En enero de 2023 el gobierno del Presidente Boric creó la Comisión Asesora para la Medición de la Pobreza. El objetivo de este grupo era analizar la metodología de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) y entregar propuestas para su actualización.

El plazo original para entregar el trabajo era enero de este año, luego se cambió para mayo y ahora la fecha definitiva es junio, con lo cual la instancia está ultimando su informe final.

Cuando se anunció la puesta en marcha de esta comisión, el Ejecutivo dijo que los cambios que se iban a plantear no eran para incorporarlos en la Casen 2024, por lo ajustado de los plazos. Esto, considerando que dicha encuesta está ya en su etapa final, por lo que recién en la Casen 2026 se harían las modificaciones del actual proceso de revisión.

Sin embargo, el gobierno cambió de opinión y ahora lo que han transmitido a los integrantes de la Comisión Asesora es que sí los sumarán a la Casen 2024, por lo que todavía no hay una fecha clara para su presentación, aunque debiera ser prontamente.

La comisión está compuesta por un grupo transversal de 10 expertos y expertas en materia de pobreza, estratificación social y políticas públicas. La presidencia se encuentra a cargo del economista Osvaldo Larrañaga. Junto a él participan Alejandra Abufhele, Emmanuelle Barozet, Gonzalo Durán, Sylvia Eyzaguirre, Paulina Henoch, Andrés Hernando, Juan Cristóbal Romero, Amanda Telias y Rodrigo Yáñez.

Su tarea principal era revisar la actual metodología de medición de la pobreza por ingresos en Chile, considerando diversos aspectos como la composición y fórmula de reajuste de las Canastas Básicas de Alimentos y No Alimentaria, la construcción de la línea de pobreza y el tratamiento del alquiler imputado, entre otras materias.

Además, se espera que proponga ajustes en la medición de la pobreza multidimensional, revisando dimensiones, indicadores y umbrales, y formulen propuestas de evaluación para el instrumento de medición actual, abordando frecuencia, formato y sistema de gobernanza institucional.

Las modificaciones

De acuerdo a quienes han participado de esta instancia de trabajo, las principales modificaciones que propondrán son tres: la primera es que habrá una distinción entre quien es propietario de una vivienda y quien es arrendatario, modificando el concepto actual de alquiler imputado. En la metodología vigente dicho concepto se aplica a los hogares propietarios de su vivienda, quienes, al no pagar un arriendo, disponen de esos recursos adicionales para cubrir otras necesidades.

Para comparar su bienestar con el de los arrendatarios, los encuestadores preguntan cuánto se paga por el alquiler en el barrio que visitan, información que luego es comparada con precios de mercado: el resultado se suma como una fuente de ingresos equivalente.

Esta inclusión estaba generando un problema de subestimación de la pobreza. Un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD) lo define así: “Dada la masividad de la política habitacional en Chile, gran parte de la población de menos recursos es propietaria de su vivienda y, por ende, incorpora el alquiler imputado a sus ingresos totales, lo que puede distorsionar la medición de pobreza”.

Ese mismo diagnóstico fue el que se hizo al interior de la comisión y, por ello, según quienes trabajaron en la propuesta, se resolvió establecer dos mediciones para la pobreza: una con alquiler imputado y otra para propietarios. Así, a través de la metodología que se presentará, se incorporarán ambas mediciones para la línea de la pobreza.

Otro de los cambios relevantes es que se avanzará hacia una canasta básica de alimentos, reduciendo los alimentos ultra procesados y aumentando las opciones de frutas, verduras, granos y legumbres. Hasta el momento, la Casen no incorporaba ningún producto de la canasta saludable, sino que reflejaba los hábitos de consumo de los sectores de mayor pobreza y que con ellos se lograra cumplir con las 2.000 calorías diarias que es el requisito mínimo de una persona. El problema de esa fórmula es que muchas veces se llegaba a las 2.000 calorías con productos que no eran saludables. Eso es lo que se cambiará en esta nueva metodología y se avanza a una canasta con alimentos que aportan no solo calorías, sino que proteínas.

Y la tercera modificación de relevancia que se prepara es que la medición de los productos que se integrarán a la canasta básica de alimentos será en base a lo que técnicamente se llama precios observados. Hasta ahora, la toma de la muestra era en base al 20% de los productos de menores precios, puesto que se consideraba que las personas de menores recursos buscaban los alimentos más baratos, pero para los expertos era un supuesto “bastante optimista” el pensar que el comportamiento de consumo se guiaba bajo ese criterio.

También hay cambios en la medición multidimensional, en temas como educación y vivienda, haciendo más exigente la metodología.

Pobreza al alza

Estos cambios, señalan los expertos, debieran incidir en que la tasa de pobreza aumente, tanto en la medición por ingresos como en la multidimensional, puesto que las recomendaciones hacen que la metodología se vuelva más exigente.

En la última encuesta Casen de 2022, la tasa de pobreza por ingresos sorprendió, ya que pasó de 10,7% en 2020 a 6,5%, en lo que constituye su menor registro histórico desde que hay datos comparables, en 1990, y también el menor número de población en situación de pobreza, con 1.292.521 personas. Así, los datos fueron aún mejores que los registrados en 2017, previo a la crisis social y a la pandemia, cuando la pobreza llegó a 8,5%.

Por su parte, en la misma ocasión, la pobreza multidimensional retrocedió de 20,3% en 2017, a 16,9% en 2022.