El consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) multó con UF 2.000 a la consultora Deloitte y UF 1.000 a su socio, Roberto Leiva Casas-Cordero, por infracciones en el contexto del caso Primus, donde en marzo de 2023 se detectó un fraude interno que generó un perjuicio estimado en US$100 millones.

Sobre la vinculación de la consultora en este caso, la CMF apuntó a “infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs)”.

“Se constató que la auditora y Roberto Leiva Casas-Cordero presentaron deficiencias en el cumplimiento de los referidos estándares, particularmente en lo relativo a la obtención y evaluación de evidencia de auditoría, la adecuada documentación del trabajo realizado y la aplicación del escepticismo profesional en la auditoría de los estados financieros de Primus Capital S.A. terminados a diciembre de 2022″, dijo la CMF.

Desde el regulador explicaron en un comunicado que “el equipo auditor no obtuvo evidencia suficiente sobre el rubro más relevante de los estados financieros de Primus, y se detectaron fallas en la aplicación de procedimientos de auditoría, así como debilidades en la supervisión del trabajo. Estas deficiencias afectaron la calidad de la información financiera disponible para el mercado”.

“La auditoría al 31 de diciembre de 2022 no se funda en técnicas y procedimientos de auditoría que otorguen un grado razonable de confiabilidad, proporcionen elementos de juicio suficientes, y su contenido sea veraz, completo y objetivo”, profundiza en su resolución de multa.

En la resolución se descarta un beneficio económico directo derivado de la infracción planteada por la CMF, pero agrega que, “sin perjuicio de lo anterior, la auditora percibió ingresos por la auditoría realizada a los estados financieros de Primus al 31 de diciembre de 2022 por la suma de UF 800″.

“No se ha constatado colaboración especial de los investigados, habiéndose limitado a responder los requerimientos a los que están legalmente obligados”, agregó sobre el caso.

La CMF también resaltó la sanción en el contexto de que “la labor de las empresas de auditoría externa resulta fundamental para la confiabilidad de la información financiera que las entidades fiscalizadas reportan al mercado y a la CMF”.

Tras la sanción, Deloitte y Leiva tienen plazo para apelar ante la misma CMF o frente a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

Postura de la firma

Ante las sanciones, la multinacional británica rechazó la sanción y los argumentos de la CMF.

“Si bien la firma respeta el rol de la Comisión para el Mercado Financiero y sus procesos institucionales, discrepa de las conclusiones de la sanción”, dijo en una declaración.

Según la firma, la resolución del regulador “no se ajusta a la normativa que regula la labor de auditoría. Lo anterior resulta evidente en cuanto pretende atribuir a un auditor deberes de autenticación de cheques, en circunstancias que no forma parte de los deberes del auditor detectar fraudes al interior de la compañía auditada”.

Deloitte también apeló a que, “como ha sido públicamente informado, este fraude habría sido diseñado y ejecutado por altos ejecutivos de la compañía, lo que pone en cuestión la falta de control y supervisión de sus órganos internos, incluyendo a su propio directorio”.

Ante este contexto y de cara a la multa en curso, Deloitte informó que “evaluará las opciones legales que contempla el proceso para impugnar la resolución, reafirmando su compromiso con los más altos estándares profesionales, la transparencia y la confianza pública”.