Nadie en las filas de gobierno quiere catalogarla como otra megarreforma. Sin embargo, aseguran que el nuevo paquete laboral que redacta con urgencia el gobierno para enfrentar la crisis de empleo tiene todas las características técnicas y políticas propias de una reforma de alto tonelaje como fue la Ley de Reconstrucción que fue promulgada esta semana por La Moneda.

Y es que la crisis de empleo que tiene hoy a casi un millón de desocupados y que ha caído como un balde de agua fría en todas las esferas de gobierno así lo amerita, confidencian desde el oficialismo. “En enero pasado nadie preveía el frenazo económico que hoy está afectando el empleo. Poco antes de entrar al gobierno había grandes expectativas y la bolsa rebosaba en optimismo. Pero el panorama cambió con el correr de los meses y se agudizó la crisis de empleo. Enfrentar la crisis laboral pasó de ser tema prioritario a ser una urgencia política”, describe una alta fuente de gobierno.

En el seno íntimo del gobierno saben que los cambios laborales que ya redactan un grupo de economistas y abogados del Ministerio del Trabajo tendrán una dificultad política mayor que la megarreforma. “Este es un tema más sensible y más cercano para la gente y se requerirá mucho respaldo político, especialmente en materia de cambios a la indemnización por años de servicios”, confidencian desde el oficialismo.

La estrategia del gobierno para enfrentar el desafío ya está definida en lo grueso: será de dos tiempos. Un primer paquete laboral será enviado antes de fin de año e incluirá 10 medidas. El segundo tiempo del plan sumará cambios, en distintos proyectos de ley, a la indemnización al despido por años de servicio y a la Ley Sence. Y si bien aún no bautizan el primer paquete de medidas laborales, en el gobierno coinciden en que la reforma en todas sus fases tiene un denominador común: aumentar la adaptabilidad en el mercado laboral chileno.

“Estamos trabajado en 10 medidas para modernizar nuestras relaciones laborales: contrato a prueba, contrato de aprendizaje, trabajo híbrido, bandas horarias, compensar permisos y atrasos, teletrabajo para cuidadores, polivalencia, jornadas excepcionales, horas extraordinarias y suscripción del contrato”, confirma a Pulso el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

“Son iniciativas con propósitos concretos: facilitar la entrada al trabajo, permitir una mejor conciliación y favorecer la adaptación de las funciones a nuevas necesidades productivas, entre otros”, complementa el secretario de Estado.

El paso a paso

En las filas del oficialismo dicen, sin embargo, que la agenda laboral del gobierno ya partió hace meses y destacan los logros alcanzados. En una presentación del Ministerio del Trabajo a la que accedió Pulso, el gobierno destaca la publicación de siete leyes, la emisión de 12 dictámenes relevantes por la Dirección del Trabajo para uniformar criterios interpretativos y la elaboración de seis reglamentos (como el de Subsidio Único al Empleo y otro con perfeccionamientos a la Ley Karin, los cuales están en trámite de toma de razón en Contraloría). Entre los proyectos en curso destaca el de Sala Cuna Universal y la flexibilización de las 40 horas semanales (el que permite distribuir la jornada en un ciclo de hasta 16 semanas) y el Estatuto Laboral al Turismo, todos ellos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

“Las reformas ya están en curso. Tenemos una agenda laboral potente, en plena implementación, con una hoja de ruta clara, donde la adaptabilidad es el denominador común. Una parte de nuestra agenda ya está en el Congreso -Sala cuna, adaptabilidad de 40 horas, estatuto laboral del turismo, contrato por horas y contrato para deportistas- y ahora estamos preparando una segunda etapa”, reafirma el ministro Rau sobre los nuevos proyectos que están en carpeta.

El diagnóstico que hace el gobierno es que a seis años de la pandemia aún faltan más de 430 mil empleos por recuperar respecto del ritmo previo a la crisis sanitaria que afectó a Chile y al mundo. En el Ejecutivo atribuyen el alza acelerada de las tasas de desempleo (9,6% para el trimestre junio-agosto, el más alto en más de cinco años) a tres factores fundamentales, al alero de los análisis que ha hecho el propio Banco Central: el deprimido ciclo económico actual, al alza de los costos laborales de los últimos años y la influencia de la automatización en el mercado del trabajo.

Bajo este escenario, el gobierno prepara el primer gran paquete de 10 medidas para modernizar el mercado del trabajo y enfrentar la crisis de empleo. Una primera medida incluida es el denominado “Contrato a prueba”, el que crea un período inicial de la relación laboral pactado por escrito y con reglas que se ajustan al tipo de cargo, de modo que el empleador y el trabajador evalúen si dan continuidad al vínculo.

Paralelamente, se incluye en el primer paquete laboral el “Contrato de aprendizaje”, el que amplía el rango de edad para celebrar contratos de aprendizaje y refuerza su componente formativo, de modo que sirva a más jóvenes como puerta de entrada al empleo formal, con contrato y cotizaciones.

También está el de “Trabajo híbrido”, el que reconoce de manera expresa la posibilidad de combinar trabajo presencial y a distancia en una misma jornada, dando reglas claras a una práctica ya extendida y facilitando la conciliación entre el trabajo y la vida personal, explican desde el gobierno.

Asimismo, se incluirá la medida de “Bandas horarias”, el que amplía las opciones para acordar por escrito una banda horaria de entrada y salida, sin alterar la duración de la jornada ni la remuneración, de modo que más trabajadores puedan ajustar su horario a sus responsabilidades personales y de cuidado.

Otra medida que incorpora la primera fase del plan laboral es la de “Compensar permisos y atrasos”. Esta medida permite recuperar -de común acuerdo escrito y dentro del mismo mes- horas no trabajadas dentro de un periodo acotado, sin que se transformen automáticamente en horas extraordinarias.

Una idea que ya se ha sociabilizado por parte del gobierno es el de la “Polivalencia”, medida que también será parte del paquete. Esta da más espacio para pactar funciones alternativas o complementarias, incluso de distinta naturaleza, siempre que queden claramente identificadas en el contrato, facilitando aprender nuevas tareas y crecer dentro de la empresa.

Otra disposición clave para ser ingresada antes de fin de año es la de “Jornadas excepcionales”. Esta permite que las partes acuerden directamente un sistema excepcional de distribución de jornada y descanso, en ciclos consecutivos de días de trabajo y de descanso. Rige provisionalmente desde el acuerdo cuando reproduce un “ciclo tipo”, esto es, un sistema de la misma naturaleza que la Dirección del Trabajo ya autorizó de forma reiterada para la misma actividad o actividades análogas.

Sin embargo, hay otras dos disposiciones menos sociabilizadas que también serán integradas en esta primera fase. Una de ellas es la de “Horas extraordinarias”, la que busca conservar el pacto escrito de las horas extraordinarias por un plazo determinado y simplifica su renovación cuando responden a necesidades temporales de la empresa.

Cierra el primer paquete laboral la medida asociada a la “Suscripción del contrato”, la que reemplaza el trámite presencial por una remisión electrónica a la Inspección del Trabajo, con notificación al trabajador y un plazo breve para formular observaciones. Si no hay observaciones, se presume que el documento refleja lo convenido.

“Muchas de estas 10 medidas son beneficiosas para el trabajador también, por lo que podrían ser menos complejas de aprobar”, concluye una fuente de gobierno.

La madre de todas las batallas

La segunda etapa del plan apuntaría a mandar al Congreso durante próximo año un proyecto de delicada viabilidad política y que ha tenido frustrados intentos en administraciones anteriores. Se trata de un cambio de la actual indemnización por años de servicio por un sistema de indemnización “a todo evento” que baje costo al despido por necesidad de la empresa, el que es catalogado como la “madre de todas las batallas”. Paralelamente, y en otro proyecto, el gobierno pretende enviar el próximo año una reforma integral al sistema de capacitación y del Sence, con foco en reconversión digital.

En caso de despido por necesidades de la empresa (artículo 161 del Código del Trabajo), la ley contempla hoy el pago de un mes de remuneración por cada año trabajado, con un tope de 11 años y un límite imponible de 90 UF para calcular el beneficio, lo que generaría trabas a la movilidad de los trabajadores, pasivos contingentes inciertos para las empresas y sesgo contra jóvenes y mujeres. “El costo de despido para un trabajador con 10 años de antigüedad equivale a 10 meses de remuneración en Chile, frente a un promedio OECD de 3,2 salarios”, concluyó el reciente informe de la Mesa de Reactivación Laboral convocada por el Ministerio del Trabajo.

La idea, confidencian en el Ejecutivo, es un sistema de indemnización a todo evento financiado por el empleador mediante una cotización adicional similar a lo que ocurre con el seguro de cesantía y que se aplicaría solo a los contratos nuevos. “La idea es que la nueva propuesta sea menos onerosa para el costo empresa de lo que es actualmente el sistema de indemnización”, dice una fuente de gobierno, donde calculan que hoy menos de 20% de trabajadores que termina su relación laboral es sujeto a la indemnización por años de servicio.

Sin embargo, la arriesgada apuesta siembra dudas en el oficialismo. “Sabemos que el tema es políticamente complejo, ya que no sólo generaría gran resistencia en las dirigencias de trabajadores, por el tema de los derechos adquiridos, sino que también podría haber resistencia de algunos en el oficialismo”; confidencia una fuente de gobierno, quien pone otra restricción a la iniciativa: “Estamos esperando hacer este cambio cuando la economía comience a levantar vuelo, ya que es una nueva cotización que deben asumir las empresas. Con una economía estancada no la podemos hacer, es un tema de timing”, añade la misma fuente.

Pero el ministro Rau también resalta la importancia de los tiempos de tramitación en el Congreso para estas reformas. “Los tiempos de tramitación dependen también del trabajo de las comisiones y de los acuerdos que se alcancen entre los parlamentarios. Nuestro compromiso es impulsar estos proyectos con toda la dedicación y urgencia que requiere la situación del empleo, pero también pensando en el mercado laboral del futuro”, estima.

“Una reforma o proyecto de ley no se mide solamente por el día en que se anuncia o una fecha esperada, sino por la capacidad de construir los acuerdos necesarios para aprobarla. Eso requiere mucho trabajo legislativo, conversaciones y disposición a perfeccionar los proyectos (…) En Chile todos tenemos una opinión sobre el mercado laboral, y eso está bien. Pero una cosa es opinar sobre sus problemas y otra es diseñar reformas que efectivamente funcionen. Para eso se necesita evidencia, rigor técnico y bastante trabajo”, concluye Tomás Rau.