El gobierno de José Antonio Kast presentó una batería de aristas legislativas en el proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional. Una de ellas tiene que ver con el sector acuícola, considerando que el país es el segundo mayor productor mundial de salmón.

“En los últimos años hemos perdido participación debido a diversas problemáticas que enfrenta la industria. Por ello, se proponen medidas para reimpulsar la actividad y recuperar su competitividad”, contextualiza al respecto el proyecto firmado por el Presidente y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La iniciativa sugiere tres cambios para legislativos para el sector acuícola.

Primero, el gobierno plantea modificar dos aristas del artículo 5 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (20.434). Por un lado, buscan cancelar la obligación de someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la relocalización de concesiones de salmones. Actualmente, todas las relocalizaciones de concesiones de salmón deben pasar por el SEIA, integrando una presentación de un plan de abandono y cierre.

“Se propone destrabar las micro-relocalizaciones de concesiones de acuicultura. La relocalización implica trasladar una concesión ya otorgada a un nuevo sector con el objetivo de alcanzar condiciones más favorables que mejoren su desempeño ambiental y sanitario”, argumentan.

Por otro lado, el gobierno recomienda eximir el procedimiento de las microrelocalizaciones, señalando en la iniciativa que “el sistema actual las ha hecho inviables en la práctica”. Desde el inicio de la norma en 2010 se han presentado 1.060 de este tipo de trámites, “solo dos fueron exitosas, pese al bajo impacto medioambiental que generan”, se lee en el proyecto.

Patentes e informes ambientales

La segunda propuesta para el sector acuícola consiste en sustituir el sistema de caducidad por patentes incrementadas por no uso de concesión. Con ello, se castigará el desuso de la patente acuícola, aunque sin caducarla.

“De esta manera, se liberan recursos administrativos dedicados a los procesos de impugnación de la caducidad, a la vez que se permite a los titulares desarrollar su actividad de manera responsable”, plantean desde el gobierno.

El informe financiero del proyecto estima que esta medida tendrá un ingreso positivo de $3.956 millones (unos US$4,4 millones) para el 2026. El 50% de ese monto está vinculado al componente de gobiernos regionales.

La tercera medida del gobierno es agilizar los informes de banco natural e informes ambientales. Ambos documentos, que buscan estudiar la relación entre la producción de los organismos acuáticos y su sostenibilidad, deben ser financiados por los titulares de los proyectos y licitados después por el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca).

“Sin embargo, su realización depende de la disponibilidad presupuestaria definida y administrada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la que se encuentra desacoplada de los recursos que transfieren los titulares de proyectos por vía de Tesorería, generando demoras y atochamientos con independencia del flujo de recursos disponibles”.

Por esto es que el gobierno propone la creación de un trámite ágil para estos informes, donde el solicitante otorgue los recursos en una cuenta extrapresupuestaria de Sernapesca y que el organismo pueda encargar los informes a los expertos del registro existente directamente.

Gremios del salmón: “Dirección correcta”

La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, valoró positivamente la propuesta. “Este anuncio apunta en una dirección correcta y recoge parte de las medidas que la industria necesita para generar avances en el corto plazo”, declaró.

“Se trata de acciones de fácil implementación, que podrían significar en un aumento de entre 4% y 8% en la actividad, con un impacto significativo en empleo, encadenamientos productivos y desarrollo regional, en una industria que ya representa en algunas de las regiones donde opera más del 30% de su PIB”.

Con el ingreso del proyecto, ven desde el gremio que “la salmonicultura queda claramente reconocida como una industria estratégica para el país en las propuestas del gobierno”.

El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, ve positivamente las propuestas del proyecto. “Avanza en generar mayores certezas, competitividad y aporta a la sostenibilidad de nuestro sector productivo. Las modificaciones propuestas, especialmente aquellas relacionadas con la simplificación de los procesos de relocalización, representan una corrección necesaria a un sistema que ha demostrado ser inoperante”, apunta.

También sinceró que espera que el “Congreso Nacional sintonice con la urgencia de las demandas de nuestro sector, que impactan directamente sobre el empleo y desarrollo de cientos de pequeñas y medianas empresas que forman parte de nuestra cadena de valor”.