Se estrecha el cerco sobre Michael Clark Varela. En los próximos días el expresidente de Azul Azul declarará por primera vez ante el fiscal Juan Pablo Araya, mientras la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) procesa la evidencia incautada el 29 de abril en su domicilio, oficinas y en Azul Azul S.A. autorizada por la jueza Daniela Guerrero, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La investigación lo identifica como pieza de un esquema que, según cálculos preliminares en poder del Ministerio Público, terminó por causar un daño patrimonial superior a US$ 100 millones a los aportantes de los fondos de Sartor.

El ingeniero comercial (48) era director de Sartor Administradora General de Fondos S.A. (Sartor AGF) e integraba su comité de créditos, cargo desde el cual operó en el conglomerado financiero que controlaba Pedro Pablo Larraín Mery y su familia. Aunque en su defensa asegura que su rol se limitaba exclusivamente a esa filial, la justicia lo investiga hoy de manera transversal junto a la matriz Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y a Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privados S.A. Fueron las operaciones de este bloque societario las que permitieron a Clark ingresar a Azul Azul a través del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport en 2021. Tres años después, tomó el control de la concesionaria del club a través de su sociedad Inversiones Antumalal Limitada, comprándole el 90% restante a la matriz Sartor S.A., en una operación cuestionada por la CMF, entidad que además terminó sancionándolo con una multa de 65.000 UF (US$ 2,5 millones aprox.) e inhabilitación por cinco años para ejercer cargos directivos en el mercado de valores por “haber infringido los deberes de diligencia” que le correspondían en su carácter de director de la AGF y “por haber proporcionado información falsa en los estados financieros de los Fondos de Inversión Sartor Leasing y Sartor Táctico “entre 2023 y 2024″. Clark reclamó por estas sanciones en Tribunales. Este miércoles 6, su abogado, Julio Pallavicini, y el representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Marcelo Chandía, acordaran una suspensión de 30 días en el proceso.

Según la plataforma de la Ley de Lobby, Clark fichó también a fines de abril al exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para que lo represente ante la CMF. El 30 de abril, a las 9 de la mañana el jurista y la especialista de derecho público Fernanda Skewes sostuvieron una videoconferencia con el fiscal de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes. La cita, tuvo como objetivo “realizar consultas relativas al Oficio Reservado UI N°400/2026”. Ambos profesionales figuran allí como “gestores de intereses”.

Según los registros judiciales, Clark mantiene varios frentes abiertos. La mayor parte de las causas están acumuladas en la querella del Cuarto Juzgado de Garantía, iniciada por Credicorp, donde el directivo es perseguido junto a toda la plana mayor de Sartor. Allí, cuenta hoy con el patrocinio del penalista Bernardo Rosenberg, quien asumió a fines de abril. Este miércoles 6, Rosenberg pidió al tribunal que su defendido sea llamado a declarar, además de especificar que entregaron todos los dispositivos y evidencia que la PDI requirió durante el allanamiento. “Mi representado está a la espera que se le tome declaración, ya sea, por el Sr. Fiscal de la causa o por personal de la Brigada de delitos económicos en diligenciamiento de las órdenes de investigar que se han ordenado en la presente investigación”, sostuvo en un téngase presente en el que detalló que Clark entró su notebook, su teléfono encendido en modo avión y sus correos electrónicos, con todas sus claves. Ya hay fecha y hora para esta diligencia en el Ministerio Público.

“No cuenta con patrimonio”

En la justicia arbitral, Clark es requerido también. La Cámara de Comercio de Santiago activó un arbitraje en contra de Sartor y sus directivos -entre ellos Clark - solicitado por la peruana Credicorp, que busca cobrar una deuda superior a los US$ 80 millones por el daño a los fondos en que invirtió. Clark intentó detenerlo mediante un recurso especial de incompetencia interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que fue rechazado. Allí, otro abogado de Clark, Ricardo Oporto, sostuvo que incluir al directivo “implica costos que, a diferencia de Credicorp, nuestro representado no está en condiciones de asumir”. El abogado argumenta que el holding peruano cuenta con un músculo financiero que su representado no tiene: “Resulta derechamente injusto que se obligue al Sr. Clark a participar en un arbitraje que no consintió, con los costos que ello implica. Claro caso de injusticia material” y después añade: “No entendemos cómo se puede pretender asegurar la gratuidad de la justicia, obligando a los justiciables a recurrir a una justicia pagada. Ello sería como si para reconocer efectividad al derecho a la salud se obligue a los enfermos a recurrir a las clínicas privadas”.

El cerco judicial se estrechó aún más este jueves, luego de que el 13º Juzgado Civil de Santiago diera curso a la liquidación forzosa (quiebra) de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., ordenando la nominación de un liquidador titular. La defensa del grupo de Pedro Pablo Larraín intentó paralizar la causa sin éxito, escalándola hasta el Tribunal Constitucional. El motor de esta ofensiva es BCI Corredores de Bolsa, que exige el pago de $5.724 millones. Para saldar esta deuda, la corredora del grupo Yarur apunta a recuperar las acciones de la concesionaria del Club Universidad de Chile, agrupadas en el Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport.

La forma en que se hizo ese traspaso también es parte de la indagatoria del fiscal Araya. Tanto porque no hubo una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), como porque los ingresos de Clark no se relacionarían con el poder económico necesario para ser dueño de la U. En la causa para anular la multa impuesta por la CMF, su abogado Julio Pallavicini argumentó que Clark “no cuenta con un patrimonio que le permita afrontar una multa” de tal magnitud y que su sueldo como presidente de Azul Azul era su “fuente de ingreso principal”: $171 millones, unos $ 14,3 millones mensuales según la Memoria Anual 2025 de esa firma.

Las acciones y el edificio

El paquete de Azul Azul y un edificio cuya construcción avanza en Miami, llamado One River, son considerados por los acreedores los dos mejores activos liquidables que tenía el grupo, ya que su cartera está casi completamente constituida por deudas de las propias empresas del grupo. “Hay mucho molido, cosas chicas, cartera automotriz, deudas por cobrar, compromisos de mediano plazo, algo de lo cual se puede recuperar”, confidencian en Toesca, la AGF de algunos exCelfin que se hizo cargo de la liquidación de Sartor ordenada por la CMF en agosto de 2025.

Esta semana, Toesca amplió su querella contra los ex ejecutivos y directivos de Sartor -incluyendo a Michael Clark- tras concluir que el dinero de los aportantes (US$ 40 millones a US$ 50 millones) ingresó inicialmente al Fondo Táctico Internacional en Chile y desde allí pasó como préstamos a Asesorías e Inversiones Cerro El Plomo SpA, Cepsa, una sociedad de Pedro Pablo Larraín que después emitió pagarés en favor del Fondo Táctico Internacional. Los aportantes creían que estaban invirtiendo en un interesante activo en Estados Unidos, pero en verdad solo lo estaban financiando. Toesca preparaba también esta semana una nueva acción legal, ahora por la compraventa de Azul Azul.

Lo que el fiscal Araya investiga es negociación incompatible, administración desleal, entrega de información falsa a la CMF y fraude en la omisión de la OPA que permitió a Clark sentarse en la cabecera de Azul Azul. En la resolución judicial que autorizó el allanamiento, la ofensiva del Ministerio Público apunta simultáneamente a dos sociedades del ejecutivo: Antumalal Limitada y Redwood Capital SpA.

El Cuarto Juzgado de Garantía también extendió órdenes de allanamiento a las personas jurídicas Azul Azul S.A., Bulla SpA y Romántico Viajero SpA, la sociedad con la que José Ramón Correa le compró a la familia Shapira el 21,44% de las acciones en Azul Azul en US$ 7,5 millones, en enero pasado. Consultado por Pulso, el abogado Correa respondió: “Me parece inaceptable que el Ministerio Público intente, y un Juzgado de Garantía se preste, para involucrar a una persona, en este caso a mí, en una causa que me es totalmente ajena, ya que nunca he tenido, directa o indirectamente, relación de ningún tipo con Sartor, y mucho menos con los hechos que se investigan”. Añadió que confirió mandato judicial a los abogados Claudio Fierro y Rodrigo Ríos, “quienes, estoy convencido, demostrarán la arbitrariedad e ilegalidad de la diligencia”. A final, no fue una semana complicada solamente para Clark.