Política

Sala cuna: los giros de la nueva teleserie legislativa

Los que eran detractores (el actual oficialismo) hoy son los más interesados en aprobar el proyecto. Y los que abogaban por su tramitación en el pasado (la derecha) hoy están dubitativos. Una cita clave, para determinar el desenlace de la iniciativa, se realizará entre Nicolás Grau y su sucesor, Jorge Quiroz.

Presidente de la República, Gabriel Boric, y el presidente electo, Jose Antonio Kast. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En la recta final del gobierno de Sebastían Piñera, el 11 de enero de 2022, la senadora Yasna Provoste (DC) pidió la palabra para solicitar que el proyecto de sala cuna, ingresado por aquella administración, fuera derivado a la Comisión de Educación.

Hasta ese instante, la iniciativa solo iba a pasar por las comisiones de Trabajo y Hacienda. Ahí, nadie se opuso. Incluso, el entonces senador Carlos Montes (PS), hoy ministro de Vivienda, manifestó: “Sí”, dijo, según el acta de aquella sesión.

Paradójicamente, cuatro años después, aquella jugada reglamentaria, que inevitablemente alargó la tramitación, se devolvió en contra del propio oficialismo, que hoy está empujando que la emblemática iniciativa se convierta en ley antes de que termine el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Aquella meta, sin embargo, hoy es casi imposible. El Congreso entró en un receso hasta el 2 de marzo, y aunque el Senado llegue a un acuerdo, la Cámara tendría que discutir en un par de días lo que la otra rama del Congreso demoró cuatro años. Incluso, si es que el proyecto no se promulga en forma casi inmediata, también cabe la posibilidad de que el futuro gobierno de José Antonio Kast pueda vetar el texto para hacerle correcciones.

Todo indica que la única forma de que la ley de sala cuna universal vea la luz es que exista un acuerdo de alto nivel entre el gobierno entrante y el saliente.

Una cita clave es la que se realizará el miércoles entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), y su sucesor, Jorge Quiroz (independiente), ya que el principal nudo no es político, ni ideológico, ni siquiera jurídico-técnico, es financiero, argumentan en la derecha.

Tras la tramitación de la última Ley de Presupuesto, la oposición y el futuro oficialismo llegaron a la convicción de que no hay más dinero fiscal para financiar nuevas políticas públicas.

En el caso de sala cuna, no solo se trata de una norma que equipara los derechos entre trabajadores y trabajadoras para acceder al cuidado de sus hijos (ese punto no estaba en el texto original de Piñera, pero hoy todos están de acuerdo con eliminar el sesgo de contratación a las mujeres).

Además, se crea un fondo para sustentar una red de salas cunas, con cargo gradual a los empleadores, que a su vez lo descontarán, en parte, de los mismos aportes al Seguro de Cesantía. Sin embargo, el Estado también tiene que suplir una parte, en caso de que la plata del fondo sea insuficiente, y también debe apoyar una mayor cobertura de establecimientos de Junji o Integra.

Guerrilla

Esta problemática solo agudizó desconfianzas. En el oficialismo sospechan que la derecha quiere negarle la última gran medalla legislativa a Boric. En la actual oposición, en tanto, deslizan que al Presidente no le interesa que la reforma salga bien y que solo busca un lucimiento personal.

Esto dio paso a una guerrilla de declaraciones, en las que el gobierno acusó derechamente a la UDI y al actual presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sanhueza (UDI), de trabar la iniciativa, quien viajó fuera del país y no citó a la instancia donde está radicada la iniciativa.

El gremialismo y Sanhueza negaron maniobras. Y, con el apoyo de otros partidos opositores, le reprocharon al Ejecutivo tratar de legislar a última hora cosas que no hicieron en cuatro años.

El problema es que, en el último periodo, ocurrió algo muy inusual en un proyecto. Los que eran detractores (el actual oficialismo) hoy son los más interesados en aprobarlo. Y los que abogaban por su tramitación en el pasado (la derecha) hoy están dubitativos. En ese tránsito del odio al amor al proyecto, sin embargo, no alcanzaron a sintonizarse las posturas para sellar un acuerdo.

Otra singularidad es que esta iniciativa ha provocado un extraño enroque de posturas ideológicas. Hoy la derecha pide un rol más relevante del Estado para no perjudicar a los empleadores, mientras que el Ejecutivo puso el peso en la “responsabilidad exclusiva” de los privados para mantener las salas cuna, por lo que el Estado quedaría en un papel subsidiario.

Ese dilema ideológico mantuvo en pie de guerra, hasta fines del año pasado, a la CUT, que acusaba a la iniciativa de mercantilizar la educación. Esa fue la razón por la que los senadores de izquierda y centroizquierda rechazaron en bloque la idea de legislar de la iniciativa en abril de 2024.

Para neutralizar aquellas críticas, el gobierno debió reforzar en sus indicaciones el rol de los establecimientos con aportes fiscales. Aunque hoy los reparos del oficialismo y la CUT se han ido despejando, especialmente tras la enmienda presentada en octubre del año pasado, la senadora Provoste lidera una soterrada resistencia en las fuerzas aliadas de La Moneda.

En agosto de 2024, además, el gobierno encontró un gran socio: el entonces presidente del Senado, José García (RN), quien se comprometió públicamente a que no pasaría otro año sin que se despachara la reforma de sala cuna.

El problema es que era la época en que el oficialismo veía con distancia lo que llamaban “el proyecto de Piñera”.

Si bien García apoyó, en octubre del año pasado, gran parte de las enmiendas ingresadas por el Ejecutivo en la Comisión de Trabajo, el entusiasmo del futuro ministro de la Segpres se fue diluyendo.

De hecho, a inicios de enero, en una conversación que sostuvo con la ministra Macarena Lobos, le sinceró que en la derecha ya no había ánimos para sacar adelante la sala cuna. La razón eran las dudas por su financiamiento.

Hasta ese momento, el Ejecutivo, que a duras penas había logrado alinear al oficialismo, contaba con que habría un pacto con Chile Vamos. Por eso, la molestia del gobierno se hizo notar inmediatamente, culpando al equipo de Kast de un bloqueo.

Pese a ello, las conversaciones técnicas han continuado. La semana pasada Palacio hizo llegar su respuesta a 14 enmiendas que propuso la oposición. La contestación no fue satisfactoria y esa fue una de las razones por las que Sanhueza no citó a la comisión, además de que había un viaje masivo de senadores a Panamá para asistir a un foro internacional.

Ahora todo quedó para marzo, pero igual en febrero continuarán las conversaciones.

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