Reforma por elección de dos días sortea primera valla en la Cámara, pero oficialismo se divide por recorte a financiamiento electoral

Una valla legislativa más logró pasar la reforma que extiende a dos días las próximas elecciones municipales y regionales, surgida a partir de un requerimiento del Servicio Electoral (Servel), que prevé un colapso de las sedes de votación ante el flujo masivo de gente que provocaría la vigencia del sufragio obligatorio.

Sin embargo, el texto enviado por el Ejecutivo, que está tramitando la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, incluye, además, un paquete misceláneo de medidas electorales que podrían complejizar aún más la discusión en la Cámara de Diputados.

Al menos, este miércoles en la mañana, la Comisión de Gobierno Interior, que preside el diputado Rubén Oyarzo (Ind.), aprobó, en general, este proyecto, pero postergó para el próximo martes la votación en particular del articulado, donde se podrían manifestar los principales nudos de la iniciativa.

En la ocasión solo el diputado José Carlos Meza (republicano) votó en contra, mientras los otros once legisladores presentes (RN, UDI, Frente Amplio, Demócratas, PS e independientes) dieron su consentimiento a la idea de legislar.

“Por qué se demoraron no un año, sino cuatro años en presentar una reforma, porque la reforma que expuso el voto obligatorio se presentó en 2020... ya estamos ahora a un mes de que se cumplan los plazos con una discusión inmediata, me parece que no podemos permitir que este Congreso se convierta en un buzón”, le recriminó Meza al presidente del Servel, Andrés Tagle, quien concurrió a la sesión.

Si bien hay consenso mayoritario entre los diputados -algunos a regañadientes- en que la elección de dos días ya es inevitable, ante las severas advertencias del Servel, la tensión de esta reforma se trasladó a los temas de financiamiento político.

De hecho, en el Senado, la mayoría de los representantes del oficialismo, entre ellos la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y su par del PPD, Jaime Quintana, votaron en contra de la propuesta gubernamental que buscaba reducir el gasto público en las próximas elecciones por concepto de reembolso por cada voto recibido.

Dado que en los comicios de octubre operaría el sufragio obligatorio, con el riesgo de una sanción de hasta $ 200 mil, se prevé que habrá una mayor concurrencia a las urnas. Ello impactará directamente en las arcas fiscales, pues actualmente los partidos y los candidatos reciben un reembolso por cada voto obtenido. Por lo tanto, si aumentan los votantes, inevitablemente también el Estado -a través del Servel- tendría que incurrir en un mayor desembolso de recursos, estimado en $ 30 mil millones adicionales.

Por ello, el Ejecutivo proponía que el reembolso fiscal a los candidatos fuera rebajado de $ 1.500 a $ 970 por cada voto recibido, mientras que la devolución, adicional, que se entrega a los partidos -que patrocinan a esos postulantes-, bajara de $ 560 a $ 370. La idea del Ejecutivo es que estos dineros fiscales se sigan entregando según gasto rendido.

Aunque el gobierno adelantó su intención de reponer en la Cámara su fallida enmienda, garantizando a las colectividades, que al menos recibirán un piso de financiamiento equivalente a las últimas elecciones municipales y regionales, las bancadas oficialistas no están alineadas en torno a la propuesta gubernamental. Incluso, hay diputados que advierten que seguirán la postura mayoritaria de sus senadores.

Uno de los argumentos es que el Ministerio de Hacienda no puede estar cambiando su presupuesto para las campañas electorales a última hora. Incluso, aun cuando hubiera voto voluntario, el gobierno y el Servel siempre deben ponerse en el caso extremo de que va a votar la máxima cantidad de electores para estimar los gastos anuales. Por lo tanto, independiente de la obligatoriedad -que no se sabe a qué grupo político beneficiará-, no debiera cambiar lo que las autoridades deben presupuestar en materia de gasto fiscal.

El diputado Leonardo Soto, vicepresidente del PS, está inclinado a seguir la línea de sus representantes en la Cámara Alta. “El financiamiento público de campañas electorales tiene un objetivo básico. Nivelar e igualar las condiciones de competencia entre candidatos modestos y pobres, está lleno de esos casos en el mundo rural, con candidatos que tienen respaldo de la élite económica chilena, del empresariado, que tienen donantes anónimos, que les permite tener campañas electorales que por sí solas pueden derrotar las mejores ideas. Aprobamos esta norma años atrás (el reembolso fiscal por voto) para que no gane el poder del dinero. Esas condiciones no han cambiado para alterar el financiamiento público de las campañas”, dijo.

El diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, también sinceró sus reparos a la propuesta del gobierno de rebajar el reembolso por voto, toda vez que son cambios electorales que se están haciendo a última hora. “En general no es bueno legislar apurado y en un proceso electoral en el que estamos en marcha, para el cual ya vemos los proyectos, los presupuestos, y con qué recursos esperamos contar. Por lo tanto, de ninguna manera me parecen adecuadas las legislaciones a la rápida”, sostuvo.

El jefe de bancada del PC, Luis Cuello, en tanto, señaló que como grupo político aún no toman una decisión (por ejemplo, los senadores comunistas votaron divididos en la Cámara Alta). Lo mismo indicó, a título personal, el diputado Jorge Brito (RD), quien dijo que estaba abierto a “ser persuadido” por el gobierno.

No obstante, mayoritariamente los legisladores del Frente Amplio ya se están coordinando para apoyar al Ejecutivo en este recorte, debido a que podría ser mal visto por la ciudadanía que los partidos estén aferrándose a un eventual aumento del financiamiento fiscal en la medida que crezcan los votantes.

En la misma línea están los diputados de la bancada PPD-Independientes, que mayoritariamente apoyarán el reajuste de reembolso por votos

“El nivel de votación que vamos a tener en octubre no tiene precedente. Los votos de cada candidato serán una cantidad inmensa de dinero. Me parece pésimo que los partidos están pensando en llenar sus arcas”, expresó la diputada Camila Musante (Independiente), asociada a la bancada PPD, que integra la Comisión de Gobierno, donde se está discutiendo esta reforma.