La ofensiva legal que prepara la oposición para impugnar la opción senatorial de Luciano Cruz-Coke ante el Tribunal Calificador de Elecciones ya cuenta con una defensa desde el entorno del ex vocero de campaña de Andrés Allamand.

Desde que se difundieran las tratativas que la Alianza lleva hace meses para definir la zona en que iría Cruz-Coke como senador, la oposición preparó una minuta con una serie de argumentos legales que justificarían su impugnación como candidato.

Esto, según el sector, porque ejerció como ministro de Estado y renunció fuera del plazo.

La acción se podría concretar recién después de que Cruz-Coke se inscriba como candidato. Entre los principales planteamientos de la oposición están que el 11 de marzo de 2010 la Contraloría precisó que tanto su designación como la de Carolina Schmidt en el Sernam se realizaron con el rango de "ministros de Estado".

El artículo 33 de la Constitución califica a estas autoridades como "colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y administración del Estado".

Por otro lado, el 5 de junio pasado, firmó junto al presidente la promulgación de la ley 20.675 que modifica las donaciones culturales. Por último, fue parte de consejos de gabinete y de discusiones de leyes en el Congreso como ministro. Actividades que le corresponden a un ministro.

Desde la Alianza, el asunto habría sido estudiado desde mayo por asesores internos del gobierno, para esclarecer los términos en que quedaría al momento de renunciar al gobierno.

En el entorno de Luciano Cruz-Coke afirman que no corre riesgo porque fue "jefe de servicio" con rango de ministro, y, en rigor, el Ministerio de Cultura no es tal, sino que el actual miembro de Evópoli fue presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Como anticipan que la oposición lo cuestionará cuando sea formalizado como candidato, se han respaldado con un precedente directo para defender su candidatura de la impugnación: el caso de la ex ministra de Cultura Paulina Urrutia, cuya administración fue investigada en 2008 por la Contraloría por posibles irregularidades.

Según el dictamen N° 26.262 de 2009, el ente fiscalizador aclaró que el artículo 5° de la ley que creó el Consejo de la Cultura y las Artes afirma que su presidente "tendrá el rango de ministro de Estado y será el jefe superior del servicio". Pero advierte que se le otorgó tal rango para reforzar su representatividad e interlocución igualitaria con quienes ejercen como ministros de Estado en Chile y el extranjero.

En los hechos, afirma, al presidente del Consejo de la Cultura "no le asisten atribuciones propias de los ministros del Estado", a tal punto que los actos administrativos del Consejo deben ser expedidos a través del Ministerio de Educación.