Uno de los proyectos de ley que el gobierno presentó para mejorar los bajos índices de creación de empleo y disminuir la tasa de desocupación es el que busca generar mecanismos de mayor adaptabilidad horaria la ley que redujo la jornada a 40 horas al 2028.

La propuesta está en su primer trámite constitucional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

En su versión original, se modifican los artículos que regulan los pactos de distribución de la jornada ordinaria sobre la base de promedios semanales de cuarenta horas. Así, con carácter general, se amplía el período máximo de referencia desde 4 hasta 16 semanas, manteniendo el límite máximo de hasta cuarenta y cinco horas ordinarias en cada semana.

Para la determinación de la distribución de jornada por promedios semanales, se deberá fijar de común acuerdo, entre trabajador y empleador, un calendario con la distribución diaria y semanal de las horas de trabajo en el ciclo. Con todo, las partes podrán acordar diferentes alternativas de distribución de la jornada en un ciclo. Con una anticipación no inferior a una semana al inicio de cada mes del ciclo respectivo, el empleador comunicará al trabajador la alternativa de distribución que se aplicará durante ese mes.

La propuesta en un comienzo excluía del acuerdo a los sindicatos ya que privilegiaba el avanzar de manera individual por cada trabajador y su empleador. Sin embargo, dado que este fue uno de los temas más debatidos en la comisión de Trabajo, el gobierno ingresará una indicación para incorporar en este acuerdo al sindicato.

Así lo anticipa el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende. “Han surgido algunas observaciones que han sido relevantes y que es muy probable que el Ejecutivo las adopte. Por ejemplo, el poder contar en la toma de decisiones de estos promedios a las organizaciones sindicales. Esa es la principal diferencia que hubo en la discusión y es una solicitud que nos han hecho también muchas de las personas que asistieron exponer”, afirmó a Pulso.

El personero de gobierno destacó el hecho de que en el ministerio “están acostumbrados al diálogo social, al tripartismo y por eso (esa propuesta) la vemos con buenos ojos”. Y por lo mismo asevera que la modificación “es una decisión que está bastante conversada y consensuada, que debiéramos verla ya concretada en las próximas sesiones de la comisión”.

Para Rosende, el proyecto ha ido avanzando bien. “Han sido múltiples los actores, representantes de empleadores, de trabajadores, de la sociedad civil, que han ido a exponer, que han dejado sobre la mesa la necesidad de adaptar el mercado laboral que tenemos hoy día, porque no es el mismo mercado de hace 30, 10, ni siquiera 5 años. Eso se grafica en la votación de la idea de legislar, donde tuvimos amplia mayoría en la Comisión de Trabajo de Cámara de Diputados. Tuvimos nueve votos a favor, tres en contra y una abstención, incluso con votos que no son oficialistas. Y, por lo tanto, tenemos la fuerte convicción de que vamos por el camino correcto”.

El subsecretario enfatizó en que, durante el debate, “el mundo parlamentario se ha ido dando cuenta, escuchando a los propios actores relevantes dentro de esta materia, que es algo que nuestro mercado laboral necesita. No solamente por un punto más de productividad, no solamente porque esto puede ser una adaptabilidad que requieren los empleadores, sino que también las propias personas”.

Ley Karin

Otro de los cambios que tiene en marcha el gobierno son los ajustes vía reglamento a la Ley Karin. “Salió del Ministerio del Trabajo con la firma del Ministro hace ya algunos días. Y se está para firma del Presidente y luego a la Contraloría”, dice Rosende, quien espera pueda estar vigente antes de fin de año.

“Esperamos que esto sea efectivamente una mejora sustancial, no sólo en el procedimiento para poder proteger de manera efectiva a las personas que están siendo víctimas de algún tipo de acoso o violencia en el trabajo, sino también para poder hacer efectiva una ley que creemos que es muy positiva, pero que por lo mismo merece una implementación que permita conseguir su principal objetivo, que es la prevención”, comentó.

Algunos expertos laborales que han visto el borrador del reglamento han señalado que son cambios más de forma que de fondo. Ante esas aseveraciones, Rosende dice “compartirlas”, puesto que “no estamos haciendo cambios de fondo a la ley misma, sino que modificaciones más bien al procedimiento de investigación. Los cambios están enfocados en el reglamento, por lo tanto, creo compartir el diagnóstico”. No obstante, añade que “hoy día muchas veces la forma se transforma en el fondo, porque por una mala implementación estamos alejándonos de los objetivos y el espíritu que tenía”.

El subsecretario indica que con esta modificación al reglamento se podrá hacer una evaluación posterior antes de analizar cambios legales. “Creemos que debemos darnos esa oportunidad antes pensar en modificaciones a la propia ley”.

Para la correcta interpretación y aplicación del reglamento se está analizando junto a la Dirección del Trabajo (DT) en que se pueda emitir un dictamen. “Creemos que es necesario que la Dirección del Trabajo emita algún dictamen de interpretación, porque hay muchos artículos dentro de los reglamentos que son muy técnicos y lo que necesitamos muchas veces es una implementación aterrizada para que los encargados de estas investigaciones, que no siempre son abogados, puedan ejecutarlo de una buena forma”.