Una de las medidas que estará presente en este megaproyecto es la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda a los adultos mayores, es decir, a propietarios mayores de 65 años.

El foco será respecto de la vivienda principal, esto es, el inmueble destinado y utilizado preferentemente para la habitación y que constituya la residencia habitual y asiento principal del contribuyente. En el detalle se informó que el propietario del inmueble podrá invocar esta exención solo respecto de una vivienda en todo el territorio nacional (en caso de ser propietaria de 2 o más bienes raíces, el contribuyente deberá declarar cuál constituye vivienda principal). Esta medida reconoce el esfuerzo realizado por los adultos mayores durante toda su vida.

El número de adultos mayores beneficiados por esta medida se estima en 294.607. Y en la conferencia de prensa que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dio este jueves entregó nuevos detalles. Uno de ellos es que el costo fiscal será del orden de US$ 200 millones al año, pero aclaró que lo que “nos corresponde restituir del Fondo Común Municipal son US$ 130 millones”.

Consultado por cómo se iba a aplicar la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años, específicamente cuando hay régimen de copropiedad y cuando uno de los cónyuges tiene menos de esa edad, el ministro explicó que el beneficio finalmente se le aplica al propietario.

“El propietario es el beneficiario, el propietario no es obligado a pagar las contribuciones y el propietario es beneficiario. Si la propiedad está a medias, va a primar la edad del que tenga más años. Eso es básicamente”, detalló la autoridad en el Ministerio de Hacienda.

El Fondo Común Municipal

El FCM se creó con el propósito de buscar una mayor equidad territorial, puesto que, si bien cada municipio tiene sus propios ingresos, las desigualdades territoriales que existentes requirieron de un mecanismo de redistribución. Esta función la cumple, en parte, el Fondo Común Municipal, que fue creado en 1979.

Así, es definido por la Constitución Política como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país”. Y, además, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le confiere a este instrumento el objetivo de “garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento”.

El financiamiento de los municipios se basa principalmente en el cobro de impuestos cuya base gravada tiene directa relación con el valor patrimonial de los bienes. Por ejemplo, el impuesto territorial grava el avalúo fiscal de las propiedades; el permiso de circulación grava el avalúo fiscal de los vehículos, y las patentes municipales gravan el capital propio de las empresas.

El FCM redistribuye recursos netos solo desde 52 comunas; en otras palabras, 293 municipalidades del país reciben una mayor cantidad de recursos que lo que aportan a él.

En el caso de las contribuciones, Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago aportan el 65% de lo que recaudan. Las 341 comunas restantes, aportan el 60% de lo recaudado por contribuciones a este FCM. Los porcentajes restantes son de libre disposición por cada una de las comunas receptoras del impuesto territorial.