Con el objetivo de acercar posiciones y bajar el tono de las críticas, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó a una reunión con asesores de los diputados y senadores de la oposición.

En la cita que fue liderada por el propio secretario de Estado, se les explicó a los legisladores los ejes centrales del proyecto de ley que ingresará al Congreso el próximo 5 de enero.

De acuerdo a los presentes, Hacienda realizó una presentación de 26 páginas que estuvo a cargo de Tanía Hernández, subdirectora de Racionalización y Función Pública y luego las preguntas que tuvieron los parlamentarios y sus asesores fueron respondidas por el ministro Grau.

Hacia el final de la presentación se abordaron los temas más conflictivos. Se menciona que como principio en normas empleo público se establecerá la separación entre personal que presta asesoría directa en gabinetes y funcionarios públicos que no son de designación política.

En este punto, respecto de los primeros, se menciona que “deben cesar en el cargo junto con las autoridades que los designan”, mientras que los trabajadores a contrata Hacienda defiende la norma, y aclara que “no se limita el cese de funciones”, sino que se lleva a ley los criterios de no discrecionalidad que ya estaban establecidos en instructivos de renovación de contratas de los ministros de Hacienda desde 2012 a la fecha.

Asimismo, se destaca que se repone instancia de reclamación ante Contraloría General de la República, que -en la práctica- regía hasta el año 2024.

También se detalló que la norma de regulación de personal de gabinete aplicaría a quienes presten asesoría directa en el gabinete del presidente de la República, ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, delegados Presidenciales, Seremis y jefes superiores de servicios designados por el presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades, transparencia y normas transitorias para su aplicación.

Pese a esta explicación, para la oposición la presentación no los dejó conformes y por lo mismo se mantienen las mismas dudas sobre los alcances que tiene la llamada “ley de amarre” y el financiamiento del costo fiscal que generará el alza de 3,4% propuestos.

“Es una norma con una infinidad de temas muy misceláneos. El gobierno mantiene la ley de amarre, cumple compromisos de la ley de presupuesto y genera muchos otros temas que dado la forma de exponerlos impide hacerse una idea de cada una de estas medidas. A mi entender la reunión no cumple el objetivo de informar los temas y acercar posiciones ya que no se da la instancia real para ello”, sostiene el diputado de la UDI, Felipe Donoso.

Otro que criticó el poco avance en clarificar las dudas, fue el diputado RN, Frank Sauerbaum, quien señaló que “hay muchas normas que significan gasto fiscal y no sabemos cómo se van a financiar. Además, hay una serie de creación de cargos que no la vamos a apoyar, no solo por el tema de recursos, sino porque no creemos que sea adecuado que se nombren cargos por un gobierno saliente. Hay una serie de cosas que necesitamos una mayor explicación”.

Entre esos cargos están el traspaso de 71 funcionarios a contrata desde la Dirección General de Obras Públicas a la Subsecretaría de Obras Públicas. La creación de cargos de planta de la Dirección de Obras Hidráulicas, que son 16 directores regionales y 1 jefe de división.

Para el Instituto de Previsión Social se establece la creación seis cargos ADP en planta, cinco corresponden a cargos asociados al mandato de prestar servicios de administración de cuentas y soporte a las empresas que realicen la gestión de inversiones previsionales.

Para el diputado Sauerbaum, “las explicaciones de Hacienda fueron decepcionantes, porque no entrega ninguna claridad. Si bien se intentó aclarar la ‘norma de amarre’ difundida en medios, lamentablemente no hubo el mismo interés por transparentar los costos asociados al proyecto, ni siquiera a nivel global. Esto es preocupante, pues tenemos dudas razonables de que las provisiones del presupuesto 2026 alcancen para financiar este proyecto de ley, lo que pone cuesta arriba la tramitación”.

La idea de Hacienda era tener una nueva reunión este martes, sin embargo, los parlamentarios por ahora no lo tienen definido. Por el momento, se tiene previsto una reunión entre los propios legisladores de oposición para analizar más en detalle los temas que el gobierno quiere incorporar al proyecto de ley y de esa manera tener una visión más completa.

La iniciativa ingresará al Congreso el próximo lunes cinco de enero, momento en que estarán los detalles y el informe financiero de proyecto de reajuste del sector público.