En el debate público chileno persiste una premisa equivocada: que la protección ambiental y la inversión representan intereses contrapuestos. Sin embargo, la evidencia internacional muestra exactamente lo contrario. Los países que exhiben los mejores resultados ambientales suelen ser también aquellos que han alcanzado mayores niveles de desarrollo económico, capacidad institucional y atracción de inversiones.

Los resultados del Environmental Performance Index (EPI) 2026, elaborado por la Universidad de Yale, vuelven a confirmar esta realidad. Chile se ubica en el puesto 41 entre 177 países evaluados y lidera el desempeño ambiental en América Latina. Más relevante aún, el ranking muestra que las naciones que logran avances sostenidos en calidad del aire, gestión hídrica, adaptación climática y protección de ecosistemas son precisamente aquellas que han generado condiciones favorables para invertir, innovar y modernizar su economía.

La lección es particularmente pertinente para Chile. Durante demasiado tiempo, parte importante de la discusión ambiental se ha concentrado en cómo restringir actividades, aumentar prohibiciones o multiplicar exigencias regulatorias. Sin embargo, los desafíos ambientales del siglo XXI requieren algo distinto: más capacidades, más tecnología, más infraestructura y más recursos. En definitiva, más inversión.

La experiencia nacional ofrece ejemplos contundentes. El sistema de concesiones sanitarias permitió alcanzar estándares de cobertura y calidad de agua potable entre los más altos de la región gracias a una combinación de certeza jurídica, regulación efectiva y participación privada. La protección ambiental no surgió de la mera declaración de objetivos, sino de la existencia de incentivos capaces de movilizar capital hacia soluciones concretas.

Esta misma lógica debería orientar las discusiones futuras en biodiversidad, cambio climático y descontaminación urbana. Una política ambiental moderna no puede medirse únicamente por la cantidad de hectáreas protegidas o por la proliferación de nuevas restricciones. Su éxito debe evaluarse por su capacidad de mejorar efectivamente las condiciones ambientales de las personas y de los ecosistemas. Para ello, se requiere de información robusta, fiscalización efectiva, instrumentos económicos y señales regulatorias claras que incentiven la inversión.

En materia de aire, la aplicabilidad de instrumentos como la compensación de emisiones ha generado alto impacto en la macrozona Centro, lo cual puede replicarse a las ciudades de la macrozona Sur por medio de tecnologías y energías que reduzcan las emisiones de Material Particulado Fino (MP 2,5) utilizando electricidad, gas licuado o gas natural. En materia de biodiversidad, más allá de continuar aumentando las áreas protegidas, es prioritario aumentar la cobertura de planes de manejo, considerando que, en base a los mismos criterios de la aprobada Ley de la Naturaleza, sólo un 7% estaría vigente. Para la biodiversidad marina existe un desafío similar que más allá de paralizar, puede promover estándares FAO de sustentabilidad de pesca que resguarden efectivamente las especies protegidas. En materia de cambio climático, el fomento de inversión renovable sumado a instrumentos económicos como la aplicabilidad a la fecha en Chile del artículo 6.2 del Acuerdo de París está movilizando a la fecha más de 1.800 millones de euros en inversión, que pueden adicionalmente gatillar más de 100.000 empleos directos de aquí al 2035.

Chile enfrenta hoy una decisión estratégica. Puede seguir atrapado en una discusión centrada en la paralización y el conflicto o puede avanzar hacia una agenda que resuelva los grandes desafíos ambientales y de salud de la población. La verdadera pregunta no es cuánto crecimiento estamos dispuestos a sacrificar para proteger el medioambiente, sino si estamos promoviendo la inversión y el dinamismo para llevarlo a cabo.

*El autor de la columna es consejero de la Sofofa