Un avez más, los afiliados a Isapres hicieron frente al reajuste de tarifas propuesto por sus respectivas compañías mediante la presentación de recursos de protección ante la Corte de Apelaciones. Una amplia mayoría sólo pretende aprovechar la oportunidad que admitió la propia Corte Suprema de evitar el incremento en el plan de salud, incluso desconociendo que el derecho vulnerado -de acuerdo al máximo tribunal- en realidad es la imposibilidad de cambiarse de Isapre como consecuencia de la restricción que suponen las llamadas preexistencias. Mientras tanto, las empresas del rubro buscan la manera de traspasar a precios al menos parte de los incrementos en los costos de los servicios de salud. Obviamente, parece una situación difícil de sostenerse en el tiempo. Pero los dardos no deben apuntar a los tribunales. Aunque la interpretación jurídica del derecho vulnerado sea cuestionable, la actuación de los jueces cobra relevancia en la medida que los poderes políticos, gobierno y Congreso, han sido incapaces de avanzar en una solución de fondo. Ello mantiene a la industria en una situación compleja que frena las inversiones y lleva a sus controladores a buscar fórmulas distintas para incrementar su retorno, como puede ser la integración vertical hacia los servicios de salud. Es fundamental que se alcance un acuerdo que no signifique un control de precios.