqueaba una empresa pesquera en Talcahuano.

“La Armada como institución va a defender a su servidor, a su funcionario, porque tenemos la convicción de que él es absolutamente inocente de lo que se le está acusando. De ninguna manera él cometió un homicidio”, dijo Parga, quien había logrado controlar los hechos de violencia en dos de las rutas más peligrosas de Arauco: la P-60 y la P72-S.

Esas palabras no cayeron bien en el Presidente Boric, quien lo removió como un gesto a la familia de Rebolledo.

“La decisión es del Presidente y no tengo nada que comentar al respecto”, dijo Parga sobre su salida.

Hoy es gerente general de la empresa V-Sat, que se dedica “al desarrollo de actividades de capacitación y entrenamiento continuo de protocolos de emergencia, cubriendo la brecha entre la teoría y la práctica”, dice su página web.

“Tiene una experiencia en lo que dice relación con la seguridad marítima y también en el contexto de haber sido jefe de la Defensa en la Región del Biobío para la Macrozona Sur. Más allá de eso, se desconoce su interacción con la seguridad pública propiamente tal”, dice un abogado de Chile Vamos que trabajó con él durante el gobierno de Sebastián Piñera.

“Lo comunicacional -acota la misma fuente- debe ser su mayor debilidad. Parga es introvertido y de pocas palabras, prefiere no hablar y que los resultados hablen. El problema es que parte del rol del ministerio es hacer un relato político que explique todo lo que va ocurriendo para que les dé tranquilidad a las personas. Los resultados en seguridad pública son a mediano y largo plazo, si no comunica, se verá envuelto en un problema”.

El mismo problema tendría el vicealmirante en retiro Alberto Soto (59). En sus 40 años en La Armada, llegó a ser nombrado comandante de Operaciones Navales. El control que consiguió de la provincia de Arauco durante 2021, cuando regían los estados de excepción, al igual que su conocimiento del combate a la migración y narcotráfico, que adquirió cuando estuvo destinado en Iquique como comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval, son dos puntos que lo hacen destacar por sobre otros nombres.

“Nos sentimos orgullosos de una Marina que defiende a un marinero que, en estado de excepción constitucional, persigue por las calles de Valparaíso a un ciudadano grosero que se niega a ser controlado y defiende a un infante que le pega una patada en el trasero a un saqueador que está destrozando un supermercado”, dijo en el discurso que dio cuando pasó a retiro.

En noviembre pasado compitió como senador republicano por Valparaíso, pero sacó el 2,45%. No fue electo.

“No está definido que tiene que ser un ex FF.AA. Sí, que tiene que ser capaz de comunicar lo que se está haciendo y que debe tener experiencia en la materia. Por lo mismo, también están mirando nombres más allá del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Frente Social Cristiano”, dicen desde la comisión de seguridad de los republicanos.

Un nombre que ha aparecido en el listado es el del excandidato Johannes Kaiser. Aunque en el núcleo de Kast hay quienes -como el timonel republicano, Arturo Squella- lo sitúan más bien en el Ministerio de Defensa, otras voces plantean que sus capacidades comunicacionales, cercanía con el mundo uniformado y estilo “arrojado” cuadran con lo que busca el futuro presidente.

En esa lotería de nombres aparecen varios que podrían llegar a Seguridad Pública o Prevención del Delito: las dos subsecretarías que integran el ministerio. Desde centros de estudios se han propuesto a perfiles académicos como Ronald von der Weth y Esteban Díaz para la primera y a Pilar Giannini y Pilar Lizana para la segunda.

Al final, hay una cosa en la que todos están de acuerdo: quien llegue a Teatinos 220 será, probablemente, el primero en pagar los costos políticos del nuevo gobierno.

“El puesto de ministro de Seguridad es un fusible -admite un parlamentario republicano-. Tiene que ser alguien capaz de sobrevivir al ataque que va a sufrir desde el momento en que sea nombrado”.