El gobierno sigue recibiendo por dosis los golpes judiciales de las pesqueras. La empresa Blumar confirmó a Pulso que presentó una acción judicial en contra del Estado a causa de la Ley de Fraccionamiento Pesquero promulgada el año pasado y que, según ellos, afectó el marco regulatorio del 2013.

“Debemos proteger no sólo los intereses de nuestros accionistas, sino que especialmente los de nuestros trabajadores y los de las comunidades donde operamos; cuando se alteran unilateralmente reglas establecidas por ley, el camino institucional es ejercer las acciones que nuestro ordenamiento contempla”, dijeron desde la empresa.

Blumar está pidiendo una indemnización de US$216 millones al Estado, valor que representa el perjuicio que reclama la empresa basándose en la reducción anticipada de cuota, afectación en derechos otorgados y nuevas cargas económicas tras el cambio legal.

La acción judicial llega luego de la reciente demanda de Camanchaca contra el Estado, donde pidió una indemnización por unos US$100 millones. En la misma línea, la firma alegó que el Estado dispuso inicialmente de reglas con las que Camanchaca tomó decisiones importantes, y luego estas se cambiaron. “Cuando esa promesa se rompe unilateralmente antes de tiempo, no solo se afecta a una empresa, sino que se daña la confianza en el país como un todo”, apuntó Camanchaca esos días.

“Expropiación regulatoria”

Fue en septiembre de 2024 cuando la Cámara de Diputados comenzó el trámite de la Ley de Fraccionamiento Pesquero. Esta ley vio la luz en junio del año anterior y lo que hizo, principalmente, fue modificar las cuotas de artesanales e industriales en distintas pesquerías, y cuyo fondo fue objeto de fuertes diferencias que hoy se observan en ofensivas judiciales.

La empresa explica que “la legislación aprobada en 2013 implicó una modernización relevante del sistema pesquero nacional, donde el sector industrial, acogiéndose a un marco regulatorio expresamente establecido por el Estado, renunció a autorizaciones indefinidas, reemplazándolas por licencias con vigencia y condiciones de explotación determinadas (20 años), promoviendo un uso más sostenible, estable y regulado de los recursos, bajo reglas explícitas y conocidas. Ese marco contemplaba reglas de fraccionamiento proyectadas hasta, al menos, 2032, sobre cuya base se adoptaron decisiones de inversión, empleo y desarrollo regional”.

Blumar reclama que la nueva normativa cambia el modelo que existía sin considerar ningún mecanismo de compensación. Acusan por ello, una afectación patrimonial grave y “equivalente a una expropiación regulatoria, lo que vulnera principios esenciales de seguridad jurídica que el Estado debe garantizar”.

Una consecuencia directa de la empresa es que detuvo la inversión de un proyecto que ya contaba con su RCA en mano desde noviembre de 2024. El proyecto “planta de productos congelados y evaluación planta harina existente” tenía el objetivo de construir una planta de producción de jurel congelado para consumo humano con una inversión de US$45 millones, en la comuna de Coronel, Región de Biobío.