Recién en la segunda semana de septiembre comenzaría el debate legislativo de la reforma constitucional presentada por el Presidente José Antonio Kast y el ministro Martín Arrau, para fortalecer la seguridad pública.

La próxima semana, la Comisión de Constitución del Senado, que preside Pedro Araya (PPD), ya agendó otra materia que ha sido definida como prioritaria por el Ejecutivo: la nueva ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Ante el anuncio de La Moneda que retirará la suma urgencia -que obligaba, en teoría, a votar esta modificación a la Carta Fundamental a más tardar el próximo miércoles-, la pausa igualmente será aprovechada por senadores del oficialismo y la oposición para reforzar las conversaciones en busca de un acuerdo que permita salvar a la reforma de Kast y Arrau de un inminente fracaso.

Ante el escenario adverso, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ya convocó a los senadores de la alianza gubernamental a una cita, el próximo martes, para evaluar estrategias.

Al menos desde RN, colectividad donde milita Núñez, ya hay un diseño. La única forma de salvar a la reforma, según creen en Renovación Nacional, es eliminar del texto la idea de un Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, con el fin de abrir un puente de negociación con un sector de la oposición.

De hecho, en RN ya están en conversaciones con senadores de oposición, en particular con Araya (PPD) y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Si bien el ministro de Seguridad Pública ha defendido el nuevo estado de excepción -ya que es el corazón de la iniciativa-, abriéndose a atenuar el régimen que pretendía instalar originalmente La Moneda, el instrumento no convence ni siquiera a los extremos liberales y conservadores del propio oficialismo. Con ese cuadro, el bloque opositor se ha atrincherado en un rechazo.

“Tenemos una reforma constitucional que, para sacarla adelante, requiere dejar de lado el nuevo estado de excepción constitucional y fortalecer el que ya tenemos que es el de Emergencia”, dijo Núñez a La Tercera.

“Mi llamado y nuestro deber como Senado es encausar esta discusión y actuar con realismo legislativo. Hay medidas en la reforma constitucional que son necesarias y otras que ya las habíamos presentado como el régimen diferenciado penitenciario. ¡Y por favor!, que nadie caiga en la pequeñez de instalar que unos quieren enfrentar el crimen organizado y otros hacerle un gallito al gobierno. El Senado debe dar certezas y legislar con responsabilidad y urgencia”, remarcó la presidenta de la Cámara Alta, quien ya jugó un papel similar en la tramitación de la megarreforma económica gestionada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El senador Andrés Longton (RN), quien integra la Comisión de Constitución del Senado, también ha tenido las primeras conversaciones con Araya y Vodanovic con el fin de acercar posiciones y buscar alternativas. Todas esas salidas legislativas, sin embargo, no contemplan al nuevo estado de excepción.

“Desde un inicio yo y mi equipo planteamos para qué se requiere un estado de excepción nuevo. Si el objetivo del nuevo estado de excepción de Seguridad es el mismo que el de Emergencia (N. del R: que hoy se aplica en el sur), la pregunta es ¿por qué se necesita?“, dijo el senador.

“Si esto tiene que ver con restringir garantías individuales, la pregunta sería, ¿por qué quieres restringir garantías individuales? ¿Qué te ayuda eso? Si hoy día con un juez puedes hacerlo prácticamente todo y rápidamente. Entonces, quiero ver dónde se centra la discusión, porque si se trata de garantías individuales y me convencen, bueno, cuáles restricciones habría que agregar para que sean eficaces para combatir el crimen organizado. Si es que es necesario, porque tengo mis dudas de que sea necesario", advirtió Longton, quien agregó que, solo en ese caso, sería mejor reforzar el actual Estado de Emergencia, pero no crear un nuevo régimen.

Pese a ello, Arrau insistió este miércoles que el nuevo estado de Seguridad tiene piso político. “Hay consenso en que se necesita un estado de excepción constitucional local. Se requiere una intervención dura e intensiva donde opera el crimen organizado”, señaló.

Fusión de reformas

Una de las alternativas que están promoviendo los senadores de RN para forjar un entendimiento con la oposición es reciclar algunas reformas a la Carta Fundamental presentadas por los socialistas y en particular por la senadora Vodanovic. Estas propuestas, por ejemplo, podrían fusionarse con la propuesta de Arrau ya que coinciden en algunos puntos.

Una de esas fue presentada con firmas de RN, del PS e incluso del independiente Karim Bianchi. Esa moción -firmada por Núñez, Vodanovic y Manuel José Ossandón (RN), entre otros- modifica la Carta Fundamental “con el objeto de establecer un régimen penitenciario especial para las personas sujetas a prisión preventiva o condenadas por los delitos que indica”.

Si prospera el plan de fusionar reformas, con ello La Moneda salvaría su reforma, al menos, en su idea de legislar.

El problema es que ello implicaría que también el Ejecutivo debe estar dispuesto a borrar varios aspectos de su mensaje original, no solo el estado de excepción, probablemente también debería aceptar que se eliminen las restricciones de derechos y beneficios fiscales.

Escenario adverso

Este miércoles en la tarde, en tanto, el ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado (UDI), recibió en La Moneda al senador Araya.

Si bien el legislador PPD, fue un aliado de Quiroz y el gobierno en la tramitación de la megarreforma, hoy está en una posición crítica, porque, además, tiene una mala relación personal con Arrau.

No obstante, en el oficialismo y en Ejecutivo están dispuestos a hacer gestos, pues hay consciencia de que la actual reforma de seguridad requiere obligatoriamente de votos de la oposición.

De hecho, de los 26 votos aliados que demostró tener el oficialismo en el Senado para sacar su megarreforma económica, al menos hay cuatro senadores afines (los independientes Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, la libertaria Vanessa Kaiser y el republicano Ignacio Urrutia) que no estarían aprobando ni siquiera de la idea de legislar.

Por tratarse, además, de una reforma a la Carta Fundamental obligatoriamente se necesitan 29 respaldos en la sala del Senado, tanto para la votación en general como para cada punto sensible del articulado.